Un informe del Centro de Economía Política Argentina sostiene que la actualización por inflación vía DNU provocó una fuerte caída real de los haberes, especialmente en la mínima con bono congelado y sin nueva moratoria previsional.
Los haberes jubilatorios en Argentina acumulan una caída real del 27,4% desde la modificación del esquema de actualización implementada por el gobierno de Javier Milei a partir de diciembre de 2023, de acuerdo con un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El cambio se instrumentó por el DNU 274/2024, que reemplazó la fórmula de la Ley 27.609 por un mecanismo de ajuste exclusivamente atado a la inflación mensual. Según el informe, esa decisión fue una de las claves para alcanzar el superávit fiscal, pero a costa de un deterioro significativo del poder de compra de las jubilaciones.
De acuerdo con los cálculos de CEPA, tras los aumentos por inflación de diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubica en $340.886. Si se hubiera mantenido la fórmula anterior, ese haber mínimo llegaría a $434.279, es decir, unos $93.393 más por mes. El documento concluye que la fórmula derogada “hubiera sido más beneficiosa en el tiempo” y que fue eliminada justo antes de que pudiera generar mejoras reales en los ingresos.
El centro de estudios recuerda que el régimen previo combinaba la evolución de la recaudación de la seguridad social y de los salarios, indicadores que suelen rezagarse frente a la inflación y, en escenarios de baja de precios, pueden permitir cierta recuperación del poder adquisitivo. Con el esquema actual, CEPA sostiene que las jubilaciones “no perderán poder de compra, pero tampoco podrán recomponer” lo que ya fue licuado.
El impacto del bono congelado
El informe advierte que la situación es todavía más grave para quienes cobran la jubilación mínima y dependen del bono compensatorio, que permanece en $70.000 desde marzo de 2024.
Entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, los haberes se incrementaron 154%, mientras que la mínima con bono incluido subió apenas 101%, lo que implica una fuerte erosión de ese refuerzo. Según CEPA, para conservar el poder de compra original, el bono debería haber escalado en diciembre de 2025 hasta $177.485. La diferencia, unos $107.485 mensuales, representa el recorte efectivo que padecen los jubilados de menores ingresos por la falta de actualización de ese concepto.
El estudio señala que, con estos valores, las jubilaciones con bono se ubican alrededor de 16,8% por debajo del nivel registrado en el último trimestre del gobierno anterior.
Retroceso histórico y veto a leyes de recomposición
El análisis histórico marca un deterioro acelerado desde el inicio de la actual gestión: CEPA calcula un retroceso de 26,3% en el poder de compra de las jubilaciones sin bono y de 21,3% en aquellas que sí lo perciben. Con esa caída, los haberes se ubican aproximadamente 3% por debajo del promedio de la década de 1990.
El informe recuerda además que el Poder Ejecutivo utilizó el veto para bloquear normas que buscaban mejorar los ingresos del sector. En agosto de 2025, se frenó una ley que preveía un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y una actualización del bono hasta $110.000. Según los cálculos del centro de estudios, con esa norma la mínima con bono habría llegado en agosto a $446.935, recuperando buena parte del poder adquisitivo perdido tras la asunción de Milei.
Fin de la moratoria y acceso limitado a la jubilación
El trabajo también advierte sobre las consecuencias de la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025. Sin ese mecanismo, CEPA estima que 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad jubilatoria no logran reunir los 30 años de aportes exigidos y, por lo tanto, quedan fuera del sistema contributivo.
En esos casos, la alternativa es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima y, además, establece una edad de acceso mayor para las mujeres. Para el centro de estudios, este cambio agrava la vulnerabilidad de los adultos mayores de menores ingresos, que ven restringidas tanto las posibilidades de jubilarse como el nivel del haber al que pueden aspirar.
