La administración de Martín Llaryora confirmó que solicitará la conciliación obligatoria ante el paro de 72 horas anunciado por la UEPC para el miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de abril. Desde la Provincia reconocieron la legitimidad del reclamo salarial, pero consideraron que la medida excede el actual marco de negociación y advirtieron sobre el impacto social de la suspensión de clases.
El Gobierno de Córdoba salió este domingo a fijar posición frente al paro de 72 horas lanzado por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y anticipó que pedirá la conciliación obligatoria para intentar desactivar la medida de fuerza prevista para el 8, 9 y 10 de abril.
A través de un pronunciamiento oficial, la Provincia sostuvo que reconoce la legitimidad del reclamo docente por una mejora salarial y ratificó su voluntad de continuar la discusión paritaria con una nueva propuesta económica. Sin embargo, consideró que un paro de tres días “excede” el actual marco de negociación y puso el foco en las consecuencias que tendría sobre el dictado de clases.
Desde el Ejecutivo remarcaron que “cada día sin clases no es neutro” y que la interrupción de la actividad escolar genera múltiples efectos sobre la vida cotidiana de las familias, de los alumnos y del propio sistema educativo. Con ese argumento, justificaron la decisión de acudir a la Secretaría de Trabajo para solicitar una herramienta que permita sostener el diálogo sin suspensión de actividades.
Los argumentos oficiales para pedir la conciliación
Según la postura del Gobierno, la conciliación obligatoria aparece como una vía para garantizar al mismo tiempo continuidad escolar y negociación salarial. Entre las razones esgrimidas, la Provincia destacó que esa medida permitiría evitar la interrupción del ciclo lectivo mientras continúan las conversaciones, dar más tiempo para construir una propuesta superadora y, además, impedir que se apliquen descuentos salariales por los días de paro en caso de que la disposición sea acatada.
También señalaron que ese marco ayudaría a ordenar la discusión en una comunidad educativa atravesada por posiciones diversas sobre la negociación y las medidas de fuerza.
Qué puede pasar ahora
Si la Secretaría de Trabajo dicta la conciliación y el gremio la acata, el paro debería quedar en suspenso y los docentes volverían a las aulas mientras se retoma la mesa paritaria bajo esa cobertura legal. Por ahora, la novedad confirmada es que el Gobierno pidió esa intervención; el paso siguiente dependerá de la resolución que adopte la autoridad laboral.
