Jhon Boretto cuestionó el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió sobre el deterioro presupuestario que atraviesa el sistema de educación superior.
El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, expresó su preocupación por el nuevo veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada recientemente por el Congreso.
En diálogo con el programa Fuerte y Claro de Canal 10, sostuvo que la medida del Ejecutivo agrava una situación presupuestaria ya crítica y remarcó que el Gobierno “sigue sin reconocer” la magnitud del problema. Dijo que “esto estaba anunciado”, aunque reconoció que tras la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires “uno siempre piensa que puedan cambiar la estrategia”.
Boretto señaló que la ley vetada buscaba recomponer un presupuesto fuertemente deteriorado, y explicó que los salarios universitarios perdieron cerca de 40% de poder adquisitivo en los últimos años. Indicó que “lo que recibimos de presupuesto va destinado en un 90% a salarios docentes y nodocentes” y que actualmente el sistema funciona con partidas “prorrogadas hace dos años”, dependientes de decisiones unilaterales del Gobierno nacional.
También cuestionó la falta de diálogo del Ejecutivo con las universidades, y advirtió que la situación “es bien compleja” porque “el Gobierno no solo no reconoce la crisis, tampoco genera una alternativa”.
Una nueva Marcha Federal en agenda
El rector anticipó que el sistema universitario prepara la tercera Marcha Federal Universitaria, que coincidirá con el momento en el que la Cámara de Diputados trate la insistencia para aprobar la ley vetada. Explicó que “lo de la marcha es algo que ya está acordado desde el último plenario en Rosario” y que habrá coordinación entre los rectores y el plano sindical para organizarla.
La movilización aún no tiene fecha definida, aunque Boretto mencionó que podría realizarse el 17 o el 24 de septiembre, y sostuvo que desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) buscarán alcanzar en el Congreso los dos tercios necesarios para que la ley entre en vigencia pese al veto presidencial.
