El concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) reclamó explicaciones sobre la falta de transparencia en el manejo de los recursos recaudados por la Comisión de Administración y Control de Balnearios. El bloque oficialista decidió enviar el proyecto a comisión sin brindar respuestas, lo que generó malestar entre los vecinos presentes en la sesión.
Durante la sesión del Concejo de Representantes del jueves pasado, Daniel Ribetti pidió el tratamiento sobre tablas de un pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal, con el objetivo de conocer el destino de los fondos obtenidos por la Comisión de Administración y Control de Balnearios (CACB).
El concejal planteó que “la transparencia sobre el dinero público, en este caso vinculado a la Interbalnearia, es una obligación del gobierno municipal”, y recordó que la ordenanza vigente “prevé un mecanismo de distribución del dinero que se recauda en los distintos balnearios, en función de los centros vecinales que los integran, y establece la obligación de informar al Concejo respecto al dinero recaudado”.
Según explicó, “no tenemos información alguna referida a la última temporada alta”, y agregó que “queremos saber cuánta plata juntó el municipio en el verano cobrando los estacionamientos, alquilando infraestructura, alquilando los baños. Cuál es la demanda de los centros vecinales y cuál es la prioridad que tiene el municipio para hacer esa inversión”.
Ribetti señaló especialmente la situación del balneario Playas de Oro, que motivó la presentación: “Fuimos a hacer un relevamiento y el estado de destrucción absoluto que tiene todo el balneario es evidente. Uno de los objetivos de la recaudación de la Interbalnearia es invertir en infraestructura en el centro vecinal y en el balneario, y eso no está sucediendo”.
También advirtió que el lugar “se ha convertido en refugio de personas sin hogar”, con carpas instaladas de manera permanente. “Eso es competencia municipal. Los vecinos presentaron innumerables notas, y la situación se cronificó tanto en el deterioro como en la ocupación del espacio público”, agregó.
El concejal destacó que ni el Concejo de Representantes ni el Tribunal de Cuentas recibieron la información que la normativa exige. “Los plazos ya están extintos, determinados por la ordenanza, para hacer la presentación. Es momento de transparentar dónde está la plata de la Interbalnearia”, expresó.
Ribetti aclaró que “este proyecto tiene como objetivo ayudar al Ejecutivo a que sea transparente, que les diga a todos los vecinos cuánta plata juntó, en qué la va a gastar y cuánto tiempo va a seguir esperando para cumplir con el marco normativo”. Y enfatizó: “Las ordenanzas, al margen de quién las vote y cuándo las voten, hay que cumplirlas. Queremos saber dónde está la plata, no nosotros desde esta banca: los vecinos lo quieren saber, el centro vecinal lo quiere saber. Porque corresponde saberlo”.
A pesar del tono propositivo del planteo, el bloque Carlos Paz Unido evitó tratar el pedido sobre tablas y resolvió enviarlo a comisión, sin ofrecer explicaciones.
La decisión provocó malestar entre los vecinos y comerciantes de Playas de Oro que se encontraban presentes. Una mujer se dirigió a los concejales oficialistas exclamando: “Es una vergüenza que no den lugar a un reclamo que viene desde hace seis años con un balneario completamente abandonado”. Y cuestionó: “Vienen los inspectores y nos prepotean para que tengamos todo en regla, pero uno de arriba permite que vendan alimentos no autorizados en el balneario”.
El clima se tensó cuando uno de los asistentes recordó que “Playas de Oro es el único balneario que da plata, ténganlo en cuenta”.
El proyecto presentado por Ribetti se apoya en los artículos 14° y 15° de la Ordenanza 6392, que establecen la obligación de la Comisión de Administración y Control de Balnearios de rendir cuentas anualmente sobre los fondos recaudados y los trabajos ejecutados, dentro de los treinta días posteriores a cada temporada alta.
Hasta el momento, esas rendiciones no fueron presentadas, y el Concejo no recibió la información correspondiente al período 2025, lo que deja sin control institucional la administración de los recursos generados por los balnearios públicos.
