Por Alejandro Gómez
En pleno enero, con el río San Antonio crecido y el lago San Roque a tope, miles de vecinos de Villa Carlos Paz y de las localidades del sur de Punilla pasaron varios días sin una gota de agua. La emergencia dejó dos datos difíciles de discutir: el municipio de Villa Carlos Paz es el único responsable de la gestión de la Planta Potabilizadora de Cuesta Blanca, y de esa planta depende el abastecimiento de toda la región.
Detrás de los camiones cisterna, los bidones y los reclamos, la crisis volvió a abrir una discusión política de fondo: cómo se planifica un servicio esencial en una ciudad turística de escala nacional, qué se hace (y qué no) con los recursos disponibles y cómo se reparten responsabilidades en un sistema donde las decisiones están concentradas en un solo gobierno municipal, pero las consecuencias se expanden por todo el corredor.
De la creciente a la bronca vecinal
El jueves 8, una crecida importante del río San Antonio arrastró sedimentos que obstruyeron la toma de agua de la planta de Cuesta Blanca. La Municipalidad informó el episodio y anunció restricciones y cortes de servicio en Villa Carlos Paz, y que también afectaron a Tala Huasi, Icho Cruz, Cuesta Blanca, Mayu Sumaj y San Antonio de Arredondo.
El viernes 9 y el sábado 10, en pleno fin de semana fuerte de enero, buena parte de la ciudad y del sur de Punilla seguía sin agua o con mínima presión. Camiones cisterna abastecieron primero geriátricos, clínicas y hoteles, y luego domicilios particulares, mientras crecía el malestar de vecinos y comerciantes (muchos debieron cerrar) que veían cómo la temporada se sostenía “a baldes”.
El domingo la paradoja era evidente: río y lago con agua de sobra, pero la red domiciliaria vacía. Redes y medios locales se llenaron de testimonios de familias con varios días sin servicio y barrios enteros organizados para compartir bidones.
El lunes llegó el mensaje oficial: un video del intendente Esteban Avilés junto a la secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, Carla Livelli, desde la planta de Cuesta Blanca, anunciando que el problema se había resuelto “en tiempo récord” gracias al trabajo del Servicio de Agua y Saneamiento. Para muchos usuarios que seguían sin agua o empezaban a recibirla turbia, la frase sonó más a autoelogio que a explicación.
En contraposición al tono del video municipal, muchos usuarios aprovecharon los espacios de comentarios para remarcar la diferencia con la etapa en que el servicio estaba en manos de la COOPI. Más allá de las posiciones políticas frente al conflicto histórico entre el municipio y la Cooperativa Integral, se repitieron testimonios que recordaron una mayor previsibilidad en la operación del sistema y una respuesta distinta ante episodios de creciente o turbiedad.
En los días posteriores se sumó una preocupación nueva: la calidad del agua restituida. Vecinos y concejales opositores difundieron imágenes de líquido oscuro y con olor, denunciaron que la Cooperativa San Roque había distribuido agua no potable en Villa del Lago y reclamaron controles, información clara y limpieza de tanques sin costo para los usuarios.
Una responsabilidad política difícil de esquivar
La crisis volvió a colocar en el centro la pregunta por las responsabilidades. Más allá de la creciente y de la presencia de sedimentos, la planta de Cuesta Blanca es gestionada exclusivamente por el municipio de Villa Carlos Paz y de ella dependen tanto la ciudad como las localidades vecinas. No hay dudas sobre quién toma las decisiones estratégicas ni sobre quién controla la infraestructura clave.
Desde la oposición local insistieron en que el problema no puede leerse como un “evento excepcional”, sino como la consecuencia de años sin un verdadero plan de inversión y de contingencia para un servicio crítico. Recordaron que la ciudad ya atravesó episodios similares en 2021 y 2024, y que la combinación de crecimiento urbano, temporada alta y dependencia de una sola planta vuelve previsible lo que se presenta como “imprevisible”.
Sesión especial y cuatro proyectos frenados
El conflicto social se trasladó rápidamente al terreno institucional. A pedido de los bloques opositores se convocó a una sesión especial del Concejo de Representantes para analizar la crisis hídrica y discutir medidas concretas.
En esa sesión se presentaron cuatro proyectos:
- Carlos Quaranta propuso aplicar un descuento del 20% en la factura de agua correspondiente al período afectado y reintegrar lo gastado por los vecinos en la compra de agua mediante camiones o bidones durante la emergencia.
- Fernando Revello planteó la interpelación formal de Carla Livelli, para que explique en el recinto qué ocurrió en la planta, qué margen de previsión existía y qué plan de obras y de contingencia se prevé a futuro.
- Daniel Ribetti impulsó -nuevamente- la creación de un Plan de Contingencia Hídrica con estándares, protocolos y mecanismos de provisión alternativa, para que el abastecimiento de la ciudad y del sur de Punilla no dependa exclusivamente de una única planta.
- Pía Felpeto propuso que la Cooperativa San Roque realice sin costo la limpieza de tanques domiciliarios potencialmente afectados por la distribución de agua no potable, evitando que los usuarios paguen dos veces por el mismo problema.
El bloque oficialista de Carlos Paz Unido bloqueó las cuatro iniciativas. Ninguna fue aprobada. Más allá de las diferencias técnicas, la señal política fue clara: el oficialismo eligió cerrar filas alrededor de la gestión de la crisis y evitar cualquier gesto económico, institucional o simbólico que pudiera interpretarse como reconocimiento de fallas.
La sesión dejó planteado un contraste nítido entre dos miradas: la de un gobierno que se reivindica como principal inversor en infraestructura regional y que presenta el episodio como una contingencia extraordinaria; y la de una oposición que insiste en que la falla expone la falta de planificación y de control sobre un servicio que el municipio eligió concentrar bajo su órbita.
Un problema local con impacto regional
Si algo dejó en evidencia la crisis es que el agua en el sur de Punilla no puede pensarse sólo como un asunto interno de Villa Carlos Paz. La Planta Potabilizadora de Cuesta Blanca abastece a toda la ciudad y a las localidades de San Antonio, Icho Cruz, Tala Huasi, Mayu Sumaj y Cuesta Blanca, de modo que cualquier falla se replica automáticamente en toda la región.
Frente a la emergencia, el Ente Regional de prestación de servicios públicos de Punilla Sur se reunió de urgencia y pidió la intervención técnica de la Provincia. Intendentes y presidentes comunales plantearon la necesidad de una mirada estructural: revisión del funcionamiento de la planta, análisis de responsabilidades y planificación conjunta de obras y reservorios que permitan amortiguar futuras crisis.
Desde el municipio de Villa Carlos Paz, la respuesta llegó en forma de comunicado dirigido a los vecinos y ninguneando a las autoridades de esas localidades. Allí se habló de un “evento de lluvia excepcional”, se mencionaron los efectos de los incendios en la cuenca y se reivindicaron las inversiones realizadas por la ciudad en materia de agua, cloacas y tratamiento de residuos. Al mismo tiempo, se reclamó que las comunas y municipios usuarios realicen sus propias inversiones en redes internas, tanques y bombas.
El contrapunto dejó al descubierto un punto sensible: mientras la producción y potabilización del agua está bajo control exclusivo de Villa Carlos Paz, las localidades vecinas quedan como “clientes cautivos” de un sistema sobre el que tienen cero injerencia directa. La creación del Ente Intermunicipal del Sur de Punilla —con eje en agua, saneamiento, ambiente y turismo— aparece justamente como el intento de equilibrar ese escenario y de dotar a la región de una voz común frente a un servicio que la excede, pero la condiciona por completo.
Turismo, vida cotidiana y derechos básicos
La emergencia hídrica no ocurrió en un mes cualquiera. Villa Carlos Paz llegaba al verano con expectativas moderadas, fuerte presencia de turismo de cercanía y una cartelera teatral de más de 80 obras. La crisis instaló una imagen incómoda: ciudad colmada de visitantes, pero con barrios que dependían de un camión cisterna para garantizar lo mínimo.
Desde el sector privado, asociaciones hoteleras y cámaras empresarias reiteraron una idea que ya venían planteando: sin servicios públicos confiables, no hay competitividad turística sostenible. En un contexto de rentabilidades ajustadas, un corte prolongado o la distribución de agua de dudosa calidad puede significar cancelaciones, malas experiencias y pérdida de fidelidad.
La otra cara de la crisis fue la vida cotidiana de miles de familias: días sin poder higienizarse, cocinar o lavar con normalidad; cuidados extremos en geriátricos y clínicas; miles de vecinos organizándose como podían para conseguir agua. Más allá de la temporada, el episodio recordó que el acceso al agua potable es, ante todo, un derecho básico y no un “servicio más” dentro del menú municipal.
La Defensoría del Pueblo, en la mira
En ese contexto, una de las ausencias más comentadas fue la de la Defensoría del Pueblo. Es que, durante la crisis hídrica, el defensor Víctor Curvino mantuvo un perfil casi inexistente en relación con el problema.
Mientras se multiplicaban las quejas por cortes, camiones y calidad del agua, la Defensoría no encabezó reclamos públicos fuertes ni se posicionó como canal visible de los usuarios afectados. Sus comunicaciones oficiales se centraron en otras actividades, dejando la sensación de que el organismo elegido para representar a los vecinos estuvo ausente en uno de los momentos más críticos del año.
Una lección que no admite excusas
La crisis hídrica de este verano difícilmente pueda explicarse sólo por una tormenta fuerte o por el arrastre de sedimentos. Expuso, con crudeza, las debilidades de un modelo que concentra en un solo municipio la gestión de una planta de la que dependen varias localidades, sin planes alternativos visibles, sin reservas suficientes y con un esquema político que prefiere cerrar filas antes que revisar sus decisiones.
La discusión que se abre no es sólo cómo se responderá a la próxima emergencia, sino cómo se construye una política hídrica regional, con reglas claras, responsabilidades compartidas, control efectivo y participación ciudadana. El agua que faltó en estos días no fue sólo un problema de infraestructura: fue también una señal de alarma sobre la forma en que se decide, se planifica y se rinde cuentas en uno de los servicios más sensibles que presta el Estado.
Nota correspondiente a la edición n° 619 del periódico La Jornada, del 28 de enero de 2026.
