La Legislatura de Córdoba puso en marcha este martes el jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, acusados de presunto mal desempeño y negligencia grave en la investigación del crimen de Nora Dalmasso. Las audiencias se desarrollan en la sede de la Unicameral, con 37 testigos convocados y un fallo que deberá dictarse antes del 28 de mayo.
La Legislatura Unicameral de Córdoba inició este martes una instancia institucional de fuerte impacto en una de las causas judiciales más resonantes de la provincia: el jury de enjuiciamiento contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, por su desempeño en la investigación del asesinato de Nora Dalmasso.
El proceso evalúa la posible existencia de mal desempeño y negligencia grave en distintas etapas de la instrucción del caso, que a casi dos décadas del crimen sigue generando consecuencias judiciales e institucionales.
Las audiencias comenzaron en el edificio de la Legislatura provincial, en Avenida Emilio Olmos 580, y en esta primera etapa se extenderán hasta el 27 de abril.
Un tribunal con 37 testigos convocados
El tribunal está presidido por la vicepresidenta de la Unicameral, Julieta Rinaldi, y lo integran además los legisladores Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert, junto a la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti.
En esta etapa fueron convocados 37 testigos, entre ellos Marcelo Macarrón y sus hijos Valentina y Facundo. Luego de la fase testimonial, las partes deberán presentar sus alegatos durante el mes de mayo.
De acuerdo con el plazo legal vigente, el veredicto deberá conocerse antes del 28 de mayo, fecha límite para resolver si los fiscales continúan en sus cargos o son destituidos.
El trasfondo del jury
La acusación tomó nuevo impulso después de que la causa penal por el crimen de Nora Dalmasso prescribiera y se incorporara un dato clave al expediente: la coincidencia entre un perfil genético hallado en el cuerpo y en la bata de la víctima y el ADN de Roberto Bárzola, un hombre que había trabajado en la vivienda.
Ese hallazgo volvió a poner bajo análisis la actuación de los fiscales que intervinieron en la investigación a lo largo de estos años y abrió esta nueva instancia, centrada ya no en el esclarecimiento penal del hecho, sino en la responsabilidad funcional de quienes llevaron adelante la causa.
Una instancia decisiva
El proceso se desarrolla bajo las previsiones de la Ley Provincial 7.956, que regula el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento y establece las condiciones para remover a magistrados y funcionarios inferiores cuando se acrediten faltas graves o delitos en el ejercicio de sus funciones.
Así, el jury ya en marcha abre un capítulo decisivo en la revisión institucional de una causa que marcó a la Justicia cordobesa y que, pese al paso del tiempo, sigue teniendo derivaciones políticas, judiciales y públicas.
