Una nota oficial del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), fechada el 1 de septiembre y enviada al Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, confirmó que VCP Gas S.A. todavía no reúne los requisitos legales para ser autorizada como subdistribuidora de gas natural por redes en la ciudad.
El organismo precisó que el expediente EX-2024-96754927- -APN-GD#ENARGAS permanece en estudio, pero aclaró que la firma “no ha dado total cumplimiento” a lo estipulado por la Resolución ENARGAS Nº 35/93, normativa base en la materia. La empresa “adeuda documentación económico-financiera y patrimonial, además de aclaraciones vinculadas al herramental y equipamiento técnico”.
El ente subrayó que no existe un plazo previsto para resolver el caso y que la definición dependerá de los avances en la tramitación.
Una empresa cuestionada desde su origen
VCP Gas fue creada en abril de 2021 como sociedad entre el municipio y la Cooperativa San Roque, con el objetivo de reemplazar a Carlos Paz Gas —la firma integrada con la COOPI, hoy en liquidación— en la prestación del servicio.
El proyecto fue resistido desde un principio por los cuestionamientos a la solvencia económica y técnica de la Cooperativa San Roque, actualmente a cargo del servicio de agua en Villa del Lago.
Pese a ello, en junio de 2023 el municipio le otorgó la concesión del servicio por 15 años. Sin embargo, hoy el servicio sigue en manos de Carlos Paz Gas, en liquidación, y la extensión de redes domiciliarias permanece absolutamente paralizada.
Las críticas se profundizaron en agosto pasado, cuando el oficialismo aprobó en soledad una ordenanza que habilita la utilización del fondo del gas para capitalizar a la empresa. Con esta medida se busca demostrar “responsabilidad financiera y patrimonial para la prestación del servicio de subdistribución de gas natural por redes en la ciudad de Villa Carlos Paz”.
“Desde que se empezó a cobrar este fondo se dijo que era para la ejecución de obras. Lo que se está habilitando con estos cambios es que ese dinero sea utilizado con otros fines que, a nuestro entender, tienen que ver con la poca capacidad que tiene la socia del municipio (la Cooperativa San Roque) para hacer frente a una responsabilidad como subdistribuidora”, expresó el concejal Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente).
Por su parte, el concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) recordó los cuestionamientos al armado de VCP Gas con la cooperativa San Roque como socia. Señaló que la empresa se formó sin que la cooperativa tuviera en su objeto social la prestación del servicio de gas natural. “El ENARGAS cuestionó desde el inicio la insolvencia económica y técnica de la empresa”, dijo.
Consumado el traspaso, el exgerente general de la COOPI y exdirector de Carlos Paz Gas, Alejandro Eguiguren, sostuvo que, “como mínimo hubo una desviación de fondos”.
“La Justicia debería investigar y creo que corresponde una denuncia penal”, opinó.
Antecedentes de una disputa
La creación de VCP Gas se inscribe en una larga disputa con la COOPI. En 2012, el intendente Esteban Avilés promovió una ordenanza de expropiación del 48,5% del paquete accionario de la cooperativa en Carlos Paz Gas. Sin embargo, la medida nunca se concretó y fue derogada en noviembre de 2020, mediante la ordenanza 6658. Como correlato, se dispuso la disolución de Carlos Paz Gas y su envío a liquidación, un proceso que, a cinco años de iniciado, aún no concluye.
Eguiguren: “Fue alto choreo”
Fuente: VillaNos Radio
El destino del fondo del gas en Villa Carlos Paz volvió a quedar en el centro de la polémica. Creado en 2013 para financiar la extensión de las redes domiciliarias de gas natural, el tributo municipal ahora pasará a capitalizar a VCP Gas, una sociedad anónima conformada por el municipio y la Cooperativa San Roque, que todavía no cuenta con autorización del Enargas para prestar el servicio.
En diálogo con VillaNos Radio, el exgerente general de la COOPI y exdirector de Carlos Paz Gas, Alejandro Eguiguren, trazó un repaso crítico sobre el devenir del fondo y su utilización. Recordó que el argumento que esgrimió el intendente Esteban Avilés al momento de su creación era que la empresa estaba desfinanciada.
“Eso fue una mentira alevosa porque en los balances de Carlos Paz Gas se ve claramente que desde el primer año dio ganancias”, dijo, y remarcó: “Este fondo se creó ficticiamente. Al pedo. Alto choreo, el gas fue alto choreo”, disparó.
Eguiguren recordó que el fondo nació con la promesa de ampliar las redes, pero denunció que —al igual que sucede con el resto de las cuentas de afectación específicas— se viene subejecutando.
“Este fondo se utilizó para meterlo en plazo fijo y generar intereses, como si el municipio fuera una mesa financiera. Los intereses van a rentas generales, como lo hacen con todos los fondos de afectación específica. El auditor de gestión, Alejandro Díaz, que era parte de la gestión de Avilés al principio, lo decía claramente en sus informes: había subejecución”, expresó el dirigente.
Según el presupuesto municipal 2025, la recaudación prevista en el fondo de gas para este año asciende a 1.253 millones de pesos. Haciendo un cálculo desde su creación y actualizando los valores según porcentajes del INDEC, el monto total de lo recaudado entre 2014 y 2025 es de 18.314 millones de pesos.
“No son dos pesos con cincuenta, es muchísima plata”, enfatizó.
El exdirectivo vinculó la situación local con las privatizaciones de la década del 90 y denunció la complicidad de distintos niveles del Estado con las empresas distribuidoras: “A las distribuidoras no les interesa invertir. Obligan a los Estados a financiar las obras y a los vecinos a pagar con ordenanzas de utilidad pública y pago obligatorio. Los gobiernos se han vuelto tan lacayos del capital que avergüenza”, apuntó.
El traspaso a VCP Gas
El Concejo de Representantes aprobó destinar el fondo a capitalizar VCP Gas, pese a que la empresa aún no está en condiciones de operar. Para Eguiguren, se trata de una maniobra grave: “Ya le dieron 230 millones de pesos a una sociedad que no tiene ninguna tarea dentro de la prestación del servicio. No puede hacer obras ni tiene la autorización de subdistribuidor”.
Finalmente, el exgerente de la COOPI cuestionó que el cambio de destino se hiciera con la complicidad de los concejales de Carlos Paz Unido y reclamó una acción judicial: “Como mínimo hubo una desviación de fondos. La Justicia debería investigar y creo que corresponde una denuncia penal”.
Nota correspondiente a la edición n° 615 del periódico La Jornada, del 24 de septiembre de 2025.
