La iniciativa propone reuniones obligatorias mientras existan expedientes pendientes, plazos máximos para iniciar su tratamiento, distribución proporcional de las presidencias y mecanismos para impedir que una mayoría altere la esencia de proyectos opositores. Carlos Paz Unido utilizó sus siete votos para devolverla a comisión.
Un proyecto que busca obligar al funcionamiento semanal de las comisiones, fijar plazos para que ningún expediente quede sin tratamiento y limitar la capacidad de una mayoría para desvirtuar iniciativas opositoras volvió a comisión por decisión del bloque oficialista de Carlos Paz Unido.
La reforma del Reglamento Interno del Concejo de Representantes fue presentada en febrero por Carlos Quaranta, del bloque Carlos Paz Inteligente.
Ante la falta de acompañamiento del oficialismo para avanzar con su tratamiento en comisión, el concejal resolvió llevarla al recinto durante la sesión del jueves pasado mediante un despacho en minoría.
La propuesta no llegó a votarse en cuanto a su contenido. Sebastián Guruceta planteó que regresara a comisión para introducir modificaciones y la moción fue aprobada con los siete votos de Carlos Paz Unido.
El expediente no fue rechazado definitivamente, pero quedó otra vez en el ámbito cuyo funcionamiento la propia iniciativa busca regular mediante reuniones obligatorias, plazos definidos y mecanismos para impedir que los proyectos permanezcan sin tratamiento hasta ser archivados.
Comisiones semanales mientras haya proyectos pendientes
Uno de los cambios centrales propone modificar el artículo 97 del Reglamento Interno para que las comisiones se reúnan todas las semanas cuando existan asuntos pendientes.
Actualmente, según cuestionó Quaranta en el recinto, las convocatorias dependen de la voluntad de quienes ejercen las presidencias de comisión, cargos que se encuentran en manos del oficialismo.
“Las comisiones son convocadas en el momento que hay voluntad de parte del oficialismo de tratar algún tema puntual”, sostuvo.
El proyecto establece que cada comisión deberá fijar un día y horario semanal. Las reuniones solo podrían suspenderse cuando no existan asuntos pendientes, por acuerdo unánime de sus integrantes o ante una situación excepcional debidamente justificada.
La presidencia podría modificar provisoriamente el horario, pero tendría que notificarlo con 48 horas de anticipación. En casos urgentes, ese plazo se reduciría a 24 horas, siempre que la decisión sea fundamentada.
La iniciativa también obliga a comunicar el orden del día con al menos 48 horas de anticipación y dispone que la presidencia deberá incorporar un proyecto cuando así lo solicite cualquiera de los miembros de la comisión.
“Habiendo proyectos para tratar, la comisión tiene que reunirse semanalmente”, resumió Quaranta.
El concejal afirmó que existen comisiones con 20, 25 o 30 expedientes acumulados que, pese a esa cantidad de asuntos pendientes, pasan varias semanas sin actividad.
“Esta semana no hemos tenido una sola reunión de comisión y hay muchísimos temas pendientes de tratamiento”, ejemplificó.
Treinta días para convocar cada expediente
La reforma propone modificar el artículo 110 para establecer un plazo máximo de 30 días hábiles para que la presidencia de cada comisión convoque al tratamiento de un proyecto.
La omisión injustificada sería considerada una falta grave en el desempeño del cargo.
El objetivo es evitar que los expedientes permanezcan inmovilizados hasta finalizar el período legislativo y sean enviados a archivo sin debate, despacho ni votación.
“Hay proyectos de ordenanza, de resolución, que cumplen el período legislativo y pasan a archivo sin más porque no han tenido tratamiento”, advirtió Quaranta.
El concejal aclaró que su propuesta no obliga a aprobar las iniciativas opositoras. Lo que busca es que sean analizadas y que cada bloque deba fijar públicamente una posición.
“No importa que se aprueben o no los proyectos. Lo que nosotros creemos que es importante es que las comisiones tienen que trabajar más”, afirmó.
Y sintetizó: “Hay que tratar todos los proyectos”.
Emplazamiento y pase automático al recinto
El proyecto incorpora además un artículo 110 bis, que crea una moción de emplazamiento.
Cuando una iniciativa acumule 30 días hábiles administrativos en comisión sin tratamiento, su autor o cualquier integrante del Concejo podría solicitar que se emplace formalmente a la comisión.
Si después de esa instancia no se emite despacho antes de los plazos de 45 o 90 días previstos, según el caso, por el artículo 131 de la Carta Orgánica Municipal, el proyecto deberá incorporarse de pleno derecho al orden del día de la siguiente sesión ordinaria.
Llegaría así al recinto con o sin despacho de comisión.
La finalidad es impedir que la falta de convocatoria funcione como un rechazo silencioso, sin exposición pública de argumentos ni votación.
Durante la sesión, Quaranta explicó que la iniciativa busca garantizar que los proyectos tengan tratamiento dentro de un plazo razonable y no queden archivados por decisión de quienes controlan las presidencias de comisión.
Todas las presidencias están en manos del oficialismo
Otra modificación relevante alcanza a la integración y conducción de las comisiones permanentes.
El artículo 82 propuesto establece que deberán conformarse de manera proporcional a la representación política de cada bloque. El mismo criterio se aplicaría a la distribución de las presidencias.
Actualmente, todas las comisiones son presididas por integrantes de Carlos Paz Unido.
El proyecto dispone que cada comisión elija a su presidente entre sus miembros, pero respetando la proporcionalidad política del cuerpo.
La reforma busca que los bloques minoritarios también accedan a presidencias de acuerdo con su representación y que el control de los tiempos legislativos no quede completamente concentrado en el oficialismo.
Evitar que la mayoría cambie la esencia de una iniciativa
El artículo 109 incorpora otra protección para los autores de proyectos.
La propuesta establece que no podrán realizarse modificaciones que desvirtúen la esencia, naturaleza o finalidad de la iniciativa original. Si eso ocurre, el autor tendrá la posibilidad de retirarla.
Quaranta recordó que hubo casos en los que proyectos fueron modificados durante la sesión mediante la aplicación de la mayoría hasta quedar convertidos en propuestas distintas de las presentadas originalmente.
“Nos parece que es una cuestión de respeto al trabajo legislativo que un concejal o un bloque presente un proyecto y no se pueda cambiar la naturaleza del mismo luego en el recinto aplicando la mayoría”, sostuvo.
El planteo apunta especialmente a impedir que una mayoría numérica tome una iniciativa opositora, la modifique sustancialmente y luego la apruebe con una finalidad diferente de la buscada por su autor.
Límites para los tratamientos sobre tablas
La reforma también restringe el uso del tratamiento sobre tablas, mecanismo que permite abordar inmediatamente un proyecto con o sin despacho de comisión.
El nuevo artículo 33 impide ese procedimiento para iniciativas alcanzadas por el artículo 134 de la Carta Orgánica, que requieran doble lectura o mayoría agravada, modifiquen el destino de fondos específicos o establezcan excepciones a ordenanzas vigentes.
En los demás casos, el tratamiento sobre tablas solo podría solicitarse si el proyecto ingresó dentro del plazo reglamentario previsto para los asuntos de la sesión, salvo que exista una emergencia debidamente acreditada.
La finalidad es impedir que iniciativas de relevancia institucional o económica sean presentadas pocas horas antes y aprobadas sin un análisis previo suficiente.
La objeción de Guruceta
Guruceta concentró la respuesta oficialista en las restricciones al tratamiento sobre tablas.
El presidente del bloque Carlos Paz Unido afirmó que su espacio comparte algunas de las modificaciones propuestas, pretende reformular otras y rechaza determinados puntos.
“En esa comisión también se trató este proyecto, el cual tiene muchísimas modificaciones, en las cuales algunas compartimos, algunas con modificaciones y otras claramente no compartimos”, señaló.
Su principal objeción fue que la nueva redacción del artículo 33 impediría tratar sobre tablas proyectos sometidos a doble lectura.
Según Guruceta, esa prohibición podría quitar agilidad al Concejo e incluso limitar al Departamento Ejecutivo cuando convoque a una sesión especial o extraordinaria para abordar asuntos urgentes.
“Le quita la agilidad y la posibilidad de achicar los plazos que establece claramente nuestra Carta Orgánica”, sostuvo.
A partir de esa diferencia, presentó la moción para que el expediente regresara a comisión.
Durante el debate, el oficialismo no respondió de manera específica a otros puntos centrales de la reforma, como la obligación de realizar reuniones semanales, el plazo de 30 días para convocar cada expediente, la falta grave por omisión injustificada, el pase automático al recinto o la distribución proporcional de las presidencias.
Tampoco fijó posición concreta sobre las obligaciones de publicidad de la documentación legislativa ni sobre la posibilidad de que cualquier integrante solicite la incorporación de un tema al orden del día de una comisión.
Más publicidad para el trabajo que no se ve
El proyecto incorpora un título específico sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública del Concejo de Representantes.
La iniciativa crea un Registro Público de Actividad Legislativa y Control Institucional, de acceso libre y gratuito, que deberá ser actualizado mensualmente por la Secretaría Legislativa.
Además, obliga a publicar en formato digital abierto, dentro de los cinco días hábiles de producidos, los proyectos, despachos, actas, documentos legislativos, información pública relevante y registros audiovisuales.
El orden del día de cada comisión tendría que difundirse con al menos 24 horas de anticipación, acompañado por el listado de expedientes que serán tratados.
La propuesta también asigna al auxiliar legislativo la obligación de publicar previamente los órdenes del día de las sesiones y reuniones de comisión, con el detalle de actas, correspondencia y proyectos.
“Hoy los vecinos no pueden saber cuándo nos reunimos en comisión, qué tratamos en comisión y conocer los proyectos de la comisión”, cuestionó Quaranta.
Según el concejal, la transmisión de las sesiones por YouTube muestra solo una parte de la actividad. Una porción sustancial de la discusión y elaboración legislativa ocurre en las comisiones, que actualmente no cuentan con el mismo nivel de publicidad.
“A la gente le cuesta participar porque la gente no conoce lo que nosotros estamos haciendo en el trabajo en comisión”, afirmó.
Pedidos de informes y votaciones nominales
El proyecto incorpora además otras modificaciones destinadas a ampliar la publicidad y el control institucional.
Cualquier integrante del cuerpo podría solicitar que una votación sea nominal, con expresión de cada voto de viva voz.
Los pedidos de informes firmados por al menos tres concejales deberían ser remitidos al Departamento Ejecutivo dentro de las 48 horas hábiles de su recepción.
Tanto el pedido como la respuesta tendrían que incorporarse a un registro especial y publicarse en el sitio web del Concejo.
La iniciativa propone también que una sesión solo pueda declararse secreta mediante una resolución fundada aprobada por los dos tercios del total de los miembros.
Una reforma para limitar el control por inactividad
El proyecto había sido presentado en febrero, pero no consiguió acompañamiento oficialista para avanzar dentro de las comisiones.
Quaranta decidió entonces llevarlo al recinto mediante un despacho en minoría, buscando que el conjunto del cuerpo debatiera una reforma que incide directamente sobre el poder de quienes presiden esos ámbitos.
La iniciativa parte de una premisa: una mayoría tiene derecho a rechazar un proyecto, pero no debería poder impedir indefinidamente que sea tratado.
También busca proteger a los autores frente a modificaciones que alteren el sentido de sus propuestas y hacer visible una actividad legislativa que hoy permanece fuera del alcance cotidiano de los vecinos.
El oficialismo utilizó sus siete votos para devolver el expediente a comisión.
Así, la reforma que pretende poner plazos, obligar a las comisiones a reunirse y evitar que los proyectos sean archivados sin debate quedó nuevamente en el ámbito donde, según su autor, Carlos Paz Unido concentra el control de los tiempos legislativos.
