El municipio de Villa Carlos Paz aplica un cerrojo nocturno en la Costanera y en las bajadas de Medrano, Nahuel Huapi y Comechingones para contener las motos en grupo, las picadas y el ruido de escapes. La medida trae algo de calma en ese sector, pero también expone la dificultad del Estado local para sostener controles eficientes y abre una pregunta de fondo: ¿se ordena la ciudad cerrando calles todas las noches o solo se corre el conflicto de lugar?
Desde hace varios días, el paisaje nocturno de la Costanera cambió. Entre la rotonda Bustos y la rotonda Alfonsín, a partir de las 0.30 y hasta después de las 5 de la mañana, la calzada se transforma en un corredor peatonal: cadenas tensadas de vereda a vereda, inspectores municipales y vehículos impedidos de ingresar.
El cerrojo se completa con el corte total de tres calles que bajan hacia el lago: Medrano, Nahuel Huapi y Comechingones, que también quedan clausuradas en ese horario. El argumento oficial es conocido: evitar las maniobras peligrosas, las hordas de motos y el ruido de escapes modificados que desde hace años motivan quejas constantes de los vecinos.
Una medida que llega después de años de reclamos
La escena no aparece en el vacío. Desde hace tiempo, frentistas de Costanera y barrios cercanos al lago denuncian picadas, motos en grupo a alta velocidad y ruidos molestos durante la madrugada. En ese lapso, el municipio ensayó operativos puntuales y controles esporádicos, pero nunca consiguió una respuesta sostenida en el tiempo.
Ese historial ayuda a entender la decisión actual: ante una problemática crónica y un esquema de control que no logró resultados duraderos, la salida fue bajar la palanca y cerrar las calles. La ordenanza que habilita las restricciones nocturnas estaba vigente desde 2025, pero recién empezó a aplicarse de manera sistemática este verano.
Desde el área de Seguridad destacan un “balance positivo”: en el tramo alcanzado por el cerrojo habrían bajado las retenciones de tránsito y las denuncias por ruidos molestos. El alivio es real para quienes viven sobre ese sector. La pregunta es cuánto dura y a qué costo urbano.
Cadenas que ordenan… y desplazan
En la práctica, el operativo se apoya en dos elementos: corte físico (cadenas, vallas, cartelería) y presencia de inspectores que controlan la salida de los vehículos que ya están adentro y bloquean nuevos ingresos. Durante esas horas, el lago se vuelve un destino al que no se llega en auto o moto por las calles tradicionales.
Sin embargo, el tránsito no desaparece: se reacomoda. Las motos que antes elegían ese corredor buscan otras rutas, se filtran por veredas, lotes o calles paralelas. Es decir, el conflicto se corre de lugar más que resolverse de raíz.
Convertir en peatonal –de manera automática y todas las noches– un tramo de Costanera y tres calles que bajan al lago puede funcionar como parche de emergencia, pero difícilmente como política sostenible. Cerrar arterias de forma permanente para suplir la falta de controles selectivos, tecnología y sanciones efectivas termina siendo un atajo que posterga el problema de fondo: cómo hacer cumplir las normas sin clausurar el espacio público.
Una ciudad que se clausura para defenderse
Las medidas urbanas no son neutras. Encadenar bajadas históricas al lago en plena temporada de verano altera recorridos cotidianos, complica la circulación barrial y consolida la idea de una ciudad que, de noche, responde a los conflictos cerrando en lugar de ordenando.
El mensaje simbólico también importa. Las cadenas hablan de un Estado que llegó al límite de su capacidad para controlar conductas específicas y opta por impedir el uso general de la calle a todos, en lugar de identificar y sancionar a quienes efectivamente infringen las normas. El riesgo es que la excepción –cerrar accesos como recurso extremo– se vuelva rutina.
A largo plazo, una ciudad que naturaliza los cortes como herramienta principal corre el peligro de volverse menos accesible y más fragmentada, sin atacar la raíz del problema: falta de controles sistemáticos, tecnología aplicada al tránsito, presencia sostenida y una política clara sobre motovehículos y ruido.
El otro camino: un Código más duro para hordas, picadas y escapes
Mientras tanto, en el Concejo de Representantes se discute otro tipo de respuesta, esta vez desde el Código de Convivencia Ciudadana. El proyecto enviado por el intendente Esteban Avilés busca tipificar las “hordas” de motos y endurecer las sanciones contra las picadas y los escapes ruidosos, dotando al municipio de más herramientas legales para intervenir.
Entre los puntos centrales, la iniciativa propone:
- Subir las multas por picadas y maniobras peligrosas (artículo 284) a un rango de 15 a 30 Unidades de Valor (U.V.), mantener el secuestro del vehículo y sumar inhabilitación de la licencia de conducir entre 60 y 180 días.
Con la U.V. vigente en enero de 2026 en $ 85.157,64, las sanciones irían de alrededor de $ 1.280.000 a más de $ 2.550.000. - Crear un artículo 284 bis para sancionar a las “hordas” de motos, es decir grupos de tres o más motovehículos que, por la forma de circular, ocupación de la calzada o maniobras, generen riesgo, intimiden a terceros o dificulten la intervención de la autoridad, con multas de 7 a 20 U.V. e inhabilitación de 60 a 180 días para conductores y titulares registrales.
- Aumentar las multas por escapes libres o modificados (artículo 294) al rango de 7 a 20 U.V., mantener la destrucción y decomiso del escape e incrementar los días de inhabilitación en caso de reincidencia.
- Incorporar un artículo 294 bis que faculte a la Autoridad de Aplicación a remover vehículos y motos de la vía pública, incluso sin conductor presente, y cortar cadenas o candados cuando los rodados estén sujetos a árboles, postes o mobiliario urbano, siempre con acta y registro fotográfico o audiovisual.
El proyecto también elimina el pago voluntario para estas infracciones –todas deben tramitar por el Juzgado de Faltas– y mantiene la posibilidad de sancionar conductas constatadas a través de publicaciones en redes sociales. De todos modos, la propuesta está en comisión y aún no ha sido aprobada.
Cerrar calles o hacer cumplir las reglas
Con este escenario, Villa Carlos Paz se mueve entre dos lógicas: la del cerrojo físico, que contiene parcialmente el problema a costa de clausurar bajadas al lago, y la de un endurecimiento normativo que promete sanciones más fuertes, pero todavía no está vigente ni probado en la práctica.
La pregunta de fondo es si la convivencia nocturna se garantiza multiplicando cadenas o aplicando reglas claras, controles sostenidos y sanciones efectivas que alcancen a quienes realmente generan riesgo y ruido. Cerrar calles puede servir como medida transitoria en momentos críticos, pero difícilmente pueda constituirse en la respuesta estructural de una ciudad turística que vive de su Costanera, de su lago y de la circulación de vecinos y visitantes.
Entre una ciudad que se encierra para no tener problemas y una ciudad que ordena y hace cumplir sus normas, la diferencia no la marcan las cadenas, sino la capacidad del Estado para sostener una política de tránsito seria, moderna y pareja para todos.
