La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo 46 votos a favor y 22 en contra. Busca concentrar la misión del BCRA en preservar el valor de la moneda y eliminar los mecanismos de financiamiento al Tesoro, pero las modificaciones introducidas en la Cámara alta impidieron su sanción definitiva.
El Senado aprobó este jueves con modificaciones el proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas económicas consideradas prioritarias por el Gobierno de Javier Milei.
La votación en general terminó con 46 votos afirmativos y 22 negativos. Sin embargo, los cambios introducidos durante el tratamiento obligarán a que el texto regrese a la Cámara de Diputados, que había otorgado media sanción a su propia versión a fines de agosto.
La reforma propone modificar de manera profunda el marco de funcionamiento del Banco Central, colocando la preservación del valor de la moneda como su misión central y estableciendo restricciones para impedir el financiamiento monetario del Tesoro.
Qué cambia en el Banco Central
Uno de los principales puntos del proyecto es la prohibición de que el BCRA otorgue adelantos transitorios al Tesoro Nacional, mecanismo utilizado históricamente para asistir financieramente al Estado.
También restringe la posibilidad de que la autoridad monetaria compre títulos públicos directamente en el mercado primario.
El objetivo declarado por el Poder Ejecutivo es separar la política monetaria de las necesidades de financiamiento fiscal y fortalecer la independencia funcional y financiera del organismo.
La reforma modifica además el esquema de objetivos incorporado a la Carta Orgánica en 2012. La legislación vigente establece entre las finalidades del Banco Central promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
El nuevo texto coloca en el centro la defensa del valor de la moneda.
Otro de los cambios impide transferir al Tesoro ganancias contables generadas por diferencias de cambio. Los resultados obtenidos por el Banco Central deberán destinarse prioritariamente a absorber pérdidas acumuladas, recomponer su patrimonio o cancelar deuda pública.
La iniciativa también contempla la eliminación de instrumentos como las Letras Intransferibles y modificaciones en las normas para la administración y el resguardo de las reservas internacionales.
El cambio introducido por el Senado
La principal modificación realizada este jueves estuvo vinculada con la designación y remoción de las autoridades del Banco Central.
La versión aprobada previamente por Diputados contemplaba un mecanismo que exigía mayorías agravadas de dos tercios de ambas cámaras para remover a integrantes del directorio.
El Senado eliminó ese esquema y estableció que tanto la aprobación de las designaciones enviadas por el Poder Ejecutivo como la eventual remoción de autoridades deberán resolverse únicamente en la Cámara alta y con mayoría absoluta de sus miembros.
Esto implica reunir al menos 37 votos.
La modificación deja a Diputados fuera de ese procedimiento, bajo el argumento de que es el Senado la cámara a la que constitucionalmente corresponde prestar acuerdo para la designación de las autoridades del organismo.
Ese cambio fue suficiente para impedir que el proyecto quedara convertido en ley este jueves.
Ahora vuelve a Diputados
La Cámara de Diputados había aprobado la reforma el 27 de agosto por 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones.
Como el Senado modificó aquella versión, el expediente deberá regresar ahora a la Cámara baja para una segunda revisión.
Diputados deberá decidir si acepta las modificaciones realizadas por el Senado o si insiste con el texto que había aprobado originalmente.
El Gobierno considera la reforma una pieza central de su política monetaria. Durante el debate, los bloques que acompañaron la iniciativa defendieron la necesidad de limitar el financiamiento del déficit mediante emisión y fortalecer la autonomía del Banco Central.
Los sectores opositores que rechazaron el proyecto cuestionaron, entre otros aspectos, la reducción de los objetivos actualmente asignados al organismo y advirtieron sobre la pérdida de herramientas de intervención económica.
La definición final quedará ahora nuevamente en manos de la Cámara de Diputados.
