Con los siete votos de Carlos Paz Unido, el proyecto enviado por Esteban Avilés superó la primera lectura. El presupuesto municipal pasaría de $105.136,9 millones a $113.843,9 millones. Más del 61% del aumento se concentra en personal, autoridades y locaciones, mientras la oposición cuestionó las previsiones de ingresos y que el expediente llegara apenas dos horas antes de la sesión.
Con los siete votos del bloque de Carlos Paz Unido, el Concejo de Representantes aprobó en primera lectura, durante la sesión del jueves 25 de junio, el proyecto enviado por el intendente Esteban Avilés para incrementar en $8.707 millones el Presupuesto General de Gastos 2026.
El presupuesto vigente era de $105.136.980.212. De aprobarse definitivamente la ampliación, ascenderá a $113.843.980.212, lo que representa un aumento aproximado del 8,28%.
La iniciativa contempla además un reordenamiento interno de partidas por $791,9 millones. Ese movimiento redistribuye créditos entre distintas áreas, pero no modifica el monto total del presupuesto.
La oposición rechazó la propuesta, cuestionó el peso de los gastos en personal y contrataciones, puso en duda las previsiones de recaudación y objetó que un expediente de esa magnitud fuera ingresado fuera de hora, apenas un par de horas antes de la sesión.
La discusión quedó atravesada también por un dato político inevitable: Villa Carlos Paz comienza a ingresar en una etapa preelectoral. Ese contexto no demuestra por sí mismo que la ampliación presupuestaria persiga una finalidad electoral, pero habilita distintas lecturas sobre la conveniencia política de reforzar partidas vinculadas con personal contratado, autoridades y locaciones profesionales.
El señalamiento fue planteado expresamente por Daniel Ribetti, de Juntos por Carlos Paz, aunque el concejal lo presentó como una hipótesis personal y no como un hecho probado.
El oficialismo, en cambio, sostuvo que la modificación responde a la inflación, a los acuerdos salariales, al sostenimiento de los servicios y a la necesidad de financiar obras.
Un proyecto millonario ingresado a último momento
El Departamento Ejecutivo justificó la modificación en un análisis de las ejecuciones de cada jurisdicción durante el primer semestre y en una proyección anual de los programas municipales.
Según el mensaje remitido por Avilés, resultaba necesario realizar un reordenamiento entre áreas y ajustar partidas afectadas por la inflación.
El artículo primero modifica el presupuesto vigente mediante movimientos internos por $791,9 millones, sin alterar su monto global. El artículo segundo incorpora el aumento efectivo de $8.707 millones, que lleva el cálculo total a $113.843,9 millones.
Pese a la importancia económica e institucional del proyecto, el expediente llegó al Concejo apenas un par de horas antes de la sesión y fue llevado directamente al recinto.
Esa decisión impidió un análisis profundo de los anexos y eliminó la posibilidad de que los funcionarios explicaran previamente, en comisión, la composición de los gastos y las proyecciones de recursos.
Para un asunto que el propio oficialismo presentó como central para sostener salarios, obras y servicios municipales, el manejo legislativo fue demasiado desprolijo. La remisión tardía redujo el control político y técnico a una lectura de urgencia sobre una modificación que compromete miles de millones de pesos.
Carlos Quaranta, de Carlos Paz Inteligente, hizo eje en esa situación: “Creo que esto tiene dos aspectos para el análisis, al menos el rápido análisis que hemos tenido que hacer en dos horas desde que ingresó el proyecto y que hoy es tratado sobre tablas”.
Al anunciar su rechazo, agregó: “Nosotros no lo vamos a acompañar, y mucho menos cuando llega dos horas antes de la sesión y no podemos tener un tratamiento de comisión de un tema que es muy importante”.
Más de $5.300 millones para personal, autoridades y locaciones
El Anexo II permite precisar la distribución de los $8.707 millones incorporados al presupuesto.
La suma de autoridades superiores, personal permanente, personal contratado y locaciones profesionales alcanza los $5.357 millones, equivalentes al 61,5% del incremento total.
Dentro de ese conjunto se contemplan:
- $39 millones para autoridades superiores.
- $913,6 millones para personal permanente.
- $3.676,8 millones para personal contratado.
- $727,6 millones para locaciones profesionales.
El resto se distribuye entre $1.300 millones para construcciones y trabajos públicos, $900 millones para recolección de residuos, $500 millones para mantenimiento y reparación de vías de comunicación, $450 millones para juicios y mediaciones y $200 millones para servicios básicos.
Pía Felpeto, de Juntos por Carlos Paz, cuestionó especialmente la concentración del aumento en la estructura estatal.
“De cada 10 pesos que aumenta el presupuesto, aproximadamente 6 se van a destinar a personal y contrataciones, mientras que la obra pública representa alrededor del 15% del incremento total”, sostuvo.
La concejala mencionó, entre otras partidas, $1.250 millones, $783,5 millones y $557 millones destinados a personal contratado, además de $720 millones para locaciones profesionales.
“Esto merece una explicación política: cuántas personas incorporaron, cuántos contratos nuevos existen, por qué semejante incremento si permanentemente se habla de eficiencia del Estado”, planteó.
El proyecto no especifica en su articulado cuántas nuevas incorporaciones existen, qué cantidad de contratos se busca financiar ni qué proporción de los refuerzos corresponde a actualizaciones salariales sobre vínculos ya existentes.
La lectura preelectoral
Ribetti vinculó el peso de la partida de personal con una discusión más amplia sobre las prioridades políticas de la gestión. Lo hizo aclarando que se trataba de una interpretación propia.
“Yo siempre tomo como unidad de medida, para poder discernir también cuáles son las prioridades del Ejecutivo en los análisis, cómo incide la cuenta de personal por esta hipótesis de que está sobredimensionada para garantizar resultados electorales, pero una apreciación mía puede estar totalmente equivocada”, expresó.
La afirmación adquiere relevancia en una etapa en la que los distintos espacios comienzan a reposicionarse políticamente.
Lo que sí surge de la documentación es que más de la mitad del incremento queda concentrado en personal contratado, planta permanente, autoridades y locaciones.
Esa composición, sumada al ingreso acelerado del proyecto, alimentó los cuestionamientos opositores sobre la oportunidad política de la medida y sobre la falta de información para determinar qué necesidades concretas explican cada partida.
La defensa del oficialismo
Raquel Merlino, de Carlos Paz Unido, explicó que el proyecto combina un reordenamiento interno sin impacto en el monto total y una ampliación cercana al 8,3% del presupuesto vigente.
Según sostuvo, el presupuesto original había sido elaborado con una pauta inflacionaria anual del 20%, mientras que la inflación acumulada a mayo alcanzó el 14,7% y las proyecciones para el cierre del año se ubicaban en torno al 30,5%.
“No se trata de presentar un presupuesto nuevo ni de modificar su orientación general, sino de ajustar sus valores y ordenar partidas para que reflejen mejor las necesidades reales de ejecución”, afirmó.
Merlino vinculó la actualización con los costos de insumos, servicios, contratos de obra, mantenimiento urbano y la discusión salarial con los trabajadores municipales.
Sebastián Guruceta reforzó esa explicación y sostuvo que un incremento presupuestario de alrededor del 8% resultaba razonable frente a la inflación acumulada.
“Es claramente un aumento lógico con respecto a lo que estamos viendo actualmente”, defendió.
También respondió a los cuestionamientos sobre el gasto en personal al recordar que las remuneraciones de los trabajadores municipales son aprobadas por el Concejo y que esos acuerdos suelen recibir acompañamiento unánime.
Respecto de los $1.300 millones para construcciones y trabajos públicos, señaló que estaban vinculados con obras tratadas previamente por el cuerpo.
Dudas sobre los recursos y los juicios
Quaranta concentró su crítica en los ingresos que financiarán la ampliación. Según su análisis, el Ejecutivo incrementó las previsiones de recaudación de tasas municipales, deudas de ejercicios anteriores y otros conceptos, pese a que la ejecución histórica no alcanzaría el total presupuestado.
“Me parece que se están inflando estos recursos para justificar estas partidas y no necesariamente hacer una modificación presupuestaria con las partidas que todos los años no ejecutamos”, cuestionó.
El concejal afirmó que la previsión total de tasas municipales pasaría de $48.700 millones a $57.300 millones y reclamó explicaciones sobre la manera en que el municipio espera obtener esos recursos durante los meses restantes.
Felpeto, por su parte, pidió precisiones sobre la incorporación de $450 millones para juicios y mediaciones.
“Los vecinos tienen derecho a saber si ese dinero responde a condenas judiciales, litigios laborales o errores de la propia administración”, señaló.
Durante el debate, el oficialismo no respondió de manera específica qué procesos judiciales, mediaciones o contingencias justifican esa partida.
Primera lectura y debate abierto
El proyecto quedó aprobado en primera lectura con siete votos afirmativos. La oposición dejó asentado su rechazo y centró sus cuestionamientos en tres puntos: la concentración del incremento en personal y contrataciones, las dudas sobre la recaudación prevista y la falta de un tratamiento previo en comisión.
El oficialismo defendió la ampliación como una adecuación necesaria ante la inflación y la evolución de los gastos.
Sin embargo, la forma en que el expediente fue incorporado al orden legislativo debilitó esa explicación: una modificación de $8.707 millones, presentada como imprescindible para el funcionamiento municipal, merecía más tiempo, información y discusión institucional.
En el inicio de una etapa preelectoral, la combinación entre una ampliación millonaria, el peso de las contrataciones y un trámite acelerado deja abierta una discusión que excede las planillas contables.
El debate también involucra las prioridades de la gestión, la transparencia en el uso de los recursos y las razones políticas que acompañan cada decisión presupuestaria.
Ahora resta la audiencia pública de rigor para escuchar la opinión de los vecinos, y el tratamiento y aprobación en segunda lectura para que el incremento quede firme.
