Según la normativa vigente en Córdoba, la zona cuenta con categorías de conservación que impedirían el cambio de uso del suelo. Ambientalistas y vecinos exigen la derogación de la ordenanza que habilita el proyecto.
La Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Córdoba determina que la parcela que el municipio pretende urbanizar en el oeste de Villa Carlos Paz, a partir de la sanción de la cuarta etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental, cuenta con categorías de conservación que impedirían el cambio de uso del suelo.
La zona afecta al arroyo El Sauce y a lo que queda del humedal El Pantanillo, lo que generó un potente movimiento de defensa por parte de organizaciones ambientalistas y vecinos autoconvocados.
La resolución fue firmada por la Dirección de Bosques de la provincia como respuesta a un pedido formulado por Juan Carlos Paesani, referente de la ONG Educación, Ambiente y Trabajo, quien había solicitado precisiones en noviembre de 2024, antes de que el proyecto fuera tratado en el Concejo de Representantes. Ante la demora, a fines de febrero presentó un “pronto despacho”, ya con la polémica ordenanza 7178 sancionada y promulgada.
De hecho, la respuesta entregada el jueves pasado por el área que depende del Ministerio de Ambiente y Economía Circular señala que, a partir de la ordenanza citada, “puede determinarse el área geográfica sobre la cual se solicita información”.
En este sentido, se informó que “los sectores clasificados como AE7 y R4, de acuerdo con la Ordenanza N° 7178 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, y que se relacionan con la cuenca del arroyo El Sauce, según el Mapa Anexo de la Ley 9814, se encuentran categorizados principalmente como áreas amarillas (Categoría II de conservación), con un pequeño sector sin categorizar en la parte central del polígono, un sector categorizado como rojo (Categoría I de conservación) en la parte sur, y un área sin determinar debido a estar tapada con un signo cartográfico, también en la parte sur del polígono”.
Asimismo, plantea que “según el Mapa de Cobertura Vegetal de Cabido y Zak (2009), los sectores amarillos se correlacionan con vegetación de tipo matorrales, el sector sin categorizar se corresponde con áreas culturales, mientras que tanto el sector rojo como el tapado por un signo cartográfico se corresponden con vegetación tipo bosque, principalmente”.
Esta resolución refuerza otra ya emitida en el mismo sentido por la Secretaría de Ambiente ante un recurso presentado por Adarsa (Asociación de Amigos del Río San Antonio).
Cabe destacar que, en el caso de áreas alcanzadas por categorías de conservación amarilla o roja, está prohibido el cambio de uso del suelo, por lo que el proyecto que pretende ejecutar la empresa Quattro Pilares con el aval del municipio no sería viable.
Paesani elevó estos antecedentes ante el intendente Esteban Avilés, el defensor del Pueblo Víctor Curvino y el Concejo de Representantes, reclamando la inmediata derogación de la ordenanza.
“Ya ha habido otra notificación a otra ONG, hace menos de un mes. ¿Qué espera el Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo de Representantes y los defensores del Pueblo, titular y adjunto?”, se preguntó.
Y remarcó que “a todas luces, la Ordenanza N° 7178 de la Cuarta Etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental colisiona con las notificaciones y oficios enviados por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, en respuesta a las demandas presentadas durante 2024”.
“Por ende, solo resta derogarla, pero el gobierno de Villa Carlos Paz colisiona con la legislación ambiental y con la misma Carta Orgánica de la ciudad. ¿Van a derogar la ordenanza 7178 de Cuarta Etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental, o habrá que hacer denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad?”, advirtió.
En una reunión llevada a cabo la semana pasada, integrantes del grupo de vecinos autoconvocados solicitaron al defensor del Pueblo que intervenga para derogar la ordenanza.
Si la vía administrativa se agota sin respuestas positivas, la posibilidad de acudir a la Justicia contra los funcionarios públicos que avalen el emprendimiento está más que latente, como quedó claramente expresado.
