La Cámara baja convirtió en ley este jueves por la madrugada la reforma impulsada por el Gobierno con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. La norma redefine qué áreas quedarán protegidas, amplía la intervención de las provincias y abrió un fuerte choque político y ambiental por su impacto sobre el control de las zonas glaciares y periglaciares.
La Cámara de Diputados aprobó de madrugada la modificación de la Ley 26.639 y dejó sancionada una de las reformas que el oficialismo venía empujando con fuerza en el Congreso. La votación se cerró a las 2.30 de este jueves, después de una sesión extensa y con alta tensión política, y consolidó el respaldo que el Gobierno ya había conseguido en el Senado a fines de febrero.
El resultado final fue de 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, con apoyo de La Libertad Avanza, bloques aliados, parte del PRO, sectores de la UCR y bancadas provinciales. Con ese número, el oficialismo logró convertir en ley una iniciativa que considera estratégica para reordenar el régimen de protección ambiental en zonas de montaña y dar mayor margen de decisión a las provincias.
Entre los cambios centrales, la nueva norma redefine el objeto de protección y pone el foco en los glaciares y geoformas periglaciares que cumplan funciones hídricas como reserva estratégica de agua o recarga de cuencas. Además, establece que cada jurisdicción ambiental deberá identificar, con base en estudios técnico-científicos, qué áreas de su territorio quedan alcanzadas por esa protección y compartir esa información con el IANIGLA, que seguirá interviniendo en el inventario nacional.
La reforma también modifica el régimen de prohibiciones, que pasa a aplicarse sobre los glaciares y ambientes periglaciales identificados por la autoridad competente de cada jurisdicción. En ese marco, seguirán vedadas actividades que alteren de modo relevante esas áreas protegidas, pero la nueva redacción abre un escenario distinto sobre zonas que antes podían quedar comprendidas de manera más amplia dentro del régimen anterior.
Desde el Gobierno defendieron la sanción como una corrección necesaria para dar “seguridad jurídica” y devolver a las provincias competencias sobre sus recursos naturales. En la vereda opuesta, sectores opositores, organizaciones ambientalistas y especialistas cuestionaron que la ley reduce el alcance de la protección original y anticiparon que podría haber presentaciones judiciales para frenar su aplicación.
La votación dejó así un nuevo triunfo parlamentario para la Casa Rosada, pero también abrió un conflicto que promete continuar fuera del recinto. Con la reforma ya sancionada, la discusión se trasladará ahora a la reglamentación, al accionar de las provincias y, probablemente, a los tribunales.
