La investigación preliminar canónica comenzó en julio de 2026 y está a cargo del presbítero Daniel Juncos. Los abogados Alejandro Escudero Salama y María Milagros Lucero pedirán que el Arzobispado de Córdoba y la JAEC informen cuándo tomaron conocimiento de los hechos y qué actuaciones realizaron desde la primera denuncia penal, presentada en mayo de 2025.
La Iglesia Católica abrió una investigación preliminar canónica sobre los presuntos abusos denunciados por familias vinculadas al Jardín Niño Dios de Villa Carlos Paz, atribuidos al sacerdote Alejandro Nicola, y prevé remitir sus conclusiones al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en Roma.
Los abogados Alejandro Escudero Salama y María Milagros Lucero, que acompañan a algunas de las familias denunciantes, tomaron conocimiento de la existencia y el avance de ese procedimiento a partir de una comunicación con el presbítero Daniel Juncos, quien les informó que tiene a su cargo la investigación y que el padre Diego Díaz interviene como notario.
Según lo transmitido por Juncos, la actuación canónica comenzó en julio de 2026 y, una vez concluida, será elevada al organismo de la Santa Sede que interviene, entre otros asuntos, en casos vinculados con presuntos delitos sexuales cometidos por clérigos contra menores.
Se trata de un procedimiento distinto e independiente de la causa penal que tramita en la Justicia provincial bajo la conducción de la fiscal Jorgelina Gómez.
Unas 25 declaraciones y testimonios todavía pendientes
De acuerdo con la información brindada a los abogados, Juncos ya recibió alrededor de 25 declaraciones de madres y de otras personas vinculadas con la situación, mientras que restarían aproximadamente 15 testimonios.
Sin embargo, según explicó, hasta ahora habrían declarado solamente tres o cuatro familias denunciantes y estaría prevista la convocatoria de una más.
Ante la consulta sobre el criterio utilizado para seleccionar a las familias, Juncos habría indicado que los contactos se produjeron principalmente de manera informal o por iniciativa de algunas de ellas.
También señaló que, en principio, no estaba previsto recibir personalmente a las trece familias denunciantes. Según lo explicado a los abogados, el objetivo de esta etapa es reunir hechos concretos y contar con una denuncia suficientemente fundamentada para elaborar el informe que será remitido a Roma.
Escudero Salama y Lucero ofrecieron que también puedan declarar las madres a quienes representan. Juncos respondió que evaluaría esa posibilidad, aunque habría considerado que el material reunido hasta el momento, junto con el testimonio de una familia adicional, podría resultar suficiente para avanzar con el informe.
Los abogados sostienen que cada una de las familias puede aportar circunstancias, hechos o elementos diferentes, por lo que plantearán la necesidad de conocer de qué manera serán contempladas aquellas que todavía no fueron escuchadas.
La participación de abogados
Otro de los puntos planteados durante la conversación estuvo relacionado con la posibilidad de que quienes sean convocados puedan concurrir acompañados por sus representantes legales.
Según indicó Juncos, en esta instancia preliminar las personas citadas no participarían acompañadas por abogados. Esa condición alcanzaría tanto a las madres como al propio Nicola, quien tampoco concurriría asistido por sus defensores durante las entrevistas correspondientes a este procedimiento.
Escudero Salama y Lucero pedirán que se precise el fundamento y alcance de ese criterio.
El informe podría estar listo a fin de año
Juncos estimó que el informe de la investigación preliminar podría estar concluido entre fines de noviembre y comienzos de diciembre.
También señaló que una respuesta desde Roma podría producirse luego de enero, posiblemente durante febrero de 2027, para determinar cómo continuará el procedimiento canónico.
Se trata, en ambos casos, de estimaciones transmitidas por el investigador y no de plazos oficialmente establecidos por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
Qué pasó desde la primera denuncia
Uno de los puntos centrales que ahora buscarán esclarecer los abogados es la secuencia temporal de conocimiento y actuación de las autoridades eclesiásticas.
La primera denuncia penal fue presentada en mayo de 2025, mientras que, según la información recibida, la investigación preliminar canónica comenzó en julio de 2026, más de un año después.
Por ese motivo, Escudero Salama y Lucero solicitarán al Arzobispado de Córdoba y a la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC) que informen cuándo tomó conocimiento cada organismo de las primeras denuncias o señalamientos, a quién fue comunicada esa información y qué medidas se adoptaron desde entonces.
También pedirán precisiones sobre lo ocurrido durante el período comprendido entre la primera denuncia penal y la apertura formal de la investigación canónica, además de conocer cómo serán incorporadas las situaciones de las familias que todavía no prestaron declaración antes de que las actuaciones sean remitidas a Roma.
Pedirán documentación a través de la Fiscalía
En paralelo, los abogados solicitarán a la Fiscalía a cargo de Jorgelina Gómez que requiera aquellas comunicaciones y documentos eclesiásticos que puedan resultar relevantes para reconstruir cuándo tuvieron conocimiento de los hechos las distintas autoridades y qué decisiones fueron adoptando.
El objetivo de esas presentaciones, señalaron, será determinar la secuencia institucional de conocimiento y actuación sin anticipar conclusiones sobre eventuales responsabilidades.
Los letrados pidieron además preservar especialmente la identidad y la intimidad de las niñas y los niños involucrados en la investigación.
