El decreto reglamentario de la reforma laboral estableció que la base estará integrada por el salario básico y las sumas remunerativas mensuales y habituales. También impuso condiciones para el destino y la administración de las contribuciones patronales acordadas con los sindicatos.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva reglamentación de la Ley de Modernización Laboral y definió qué conceptos salariales deberán utilizarse para calcular los aportes y contribuciones establecidos mediante los convenios colectivos de trabajo.
El Decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, determinó que la base estará integrada por el salario básico correspondiente a la categoría del trabajador y por las sumas remunerativas convencionales que se paguen de manera normal, habitual y mensual.
En cambio, quedarán afuera los premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, aguinaldo, plus vacacional, sumas no remunerativas y cualquier otro concepto que no sea abonado de forma normal, habitual y mensual.
La medida lleva la firma del presidente Javier Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Fue dictada el viernes 17 de julio y publicada oficialmente este lunes 20.
Qué aportes alcanza
La norma se refiere a los aportes, contribuciones, cuotas, retenciones o fondos económicos incluidos en los convenios colectivos y destinados a asociaciones sindicales, cámaras empresarias u otras entidades vinculadas con las partes firmantes.
La reforma laboral fijó un límite global del 2% de la remuneración para los aportes convencionales destinados a asociaciones de trabajadores que se apliquen tanto a afiliados como a no afiliados. Para las cámaras o entidades empresarias, el tope es del 0,5%.
La reglamentación anterior había establecido que todos esos conceptos debían computarse de manera conjunta, sin que pudieran dividirse entre distintos fondos o beneficiarios para superar los límites. También dispuso que los convenios que excedan los topes deberán ser readecuados y que no serán homologados nuevos acuerdos que los incumplan.
El decreto conocido este lunes precisa ahora sobre qué parte del salario deben aplicarse esos porcentajes. Al excluir componentes variables o no mensuales, la base de cálculo podrá resultar menor en aquellos sectores donde una parte importante de los ingresos proviene de horas extras, bonos, premios o sumas no remunerativas.
La norma no elimina las contribuciones previstas en los convenios, pero establece un criterio uniforme que deberá utilizar la Secretaría de Trabajo cuando controle, registre u homologue acuerdos colectivos.
No afecta la cuota de afiliación
La cuota sindical que paga voluntariamente un trabajador afiliado a su gremio queda excluida de estos topes y de la nueva base de cálculo. La propia Ley de Modernización Laboral distingue esos pagos de las denominadas cuotas o contribuciones solidarias que pueden extenderse a todos los empleados alcanzados por un convenio.
La disposición tampoco modifica los aportes y contribuciones legales destinados al sistema previsional, las obras sociales u otros componentes de la seguridad social. Su alcance está limitado a las cargas económicas creadas mediante la negociación colectiva.
Condiciones para los aportes patronales
El segundo punto del decreto se concentra en las contribuciones que los empleadores acuerdan realizar directamente en favor de las asociaciones sindicales.
Esos fondos sólo podrán destinarse a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural, en beneficio de los trabajadores comprendidos dentro del ámbito de representación del sindicato.
Además, deberán administrarse y documentarse de manera separada del resto de los bienes y recursos propios de la organización gremial. El objetivo declarado por el Ejecutivo es facilitar el control sobre el destino de esos fondos y evitar que sean incorporados a la administración sindical general.
La nueva reglamentación se conoció dos días antes de la movilización que la CGT, las dos CTA, la UTEP y organizaciones de jubilados realizarán el miércoles frente al Congreso. La protesta forma parte del plan de lucha de las centrales contra las políticas laborales, económicas y previsionales del Gobierno.
El decreto agrega así una nueva definición a la reforma laboral, cuya implementación continúa abriendo discusiones sobre el financiamiento sindical, las negociaciones paritarias y el alcance de los aportes obligatorios incluidos en los convenios colectivos.
