El concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) presentó un proyecto de resolución para que el municipio detalle el impacto ambiental, operativo y patrimonial del siniestro, así como el estado de las investigaciones. La iniciativa tomará estado legislativo en la sesión del próximo jueves del Concejo de Representantes.
El incendio ocurrido recientemente en el Centro Ambiental de Villa Carlos Paz tendrá su capítulo institucional en el Concejo de Representantes. El concejal Daniel Ribetti (bloque Juntos por Carlos Paz) ingresó un proyecto de resolución que reclama al Departamento Ejecutivo un informe “integral, técnico y documentado” sobre las consecuencias del siniestro y las medidas adoptadas después del hecho. La propuesta tomará estado legislativo en la sesión del próximo jueves.
En los fundamentos, Ribetti recuerda que la Carta Orgánica Municipal fija como principios rectores de la gestión pública “la protección del ambiente, la preservación de la salud de la población y el uso racional y sustentable de los recursos naturales”, y que ese marco impone al Estado local “un deber activo de prevención, control y recomposición frente a daños ambientales”. Al mismo tiempo, subraya el derecho de los vecinos a acceder a información pública completa, veraz y oportuna, y el deber del Ejecutivo de rendir cuentas sobre la administración del patrimonio público y de los servicios esenciales.
El texto enfatiza el rol estratégico del Centro Ambiental en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, ya que allí debían realizarse “las tareas de clasificación, tratamiento, acopio y disposición final”, por lo que “cualquier afectación significativa de sus instalaciones impacta de manera directa en el ambiente, en la salubridad pública y en la continuidad del servicio”. En esa línea, el proyecto advierte que el incendio habría provocado “la destrucción total de infraestructura crítica, equipamiento, vehículos y maquinaria pesada, así como el colapso del sistema de clasificación de residuos”, con un “serio resentimiento” en la prestación del servicio.
Ribetti también recoge testimonios públicos y extraoficiales según los cuales, al momento del hecho, no se encontrarían operativas las instalaciones de clasificación, se habrían restringido accesos y la circulación de información, y existirían interrogantes sobre el origen del incendio, las condiciones de seguridad previas y la operatoria actual del sistema de residuos. Frente a ese cuadro, plantea que es “indispensable” que el Concejo ejerza sus atribuciones de control y cuente con datos oficiales para evaluar los eventuales daños ambientales, operativos y económicos.
El proyecto establece que el Ejecutivo deberá responder, en un plazo máximo de diez días hábiles, un cuestionario dividido en cuatro ejes: impacto ambiental y seguridad, funcionamiento operativo del servicio, pérdidas materiales y económicas, e investigación del hecho. Entre otros puntos, se pide precisar cómo se está realizando hoy la clasificación, acopio y disposición final de los residuos; qué condiciones de seguridad y prevención de incendios tenía el predio; qué evaluación se hizo sobre posibles emisiones contaminantes o derrames de combustibles y residuos peligrosos; y qué medidas de contención y remediación se adoptaron inmediatamente después del siniestro.
El proyecto reclama además un listado completo y valuado de las pérdidas materiales, incluyendo vehículos, maquinaria pesada, equipamiento, herramientas e infraestructura; la aclaración del origen y situación administrativa de los bienes destruidos, en especial aquellos incorporados mediante convenios; la existencia de seguros vigentes, montos asegurados y estado de los reclamos; y un plan de inversiones y reconstrucción del Centro Ambiental, con plazos, fuentes de financiamiento y etapas previstas.
Finalmente, se solicita información detallada sobre el estado de las investigaciones administrativas, judiciales o periciales iniciadas para determinar el origen del incendio, así como una definición explícita sobre si se analiza o no la posible intencionalidad del hecho y qué organismos intervienen. La discusión legislativa de este pedido de informes se dará en paralelo a la preocupación social por los impactos que el incendio pudo haber generado sobre el ambiente, la salubridad y la continuidad del sistema de gestión de residuos de Villa Carlos Paz.
