El concejal Daniel Ribetti presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo municipal explique en diez días hábiles cómo funciona el esquema de móviles fijos en los 35 barrios, qué capacitación tiene el personal de Seguridad Urbana y bajo qué marco legal se implementa la política de prevención.
El concejal Daniel Ribetti, del bloque Juntos por Carlos Paz, presentó un proyecto de resolución para que el Departamento Ejecutivo municipal brinde un informe completo sobre el anuncio oficial de móviles fijos de Seguridad Urbana en todos los barrios de Villa Carlos Paz y sobre el marco operativo, formativo y jurídico de la política de seguridad local.
Según el proyecto, el pedido se apoya en la comunicación difundida por el municipio el 2 de septiembre de 2025, bajo el título “Refuerzan la prevención en todos los barrios”, donde se anunció la presencia de un móvil fijo de Seguridad Urbana y agentes estables asignados territorialmente en cada uno de los 35 barrios de la ciudad. En ese mismo comunicado, se presentó públicamente una flota de diez vehículos, dato que para el autor abre interrogantes sobre la viabilidad material del esquema anunciado.
El texto recuerda que el anuncio fue encabezado por el intendente Esteban Avilés, acompañado por el secretario general y de Vinculación Institucional Juan Manuel Lucero y la coordinadora de Seguridad Urbana Lorena Leguizamón, por lo que se le otorga “carácter oficial e institucional“. A partir de allí, el proyecto plantea que los vecinos tienen derecho a contar con información clara y verificable sobre los recursos, la capacitación del personal y las reglas de actuación del área.

En los considerandos, Ribetti advierte que “la falta de transparencia sobre los criterios de asignación territorial, la dotación real de recursos humanos y vehiculares, y la ausencia de protocolos verificables, induce a considerar que el anuncio podría responder más a una estrategia de comunicación política que a una política de seguridad sustentada en bases técnicas reales”, al resumir las dudas que motivan el pedido de informe.
Pedido de informe en seis ejes
El Artículo 1° de la resolución solicita al Ejecutivo que, en un plazo de diez (10) días hábiles, responda un extenso cuestionario organizado en seis bloques: dotación vehicular, personal y formación, marco jurídico y protocolos, coordinación con la Policía, sistemas de control y monitoreo, y articulación con la comunidad.
En primer lugar, se pide que se detalle la cantidad total de vehículos de Seguridad Urbana, con marca, modelo, patente, número de interno y estado operativo, y que se informe cómo están asignados territorialmente: barrio al que corresponde cada móvil, días y horarios de cobertura, y nombre y cargo del agente responsable. También se exige que se aclare si, en la práctica, existe un móvil fijo por cada uno de los 35 barrios y, si no fuera así, que se explique la diferencia entre lo anunciado y la realidad operativa.
En relación con el personal, el proyecto reclama datos sobre cuántos agentes están afectados a Seguridad Urbana, discriminados por barrio, turno y régimen laboral (efectivos, contratados y suplentes). Además, solicita información precisa sobre la formación recibida: instituciones que dictaron cursos, temáticas abordadas, cantidad de horas de capacitación, certificaciones oficiales y copia de los programas de estudios. También pregunta si el personal fue capacitado conforme a los estándares de la Ley Provincial 10.954 y si esa formación se gestionó a través del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia.
Leyes provinciales, protocolos y protección legal
Otro bloque del pedido se concentra en el marco jurídico y los protocolos. De acuerdo al proyecto, hasta el momento no consta que el municipio haya adherido a la Ley Provincial de Seguridad Ciudadana N° 10.907, una norma que, según sus fundamentos, permitiría acceder a financiamiento, formación técnica certificada, coordinación con fuerzas provinciales y lineamientos claros para la prevención del delito. El texto advierte que, sin esa adhesión, el desempeño del personal de Seguridad Urbana se desarrolla sin un marco técnico-legal específico, lo que condiciona la calidad y la profesionalización del servicio.
En esa línea, Ribetti pide que el Ejecutivo informe si existe un protocolo operativo vigente para la función preventiva, y que remita copia con las pautas de actuación, recorridos programados, tiempos de respuesta y mecanismos de coordinación con la Policía de la Provincia. También se consulta si se dictaron protocolos internos para temas como uso de la fuerza, control de motocicletas, intervención en situaciones de violencia de género y ruidos molestos, y cómo se garantiza la protección legal de los agentes ante eventuales denuncias penales derivadas de sus intervenciones, especialmente cuando no hay protocolos homologados por el Ministerio de Seguridad provincial.

El proyecto también indaga si se firmó algún convenio de coordinación operativa con la Policía de la Provincia, en los términos del Artículo 22 de la Ley 10.954, y pide copia de ese instrumento en caso de existir.
Estadísticas, observatorio y trabajo con los barrios
El pedido de informe incorpora, además, un capítulo vinculado a los sistemas de control y evaluación del servicio. Allí se consulta cómo se registran y sistematizan las intervenciones de los móviles de Seguridad Urbana (bitácoras, reportes diarios, estadísticas), cuántas denuncias vecinales fueron atendidas en los últimos seis meses y cuál fue su derivación y resolución.
También se pregunta si el Municipio tiene acceso directo al Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Provincia, previsto en el Artículo 16 de la Ley 10.954, o si desarrolló un sistema propio de recolección y análisis de datos delictivos, con estadísticas desagregadas por barrio y tipo de ilícito.
Finalmente, el proyecto apunta a la articulación con la comunidad. Se solicita que se informe cómo se vincula la política de seguridad urbana con los centros vecinales, considerados por la legislación provincial como actores clave en la prevención. Además, se pide un detalle de las acciones concretas que se han implementado para prevenir delitos contra la propiedad, hechos de violencia de género y consumo de estupefacientes en espacios públicos. Como punto específico, se consulta si se evaluó solicitar al Ministerio de Seguridad de la Provincia la instalación de una Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico, prevista en el Artículo 70 de la Ley 10.954, ante la problemática asociada al consumo y venta de drogas en espacios públicos de la ciudad.
































