El diputado libertario atraviesa una delicada situación judicial tras ser imputado por presunto lavado de dinero. Mientras el juez federal de San Isidro pidió permiso a la Cámara baja para registrar bienes, Espert solicitó licencia hasta diciembre sin renunciar al goce de dieta.
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, elevó un pedido formal a la Cámara de Diputados de la Nación para obtener autorización que le permita avanzar con medidas de registro y secuestro de bienes pertenecientes al legislador José Luis Espert, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, recientemente detenido y con orden de extradición a Estados Unidos.
La solicitud del magistrado se presentó este miércoles y deberá ser evaluada por el pleno de la Cámara baja, presidida por Martín Menem, ya que el diputado mantiene sus fueros parlamentarios pese a haber pedido licencia.
Licencia sin renunciar a la dieta
En paralelo, Espert presentó una nota ante la Presidencia del cuerpo legislativo en la que pidió licencia por motivos particulares hasta el 8 de diciembre, un día antes de la finalización de su mandato. Sin embargo, el legislador de La Libertad Avanza (LLA) no renunció al goce de sueldo, por lo que continuará percibiendo su dieta durante el período de inactividad.
La licencia aún debe ser tratada y aprobada por la Cámara en una sesión ordinaria, un formato que no se utiliza desde hace varios meses. El pedido se da en medio del proceso judicial iniciado por el fiscal federal Fernando Domínguez, quien imputó a Espert por haber recibido 200 mil dólares en 2020 del empresario Fred Machado, acusado en Estados Unidos de narcotráfico, fraude y lavado de activos.
Escándalo y derivaciones políticas
La situación del diputado libertario provocó tensiones dentro del oficialismo y derivó en su renuncia a la candidatura a diputado nacional y al cargo de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Aunque Espert sostiene su inocencia y denuncia una “operación política”, el avance judicial podría tener consecuencias institucionales dentro del espacio que lidera el presidente Javier Milei.
Fuentes parlamentarias señalaron que el pedido del juez Mirabelli busca garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas en la causa, aunque cualquier decisión sobre el levantamiento de fueros o registro de bienes deberá ser aprobada por mayoría en el recinto.
El caso, que combina un proceso judicial sensible con el desempeño de un funcionario público en ejercicio, mantiene en alerta al Congreso y al entorno presidencial, donde el tema ya se evalúa como una prueba de coherencia política frente al discurso de transparencia del gobierno.
