La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir en forma inmediata con los artículos centrales de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios y la actualización de becas estudiantiles. El Ejecutivo anticipó que apelará la resolución.
La Justicia federal ratificó este martes que el Gobierno nacional debe ejecutar de manera inmediata la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La decisión fue tomada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que rechazó la apelación del Estado y confirmó la medida cautelar dictada en primera instancia a fines de 2025 en una causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y respaldada por decenas de universidades públicas.
El fallo obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Esos puntos establecen la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma, con un criterio no inferior a la inflación, y también la recomposición de los programas de becas para estudiantes.
En su resolución, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán sostuvieron que el Congreso ya había agotado el procedimiento previsto por la Constitución y que, por lo tanto, la ley debía aplicarse. El tribunal remarcó que el Poder Ejecutivo no puede suspender la vigencia de una norma del Congreso apoyándose en otra ley anterior de la misma jerarquía, y rechazó además los argumentos oficiales al considerar que no desvirtuaban lo resuelto en la instancia previa.
La Cámara también avaló el criterio sobre el “peligro en la demora” y entendió que estaban comprometidos derechos de carácter alimentario, tanto por la pérdida del poder adquisitivo de salarios universitarios como por el deterioro de las becas. En ese marco, señaló que el impacto fiscal de la cautelar no aparecía como una afectación decisiva del interés público y recordó que en el caso está en juego el derecho a la educación superior pública.
La disputa judicial se originó después de que el Congreso insistiera con la sanción de la ley y el Ejecutivo la promulgara mediante el Decreto 759/2025, aunque condicionando su ejecución a la definición de fuentes de financiamiento y partidas presupuestarias específicas. Ese esquema fue precisamente el que quedó bajo cuestionamiento en la causa que ahora volvió a fallar contra el Gobierno.
Tras el nuevo revés judicial, en la Casa Rosada ya dieron por hecho que presentarán una nueva apelación. Según trascendió, la estrategia oficial apunta a intentar llevar el caso a la Corte Suprema mientras, en paralelo, analiza una salida administrativa para cumplir con la orden judicial sin absorber de una sola vez todo el impacto presupuestario.
