La Justicia de Córdoba allanó este viernes por la tarde la Legislatura provincial y secuestró documentación de las áreas de sueldos y administración, en el marco de las causas por presuntos “empleados fantasmas” y contrataciones bajo sospecha, según información publicada por el portal Cba24n.
A casi un año de que se hiciera público el escándalo de los presuntos “empleados fantasmas” en la Legislatura de Córdoba, la Justicia provincial volvió a avanzar sobre el funcionamiento interno de la Unicameral. Este viernes por la tarde se realizó un allanamiento en las oficinas del edificio legislativo con el objetivo de secuestrar documentación vinculada a personal contratado que no estaría cumpliendo funciones.
De acuerdo a información publicada por el portal Cba24n, el procedimiento se inscribe en el marco de dos denuncias que tramitan en Tribunales y que se suman al caso que tuvo como protagonista al exlegislador Guillermo Kraisman, quien en enero intentó cobrar en una ventanilla del Banco Córdoba el sueldo de Virginia Martínez, una mujer que figuraba como empleada de la Legislatura pero que, según sus propios dichos, jamás “asistió a trabajar”.
Las actuaciones estuvieron a cargo de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2.ª Nominación, conducida por Franco Mondino, con colaboración de personal policial, de la Dirección de Investigación Operativa del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Equipos de Computación de Policía Judicial. La documentación secuestrada quedará ahora bajo análisis de la fiscalía para determinar eventuales responsabilidades administrativas y penales.
Hasta este sábado no hubo comunicaciones oficiales sobre el operativo. Sin embargo, allegados a la vicegobernadora Myrian Prunotto, a cargo de la Legislatura, señalaron que las autoridades quieren “que se llegue a la verdad hasta lo último que deba investigarse” y afirmaron que les “pone contentos que se llegue hasta las últimas consecuencias”, en referencia al avance de la investigación.
Desde la oposición, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, legislador Matías Gvozdenovich, expresó su “máxima preocupación” por el allanamiento realizado en las áreas de sueldos y administración, al considerar que “evidencia el dudoso manejo que hacen las autoridades de los recursos públicos de todos los cordobeses”. En esa línea, exigió “la total apertura de la información y la máxima transparencia de parte de las autoridades para el rápido esclarecimiento y la cooperación con la justicia”.
Gvozdenovich adelantó además que la UCR presentará un pedido de informes para que se detallen las razones del procedimiento judicial y se identifique a los empleados y/o funcionarios involucrados, mientras la causa por presunto personal fantasma mantiene bajo observación pública el esquema de contrataciones de la Legislatura cordobesa.
