Por Evelina Ramírez y Jorgelina Quinteros
Facundo Trotta tiene 40 años. Nació el 27 de abril de 1976. “Un mes después del golpe”, contextualiza. Su primera referencia a la dictadura cívico militar la tuvo en el marco del levantamiento carapintada ocurrido en la Semana Santa de 1987. “Ahí mis padres me dijeron que podían volver los militares”, recuerda.
Hoy integra el equipo del Ministerio Público Fiscal que lleva adelante la investigación de lo que se conoce como “la megacausa la Perla”.
Se trata del segundo juicio más grande que investiga el terrorismo de Estado, después de la causa de la exESMA (Escuela Mecánica de la Armada). La mega-causa ha sido llamada así por su dimensión en términos de víctimas, testigos y querellantes; aunque su magnitud también refiere al peso simbólico que conlleva juzgar el modelo represivo implantado en Córdoba.
Por el juicio pasaron 581 testigos y en la que se incluyeron 716 víctimas, de las cuales 279 están desaparecidas, 71 fueron asesinadas y sus cuerpos fueron recuperados, mientras que 13 fueron muertas luego de sesiones de torturas. También se juzga la sustracción de un menor, el nieto de Sonia Torres, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba.
Trotta comenzó a trabajar en esta causa como ayudante de Carlos Gonella y a los pocos días debió reemplazarlo cuando aquél asumió como titular de la Procelac (Procuraduría del Lavado de Activos). “No soy el mismo después de este juicio”, reconoce con profunda humanidad.
Los acusados son 45. La mitad de ellos se encuentran excarcelados o en prisión domiciliaria (tal es el caso del represor Luciano Benjamín Menéndez). En sus alegatos, Trotta pidió la prisión perpetua para 35 de los acusados; para los 10 restantes, solicitó condenas de entre 3 y 25 años de prisión.
Para justificar las penas solicitadas, la Fiscalía los hizo responsables por los delitos de privación ilegítima de libertad, allanamiento ilegal, usurpación, robo calificado, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado, sustracción de menores y tormentos seguidos de muerte.
Trotta mencionó entre otros procedimientos ilegales el allanamiento y usurpación de las empresas Mackentor (construcción), Horcem (caños de cemento) y Edisa (embotelladora del Interior, de la gaseosa Neuss), que eran propiedad del ingeniero Natalio Kejner.
Se estima que para las primeras semanas de agosto se conocería la sentencia.
En una extensa charla mantenida con VillaNos Radio, el fiscal dio los fundamentos por los cuales prefiere hablar de una “dictadura cívico- militar”.
“Hemos tenido un combo que hizo posible que la dictadura golpeara de esta manera. Está claro que fue una dictadura cívico-militar porque si lo cívico hubiera estado a la altura de la circunstancias no digo que no hubiéramos tenido dictadura, pero sí no lo hubiéramos tenido de la forma que se dio.
“Si no hubiéramos tenido cómplices civiles que entregaban a personas que trabajaban en empresas; si no hubiéramos tenido cómplices en el ámbito eclesiástico que miraban para otro lado o tenían conocimiento de listas de las personas que iban a ser secuestradas y no hicieron nada, creo que la dictadura no hubiera golpeado de la manera que lo hizo”.
Dijo que, en proporción, Córdoba fue el lugar donde la represión más golpeó y que los principales afectados fueron los sectores obreros y estudiantiles. Que en el caso de nuestra provincia, el terrorismo de Estado llegó antes del golpe (lo situación después del Navarrazo en febrero de 1974, pero sobre todo a partir de la intervención del brigadier Raúl Lacabanne). Habló de la perversidad y de que “Menéndez no obedecía órdenes ni siquiera de Videla”.
Apasionado y enfático al hablar. Sin dar lugar a la primera pregunta, comienzo haciendo referencia a la importancia de esta megacausa en términos históricos.
“Somos la provincia que más juicios ha realizado. Desde el 2008, prácticamente todos los años tenemos sentencias y juicios. La única excepción ha sido este gran juicio que nos ha llevado mucho tiempo pero que, en número de víctimas, hemos superado todo lo que veníamos haciendo desde antes.
“El proceso de juzgamiento que tiene Argentina es un ejemplo a nivel mundial. No existe un país en el mundo que haya sometido con sus propios jueces naturales a quienes cometieron el genocidio y crímenes de lesa humanidad en su propio país. No hay experiencias en el mundo. Con lo cual es un proceso que es visto, estudiado, valorado y elogiado por todo el mundo.
“Lo que nosotros podemos hacer con estos juicios es, por un lado, dar respuestas a las víctimas que desde años le reclaman a la justicia que le diga qué pasó con su ser querido o quién es el responsable de su situación. Hay muchas víctimas secuestradas que son sobrevivientes y otras que han sido asesinadas y en algunos casos, desaparecido su cuerpo.
“Esto busca tener un efecto reparador para la víctima. Porque además no es cualquier víctima. La víctima del terrorismo de Estado es especialmente vulnerable, con muchas posibilidades de ser revictimizada cuando uno hace un proceso. Por eso no tiene que tener un abordaje especial, porque el daño que se les ha causado difícilmente se supere. Lo dicen los testigos, la marca de la tortura es para toda la vida.
“Además de este efecto reparador, hay un mensaje social disuasorio. Porque juzgar los crímenes de lesa humanidad también implica dejar un mensaje de que estos delitos no quedan impunes. Y la prohibición de matar, sigue siendo relevante para nosotros.
“Estos procesos también tienen otro condimento, y es el componente histórico. Esta es la parte más oscura de la historia de nuestro país, donde se violaron de manera masiva los derechos humanos. Hubo campos de concentración, hubo víctimas que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas, hubo víctimas que fueron abusadas y violadas. Hay todo un componente social y político que es indispensable conocerlo como sociedad, porque uno aprende”.
– Hay mucha expectativa puesta en lo que será la sentencia. Por varias cuestiones. Por un lado, el momento político que vive el país y, por el otro, porque también empiezan a escucharse voces que defienden la idea de la prisión domiciliaria para los represores por su edad, el intento de incluir dentro de la ley del arrepentido a los delitos de lesa humanidad (en términos que impliquen reducción de pena si aportan alguna información, lo cual finalmente no prosperó)…
– Sí. Cada tanto hay esos intentos. En el cierre de mi alegato me ocupé de ese tema. Lo preparé pensando en hacer un resumen de lo que nosotros nos habíamos ocupado que era ver como operaba el grupo de tareas, cómo actuaron agazapados en las sombras, procurando la impunidad, como se autodenominaron de maneras distintas: “patota”, “Comando Libertadores de América”, “Triple A”.
En realidad, lo que ellos no querían era dar sus nombres propios porque sabían que están actuando al margen de la ley, de las instituciones y de la Constitución. Ellos sabían que en algún momento la sociedad iba a pedir que sean juzgados por lo que habían sido. Y yo los definí como terroristas crueles pagados por el Estado.
Todas las víctimas que hemos tenido en esta causa tenían proyectos de vida, metas casi siempre compartidas con los familiares y seres queridos. Todos esos proyectos fueron arrasados, destruidos. Y los describí como mentes perversas que cometieron atrocidades que desafían la imaginación. Hubo situaciones descriptas en el juicio que uno no puede dejar de sorprenderse.
A pesar de que han pasado 40 años, me parece que estos hechos se mantienen en la conciencia, en la memoria y en el corazón del pueblo argentino. Difícilmente uno no se sensibilice cuando hablamos del golpe cívico-militar. Fijate en las manifestaciones que se dan cuando se cumple un nuevo aniversario.
No obstante creo que hay un sector claramente minoritario que piensa otra cosa. Y digo que es minoritario porque cuando hay alguna expresión que se quiere relativizar el número de desaparecidos o cuando se quiere sancionar una ley en la que se pretende llegar a la impunidad absoluta en cuanto a los responsable de los crímenes de lesa humanidad, lo cual además viola tratados internacionales que Argentina ha firmado, siempre hay una resistencia importante.
Esto nos indica que todavía es una posición minoritaria la que reclama la concordia, postula el cese de los juicios.
Hay gente que me cruza en la calle y me dice ¿hasta cuándo lo van a condenar a Menéndez?, ¿hasta cuándo van a seguir los juicios? Hay un hasta cuándo. Todavía queda mucho por hacer. ¿Hemos avanzado mucho? Sí. ¿Somos ejemplo a nivel mundial? Sí. ¿En Córdoba se han hecho muchos juicios? Sí.
Estuvimos tres años y medio, pero pudimos juzgar los casos de 716 víctimas. Ellas todavía están esperando respuesta. Entonces ¿hasta cuándo? Hasta que todas las víctimas tengan respuestas. Sonia Torres todavía sigue buscando su nieto. Hasta que no encontremos su nieto, vamos a seguir.
No es que no queremos terminar el proceso. ¿Quién no quiere terminarlo?
¿Es necesario cerrar los procesos? Sí. ¿Es necesario cerrar los procesos de memoria, verdad y justicia? Bueno. Verdad y memoria creo que no va a cerrar nunca. ¿Justicia? Seguro. ¿Juzgar a los genocidas? Y si… ojalá que terminemos lo más rápido posible. Que demos respuesta a todas las víctimas.
Uno tiene que tener mucho cuidado cuando se refiere a estas cosas. Porque piensa en los “viejitos”, pero no piensa en las “viejitas” que están buscando a sus nietos o a sus hijos. ¿Y los restos de los desaparecidos, dónde están?
Entonces, me preguntan: “Bueno, fiscal ¿hasta cuándo?”. Cuando me traigan el último hueso, diré: “Listo. Ya está. Terminé”. Ojalá llegara ese día. ¿Quién no quiere que llegue el día en que podamos darle el último hueso a cada uno de los familiares, el último nieto a cada una de las abuelas?, ¿quién no quiere eso?
– En el caso de Menéndez, está en prisión domiciliaria. ¿Hubo un pedido de la fiscalía para que se revise el estado de salud y se analice si amerita o no contar con el beneficio de la prisión domiciliaria?
– Sí. Lo formuló la fiscal Rafael Vehils Ruiz. Muchas veces se habla, y esto fue publicado por el diario La Nación no como nota editorial, pero si como nota periodística donde se habló de que este proceso de juicios está planteado desde la venganza. Allí se dice que la mayoría de estos viejitos no tenían ningún derecho ni garantía. Mienten.
Como los acusados se quedaron en un campo de concentración y cuando declaran, hablan como si todavía estuvieran ahí. Los familiares o los que comparten la visión de los militares todavía siguen en la lógica de la manipulación de la opinión pública.
Cuando ellos dicen que esto es una venganza y que pobre “los viejitos” que no se les dan las garantías, ¡mienten! Mienten descaradamente. En esta megacausa tengo 45 imputados. La mitad de los imputados están excarcelados o con prisión domiciliaria. Entonces no pueden ser tan mentirosos de decir que están todos detenidos. Estoy diciendo que son personas que cometieron delitos de lesa humanidad que están excarcelados. En libertad. No prisión domiciliaria. Y otro tanto está en prisión domiciliaria. Y se las respeta.
Cuando la fiscalía pidió que se controle y revise la prisión domiciliaria es por la siguiente circunstancia. La prisión domiciliaria se concede en determinadas circunstancias: al enfermo terminal, al que tiene más de 70 años. Hay un dictamen de la Procuradora (Alejandra Gils Carbó) ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Cámara Federal de Casación donde se dice que la prisión domiciliaria no puede ser concedida solo teniendo en cuenta la edad, porque la razón de la ley no fue esa. La razón de la ley fue que la prisión domiciliaria era una modalidad de cumplimiento de la prisión que queda morigerada en miras a la dignidad de la persona humana.
Me ha pasado que me preguntaron ¿cómo puede ser que estén sus casas? A las víctimas de esta causa, no les aplicaron el Código Penal. Nosotros sí lo estamos aplicando. Nosotros tenemos que dar un mensaje: todo dentro de la ley, nada fuera de ella.
– En términos personales, ¿cómo ha vivido esta causa?
– Ha sido una experiencia que difícilmente se vaya poder repetir. Estoy absolutamente convencido de que soy otra persona. Este juicio te da una riqueza profesional inigualable, pero a la vez mucha exigencia. En un juicio oral, uno tienen que interrogar y yo lo hice con más de 400 testigos. ¿Cuántos años necesitarían los fiscales para poder interrogar a 400 testigos?
Eso te da la experiencia sobre en qué momento interrogar, cuando profundizar en algo y cuando no. Más en estos juicios, cuando las víctimas son complejas. En la mayoría recibieron tratamiento psicológico para poder afrontar ese momento sumamente traumático, necesitaban de alguien que lo pudiera sostener y poder estar firme. Agradecí al equipo de acompañante psicológico, que fue fundamental para que la víctima nos pudiera contar toda su experiencia, revivir el momento más difícil de su vida.
En este juicio, uno ha entablado contactos, relaciones, ha escuchado historias de vida. Uno absorbe todo eso. No ha sido fácil para mí. Todavía no lo he podido terminar de elaborar. De parte de los familiares, he recibido mucho cariño. Eso también moviliza mucho. Todo el esfuerzo que uno hizo, lo hizo pensando en los familiares. Eso me llena el alma.
Pero uno vuelve siempre a esos momentos de dolor y de quiebre de la víctima. Para uno poder decirlo, también tuvo que sentirlo. En mi alegato no me quebré. En dos oportunidades estuve a punto de quebrarme, pero seguí. No porque me diera vergüenza, sino porque siento que si me quiebro no se dice el alegato con la fuerza que se tiene que decir.
Al momento de exponer, uno tiene que darle el condimento emotivo que tiene un testimonio. Lo más importante para mí es poder ser el puente de la emoción que me transmitió la víctima y el familiar. Y en la medida en que yo me acerque lo más posible a esa emoción, yo voy a sentir realizado mi trabajo.
– ¿Cree que vivimos en el país del “Nunca Más”?
– Uno tiene que darle el alcance que esa palabra tiene hoy. Cuando se dijo “Nunca más”, nos referíamos a que nunca más tengamos terrorismo de Estado. Yo creo que efectivamente, tenemos un “nunca más al terrorismo de Estado”. Ahora, si vos me preguntás ¿estás seguro? Y, no. Seguro no estoy.
Bueno, ¿y cómo hacemos? Ahí viene el “Nunca Más” para el futuro. El nunca más tiene que ser reeditado para que aprendamos constantemente, repasemos, recordemos y reflexionemos. Es a través de la Memoria, la Verdad y la Justicia que se reflexiona. El nunca más debe ser enriquecido. Creo que más que el “Nunca Más” hay que hablar de Memoria, Verdad y Justicia, como un proceso dinámico.
¿Hasta cuándo?
“Si se refieren a que hay que hacer más rápidos los juicios, yo estoy de acuerdo. Si nos ponemos a ver la rapidez con la que quieren que se hagan los juicios, hace 8 años que estamos con el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Las víctimas hace 40 que están esperando respuestas. Las víctimas también quieren rapidez. Las víctimas hubieran querido que le den respuestas en el 85, 86, en los 90… no en el 2016. Las víctimas no son responsables de 20 años de impunidad a los genocidas. Las víctimas no se cansaron de pedir respuestas a la justicia”.
Nota correspondiente a la edición n° 417 del semanario La Jornada, del 22 de mayo de 2015.
