Por Alejandro Gómez
La precarización laboral en el Estado municipal no es nueva ni exclusiva de un partido. Los contratos temporarios, las becas y otras modalidades para cubrir necesidades habituales de la administración atravesaron distintas gestiones, junto con los cuestionamientos por las condiciones de trabajo y el posible aprovechamiento político del empleo público.
Los quince años transcurridos desde la llegada de Carlos Paz Unido al gobierno de Villa Carlos Paz, en 2011, permiten observar una tendencia sostenida: mientras la cantidad de personas vinculadas con el municipio creció considerablemente, los cargos presupuestados destinados a garantizar estabilidad laboral permanecieron congelados.
El registro oficial de septiembre de 2026 incluye 1.375 personas: 289 de planta permanente, 921 contratadas, 116 beneficiarias de becas, 39 autoridades superiores y 10 integrantes del personal de gabinete. Así, 1.037 personas, equivalentes al 75,4% del total, figuran bajo contratos o becas. Tres de cada cuatro integrantes de la nómina carecen de la estabilidad propia de la planta permanente.
Una planta permanente que no acompañó el crecimiento
El Presupuesto Municipal de 2011, último de la gestión de Carlos Felpeto, contemplaba 341 cargos de planta permanente sobre una estructura aproximada de 650 empleados. No todos esos cargos estaban necesariamente ocupados.
En 2016, ya durante la gestión de Carlos Paz Unido, los puestos permanentes presupuestados habían aumentado a 349, mientras la nómina alcanzaba las 1.185 personas, a las que se agregaban 246 locaciones de servicios. En mayo de 2024, el municipio registraba 1.524 personas y otras 276 locaciones, vinculadas mayormente con prestaciones del área de salud. Fue el último mes en que estas últimas aparecieron discriminadas en los informes públicos de personal.
La cantidad de empleados no evolucionó de manera lineal y suele registrar picos en períodos cercanos a las elecciones, una variación especialmente significativa cuando predominan incorporaciones temporarias.
El contraste central es otro: mientras la nómina registrada más que se duplicó en quince años, los cargos presupuestados para planta permanente aumentaron apenas ocho, de 341 a 349. De esos últimos, en septiembre estaban ocupados solamente 289: quedaban 60 sin cubrir.
Los cargos autorizados no equivalen necesariamente a empleados efectivos. Pero esa diferencia permite identificar una decisión sostenida: la expansión de la administración municipal no fue acompañada por un crecimiento comparable de los puestos destinados a garantizar estabilidad.
El costo laboral de la incertidumbre
Quien integra la planta permanente dispone de garantías de estabilidad y posibilidades de desarrollar una carrera administrativa. En cambio, un contratado puede pasar años realizando tareas habituales del municipio mientras depende de renovaciones periódicas, en ocasiones mensuales. La continuidad queda así sujeta a decisiones que escapan al control del trabajador.
Esa incertidumbre repercute sobre los ingresos familiares, dificulta proyectos a largo plazo y condiciona la libertad para formular reclamos. Para el Estado, los contratos ofrecen flexibilidad administrativa y presupuestaria; para quienes trabajan bajo ese régimen, buena parte del riesgo se traslada a su vida cotidiana.
Las becas abren otro interrogante. Según la nómina de septiembre, sus 116 beneficiarios cumplen jornadas de siete horas y realizan tareas de atención al público, inspección, maestranza, mantenimiento y operación de cámaras, entre otras. Se trata de funciones habituales de distintas áreas municipales, lo que obliga a preguntarse hasta qué punto esos programas responden a una finalidad formativa o cubren necesidades permanentes de personal.
La Carta Orgánica Municipal, en su artículo 103, reconoce cuatro categorías de empleo: permanente, contratado, transitorio y de gabinete. Establece concursos públicos para ingresar a planta permanente, con igualdad de oportunidades y reconocimiento de la experiencia, y garantiza estabilidad a quienes acceden a esa condición. También prohíbe contrataciones laborales fuera de ese régimen, con la excepción prevista para profesionales que soliciten prestar servicios mediante locaciones. Las becas no aparecen entre las categorías enumeradas.
Sobre ese punto se pronunció el tribuno de Cuentas de la minoría, Gustavo Molina. Al analizar la Cuenta General del Ejercicio 2025, cuestionó -entre otras cosas- la documentación relativa a la asignación y pago de becas por considerar que se contrapone con el artículo 103 y los fundamentos de la Ordenanza 4088, vinculados con capacitación, metas y programas. Su observación vuelve sobre una pregunta esencial: cuál es la finalidad efectiva de las becas cuando sus beneficiarios realizan labores ordinarias del municipio.
La dependencia del poder político
Un sistema basado en renovaciones también puede incrementar la capacidad de presión de las autoridades. Cuando conservar el trabajo depende de una decisión periódica, cuestionar una orden, reclamar condiciones mejores o expresar disidencias puede resultar más difícil. La amenaza no necesita formularse: el temor a perder el ingreso puede actuar como mecanismo de disciplinamiento.
En Villa Carlos Paz, sectores opositores cuestionaron la participación de contratados y becarios en actividades proselitistas, desde la distribución de material partidario hasta la asistencia a actos. El problema no es que un empleado intervenga libremente en política, sino cuánto margen tiene para negarse cuando la convocatoria llega de personas con influencia sobre su continuidad laboral.
La discusión reapareció en octubre en el Concejo de Representantes, durante el tratamiento de un nuevo concurso para el pase a planta. Daniel Ribetti, de Juntos por Carlos Paz, cuestionó la relación entre empleo municipal e identidad partidaria y aludió a trabajadores que temen perder su contrato si reclaman o expresan diferencias. “Tenemos que empezar a entender que no puede estar vinculada la planta municipal de trabajadores a la identidad exclusiva de un partido político”, sostuvo.
Concursos y estabilidad: una respuesta parcial
Las gestiones de Carlos Paz Unido realizaron pases a planta permanente en 2015, 2019, 2022 y 2025, mediante concursos y acuerdos con el Sindicato de Trabajadores Municipales. Fueron avances concretos para quienes consiguieron estabilidad después de años de servicio, y el oficialismo los reivindicó como parte de su política laboral.
En enero de 2019, el entonces secretario de Coordinación de Gabinete, Daniel Gómez Gesteira, destacó que el trabajo conjunto desarrollado desde 2011 buscaba “romper la precarización laboral existente”. La declaración también tenía un contexto político: Gómez Gesteira se perfilaba como candidato a intendente de Carlos Paz Unido y terminaría ganando las elecciones municipales de junio de ese año.
Pero las incorporaciones no modificaron el predominio de contratos y becas. Los concursos se sucedieron sin que creciera significativamente la cantidad de cargos permanentes autorizados, de modo que la regularización de algunos trabajadores convivió con un esquema mayoritariamente precario.
La contradicción reapareció en octubre de 2026, cuando el Concejo aprobó por once votos contra uno otro llamado a concurso. Alejandra Roldán defendió la continuidad de la herramienta y el reconocimiento de la antigüedad. Fernando Revello pidió saber cuántos cargos serían cubiertos; la presidenta del cuerpo reconoció que no contaba con esa información.
Hay, además, una característica central de este mecanismo: no se trata de un concurso abierto a la comunidad, ni de oposición y antecedentes. La selección queda restringida a trabajadores ya vinculados con la Municipalidad y se reduce básicamente a una planilla de valoración, que pondera los años de permanencia como contratado y el nivel educativo alcanzado por cada postulante. No hay una prueba de oposición que permita comparar conocimientos o capacidades para el puesto.
Ese sistema reconoce la experiencia acumulada por quienes llevan años trabajando, un criterio significativo frente a trayectorias prolongadas sin estabilidad. Pero también delimita quiénes pueden aspirar a los cargos y cuáles son los elementos que deciden el orden de selección. La cuestión de fondo no es solamente cuántos pasan a planta, sino qué oportunidades existen para acceder al empleo estable y con qué procedimiento se distribuyen.
La incógnita sobre las vacantes adquiere mayor peso frente a los 60 cargos presupuestados que estaban sin ocupar en septiembre. Esa diferencia no permite establecer, por sí sola, cuántos puestos se habilitarán en este llamado.
A ello se agrega una limitación informativa: desde mayo de 2024 las locaciones de servicios dejaron de detallarse en las nóminas mensuales. Sin conocer cuántas permanecen vigentes y qué funciones cumplen, las 1.375 personas no reflejan necesariamente todas las vinculaciones laborales y profesionales con el municipio.
Quince años después
Carlos Paz Unido no creó la precarización laboral municipal: recibió una práctica extendida y, a lo largo de cuatro gobiernos consecutivos, sostuvo y profundizó una estructura que descansa mayoritariamente en vínculos sin estabilidad. Hubo concursos, acuerdos sindicales y trabajadores efectivizados. También hubo un crecimiento considerable de la nómina sin una expansión equivalente de la planta permanente.
El nuevo concurso puede mejorar la situación laboral de quienes resulten seleccionados. Pero deja intactas preguntas más amplias: por qué tareas que el municipio necesita año tras año siguen cubiertas mediante vínculos renovables, por qué el número de cargos estables apenas cambió en quince años y qué margen de discrecionalidad le concede esa estructura al gobierno de turno.
Tres de cada cuatro integrantes de la nómina siguen bajo contratos o becas. Detrás de la estadística hay trabajadores que sostienen servicios municipales sin saber con certeza cuánto durará su relación laboral. Esa incertidumbre es uno de los rasgos persistentes del modelo.
Nota correspondiente a la edición n° 628 del periódico La Jornada, del 28 de octubre de 2026.
