Con sus siete votos, Carlos Paz Unido incorporó $8.707 millones al Presupuesto General de Gastos 2026, que ascenderá a $113.843 millones. Carlos Quaranta cuestionó las previsiones de recaudación y afirmó que el Ejecutivo no explicó cómo logrará aumentar el cobro de tasas y deudas de ejercicios anteriores.
Con los siete votos de Carlos Paz Unido, el Concejo de Representantes sancionó en segunda lectura la ampliación por $8.707 millones del Presupuesto General de Gastos 2026.
Carlos Quaranta, de Carlos Paz Inteligente, no acompañó el proyecto y sostuvo que algunas de las mayores previsiones de recaudación incorporadas por el Ejecutivo carecen de una explicación suficiente.
“Hay cuestiones que pueden ser comprendidas, que las podemos discutir o no, y hay cuestiones que claramente están dibujadas”, afirmó antes de la votación.
La iniciativa contempla además una redistribución interna de partidas por $791,9 millones. Ese movimiento no altera el monto global del presupuesto, porque compensa aumentos y reducciones entre distintas áreas.
El presupuesto vigente asciende a $105.136.980.212. La incorporación de otros $8.707 millones representa un aumento aproximado del 8,28% y eleva el cálculo total a $113.843.980.212.
Durante la segunda lectura, el oficialismo defendió la modificación como una adecuación necesaria para sostener servicios, personal, mantenimiento y obras.
Quaranta concentró su rechazo en la posibilidad real de recaudar los recursos proyectados, especialmente mediante tasas municipales y recuperación de deudas de ejercicios anteriores.
El 61,5% del aumento va a personal y contrataciones
De los $8.707 millones incorporados, $5.357 millones corresponden a autoridades superiores, personal permanente, empleados contratados y locaciones profesionales.
Esa suma equivale al 61,5% del incremento total.
La distribución comprende:
- $3.676,8 millones para personal contratado.
- $913,6 millones para personal permanente.
- $727,6 millones para locaciones profesionales.
- $39 millones para autoridades superiores.
El proyecto no permite determinar cuántas incorporaciones nuevas se realizaron, cuántos contratos se pretende financiar ni qué proporción del aumento responde a actualizaciones salariales sobre relaciones laborales ya existentes.
La ampliación incluye además:
- $1.300 millones para construcciones y trabajos públicos.
- $900 millones para recolección de residuos.
- $500 millones para mantenimiento y reparación de vías de comunicación.
- $450 millones para juicios y mediaciones.
- $200 millones para servicios básicos.
Merlino negó una expansión de la estructura municipal
Raquel Merlino, de Carlos Paz Unido, sostuvo que el peso de las partidas laborales debe analizarse en función de los servicios que presta diariamente el municipio.
“En una administración cuya función principal es prestar servicios, la mano de obra es uno de sus insumos centrales y eso no significa que exista una expansión de la estructura municipal”, afirmó.
La concejala aseguró que la nómina disminuyó desde el inicio de la actual gestión.
“Si analizamos la nómina de personal desde que asumió esta gestión, podemos ver que hoy cuenta con una disminución de aproximadamente 170 agentes, lo que representa una reducción aproximada del 11% de la nómina”, señaló.
Durante la sesión no se presentó un detalle que permitiera conocer cuál era la cantidad inicial de agentes, qué período comprende la comparación, cómo evolucionaron por separado la planta permanente y los contratados, ni si el cálculo incluye becarios y locaciones profesionales.
Merlino también sostuvo que las becas no aumentan dentro de la ampliación de $8.707 millones y que, dentro del reordenamiento compensado, presentan una reducción neta.
Respecto de las locaciones profesionales, afirmó que se mantienen alrededor del 6%.
El oficialismo sostuvo que los recursos están identificados
Merlino explicó que el aumento del gasto está acompañado por un incremento equivalente en el cálculo de recursos.
Según detalló, los fondos provendrán de conceptos ya existentes: recursos del ejercicio vigente, recuperación de obligaciones de ejercicios anteriores, publicidad y propaganda, derechos de oficina, multas del Tribunal de Faltas y Policía Caminera.
“Esta ordenanza no crea una tasa nueva ni incorpora una fuente indeterminada de recursos”, sostuvo.
La concejala señaló además que el presupuesto se elabora durante octubre del año anterior y luego debe adaptarse a la evolución efectiva de los costos y obligaciones municipales.
“Adecuarlo no significa apartarse de lo aprobado, sino actualizar sus partidas para que los servicios puedan sostenerse y las obligaciones puedan cumplirse”, planteó.
La discusión no estuvo centrada en si los conceptos aparecen identificados contablemente, sino en si el municipio podrá recaudar efectivamente las sumas proyectadas.
Un aumento del 18% en la previsión de tasas
Quaranta sostuvo que el municipio viene recaudando por debajo de sus estimaciones presupuestarias y que, pese a esos antecedentes, el Ejecutivo vuelve a ampliar el cálculo de ingresos durante el ejercicio.
Según expuso, la previsión de recursos provenientes de tasas municipales pasa de aproximadamente $48.700 millones a $57.300 millones.
“El impacto es del 8% sobre el total del presupuesto, pero solamente el incremento sobre las tasas municipales es del 18%”, afirmó.
El concejal admitió que algunos aumentos pueden explicarse por las actualizaciones aplicadas durante el año, especialmente en conceptos de monto fijo.
Sin embargo, cuestionó las previsiones relacionadas con la recuperación de deudas anteriores.
“Nos llama mucho la atención este cálculo muy optimista, muy optimista, sumamente optimista que hace el Ejecutivo en relación al recupero de deuda”, sostuvo.
Quaranta señaló que, según su análisis, la previsión de recursos del ejercicio vigente aumenta un 28% en la tasa por servicio a la propiedad, un 16% en actividad comercial, un 32% en vehículos automotores y un 41% en cementerio.
También remarcó que el proyecto prevé mayores ingresos por obligaciones impagas de años anteriores.
El concejal afirmó que durante el trabajo en comisión preguntó qué medidas concretas permitirían incrementar considerablemente la recuperación de deuda.
“Pregunté puntualmente cuál es el trabajo que está haciendo el municipio para creer que va a recaudar un 30% más de la deuda de la que estimamos a fin del año pasado y nadie supo responderme por qué”, sostuvo.
Quaranta diferenció la tasa de Industria y Comercio, que depende de declaraciones juradas y puede ser objeto de controles o reliquidaciones, de la tasa a la Propiedad, cuyo cálculo realiza directamente el municipio.
“En Industria y Comercio dependemos de la declaración jurada del comerciante. Ahora, no vamos a revisar la liquidación de la tasa a la propiedad porque eso lo hace el propio municipio”, planteó.
Según su interpretación, la ampliación de los recursos permite justificar formalmente el incremento de los gastos y luego recurrir a partidas que habitualmente quedan sin ejecución.
“Inflamos el presupuesto para justificar este incremento de las partidas presupuestarias, sobre todo las que tienen que ver con personal”, afirmó.
Guruceta atribuyó la mejora a controles y morosidad
Sebastián Guruceta, de Carlos Paz Unido, respondió que la mayor recaudación de ejercicios anteriores puede surgir tanto del cobro de obligaciones morosas como de tributos que no fueron correctamente determinados.
“La recaudación de ejercicios anteriores puede estar determinada ya sea por la morosidad en el caso del pago por parte de los contribuyentes o, en su defecto, también por la falta de determinación correcta de parte de los tributos”, explicó.
El concejal indicó que las áreas de Economía e Industria y Comercio pondrán especial atención en la morosidad, la determinación de obligaciones, la fiscalización de declaraciones y la recuperación de deudas.
Sostuvo que esas áreas proyectan una mejora de los ingresos durante el ejercicio y que la ampliación permitirá también afrontar obras, entre ellas el programa de pavimentación tratado previamente por el cuerpo.
La explicación no incluyó un detalle de las acciones previstas, los objetivos por tasa ni los resultados obtenidos hasta ahora.
Una respuesta que Quaranta consideró insuficiente
En una segunda intervención, Quaranta respondió que los porcentajes mencionados en el proyecto eran superiores al rango del 10% al 20% señalado por Guruceta.
“El incremento que se plantea sobre las tasas no es de un 10% o un 15%, sino que es sensiblemente superior”, afirmó.
Aceptó que una mayor fiscalización pueda modificar la recaudación de Industria y Comercio, pero consideró que ese argumento no explica el incremento previsto en la tasa a la propiedad ni en la recuperación de deuda inmobiliaria.
“Cuando a mí me dicen que en la tasa a la propiedad vamos a tener un mayor cobro durante este año del 28%, pero que además vamos a hacer una gran tarea de recaudación y vamos a recaudar un 34% más de lo que se debe, no sé de dónde sale eso”, planteó.
Fue entonces cuando concluyó que algunas de las previsiones estaban “claramente dibujadas”.
Un proyecto que comenzó con un trámite acelerado
La modificación había ingresado al Concejo apenas unas horas antes de la sesión del 25 de junio y fue tratada directamente sobre tablas en primera lectura.
Por su magnitud, el expediente generó cuestionamientos sobre la falta de tiempo para estudiar los anexos y convocar previamente a funcionarios del área económica.
Antes de la votación definitiva se realizó un trabajo en comisión. Sin embargo, Quaranta sostuvo que tampoco en esa instancia obtuvo una explicación concreta sobre las medidas que permitirían aumentar la recuperación de deuda.
“Este tipo de proyectos primero deberían ser debatidos seriamente en comisión. Deberíamos tener una explicación mucho más concreta, mucho más certera; quizás incluso debería venir un responsable del área”, afirmó.
La ampliación había sido aprobada en primera lectura únicamente con los siete votos de Carlos Paz Unido. En la segunda lectura, la mayoría oficialista volvió a respaldarla y completó su sanción.
