Un fallo del juez federal Alejandro Maraniello ordena frenar la difusión de audios grabados en la Casa Rosada que involucran a Karina Milei. El Gobierno lo presentó como urgente, mientras opositores y defensores de la libertad de prensa advierten sobre sus implicancias para el debate democrático.
El juez federal Alejandro Maraniello dictó este lunes una medida cautelar que prohíbe la difusión de grabaciones atribuidas a Karina Milei, registradas en dependencias oficiales. La resolución instruye al ENACOM para que bloquee la circulación de esos audios en cualquier plataforma: redes sociales, medios audiovisuales o sitios digitales. El juez justificó que la medida no busca censurar, sino proteger derechos constitucionales como la privacidad, el honor de la funcionaria y la seguridad institucional en un contexto de conflicto político y judicial.
En paralelo, el Gobierno presentó una denuncia penal en la que denuncia una supuesta «operación de inteligencia ilegal», destinada a desestabilizar durante la campaña electoral. El escrito habla de una manipulación sistemática que involucraría captura clandestina, filtración escalonada y difusión estratégica del material.
Repercusiones inmediatas:
- Desde el oficialismo, esta cautelar se presenta como una herramienta legítima para defender la institucionalidad frente a maniobras opositoras que califican de criminales.
- La oposición, junto a organizaciones de derechos humanos, rechazó el fallo al considerarlo un “bozal legal” peligroso que amenaza la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a acceder a información relevante del Ejecutivo.
- Controversia sobre el juez: se recordó que Maraniello enfrenta denuncias por acoso mediado y mala conducta en el Consejo de la Magistratura, lo que añade una capa de cuestionamiento sobre la neutralidad de su fallo.
Este episodio reaviva las tensiones entre transparencia pública, privacidad institucional y seguridad del Estado, justo cuando el país transita una campaña electoral caliente, marcada por el escándalo ANDIS y filtraciones sensibles. La medida abre un debate urgente sobre los límites entre información legítima y protección institucional, y las consecuencias que esa línea puede tener en una democracia plena.
