El legislador provincial Walter Gispert presentó un proyecto en la Legislatura de Córdoba para que el Ejecutivo informe qué inspecciones, operativos y actuaciones preventivas se realizaron en los últimos 36 meses sobre el local nocturno ubicado en calle Ituzaingó 521, en la ciudad de Córdoba.
El legislador provincial Walter Gispert presentó en la Legislatura de Córdoba un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo Provincial para conocer qué controles, inspecciones y actuaciones preventivas se realizaron sobre Wachitas Bar, el establecimiento nocturno ubicado en calle Ituzaingó 521, en la ciudad de Córdoba.
La iniciativa fue impulsada tras el crimen de Agostina Vega, un caso que generó una profunda conmoción social y volvió a poner en discusión el funcionamiento de los mecanismos estatales de control sobre locales nocturnos de gran concurrencia.
A través del proyecto, Gispert solicita que el Gobierno provincial informe si durante los últimos 36 meses la Policía de Córdoba u otros organismos provinciales realizaron inspecciones, operativos de seguridad o controles preventivos en el establecimiento.
El pedido también requiere conocer si existieron denuncias, actuaciones policiales, procedimientos contravencionales o sanciones administrativas vinculadas al local.
Además, el legislador pidió precisiones sobre eventuales actuaciones conjuntas entre organismos provinciales y municipales, incumplimientos detectados en materia de seguridad y orden público, y posibles medidas preventivas, restricciones o clausuras dispuestas por las autoridades competentes.
“Más allá de la investigación judicial que debe avanzar hasta las últimas consecuencias, la sociedad tiene derecho a saber si el Estado cumplió con sus responsabilidades de control y fiscalización”, expresó Gispert.
En esa línea, sostuvo que resulta necesario determinar si existieron actuaciones preventivas suficientes y si hubo fallas que deban corregirse. “Es necesario esclarecer si existieron actuaciones preventivas suficientes y si hubo fallas que deban corregirse para evitar que hechos tan dolorosos vuelvan a repetirse”, señaló.
El proyecto también solicita que el Ejecutivo informe si, luego del crimen de Agostina Vega, se iniciaron investigaciones administrativas internas para establecer posibles omisiones o deficiencias en los mecanismos de control ejercidos por organismos provinciales.
“La transparencia institucional y la rendición de cuentas son indispensables cuando ocurren hechos que conmocionan a toda la comunidad. Nuestro deber como representantes es exigir respuestas claras y garantizar que se revisen todos los procedimientos que correspondan”, concluyó Gispert.
La presentación legislativa apunta así a abrir una instancia de control político e institucional sobre las responsabilidades preventivas del Estado, sin interferir en la investigación judicial del caso, pero reclamando información oficial sobre el funcionamiento de los controles previos y posteriores al hecho.
