El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó en segunda lectura el llamado a licitación pública para contratar el servicio de Higiene Urbana y Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, uno de los convenios de mayor impacto económico y operativo para el municipio. La ordenanza obtuvo ocho votos a favor y cuatro en contra, los necesarios para alcanzar la mayoría agravada de dos tercios.
Carlos Paz Unido reunió sus siete votos y sumó el acompañamiento clave de Noe García Roñoni, de Juntos por Carlos Paz. En contra se pronunciaron Daniel Ribetti, Pía Felpeto, Fernando Revello y Carlos Quaranta.
El pliego habilita una contratación por ocho años, con posibilidad de prórroga por otros dos y una extensión adicional de hasta 180 días. El presupuesto oficial mensual asciende a $738.226.063,53, IVA incluido, lo que representa más de $70.869 millones en ocho años, sin contar redeterminaciones.
La prestación abarcará todo el ejido e incluirá recolección diferenciada, barrido, poda, áridos, lavado de veredas, contenedores, seguimiento satelital y una aplicación para reclamos. También contempla la absorción del personal actual y exigencias ambientales.
El oficialismo defendió el expediente como una herramienta para garantizar continuidad, higiene urbana, salud pública y previsibilidad. Sebastián Guruceta sostuvo que el presupuesto es razonable en comparación con otras ciudades y que el pliego equilibra exigencias técnicas y posibilidades económicas.
La oposición concentró sus cuestionamientos en la falta de un estudio de costos propio. Ribetti, Quaranta y Revello advirtieron que no se explicó cómo se llegó al monto oficial y consideraron insuficiente justificarlo mediante comparaciones con otros municipios. También plantearon dudas sobre la duración, la falta de metas verificables, el tratamiento de la poda y la posibilidad de que el esquema favorezca la continuidad de la actual prestataria.
García Roñoni justificó su voto al destacar aspectos ambientales, laborales y tecnológicos, aunque reconoció observaciones sobre la extensión contractual y reclamó controles estrictos.
La polémica por la comisión de preadjudicación
La controversia se profundizó después, durante la designación de los representantes del Concejo en la comisión que analizará la futura adjudicación. Marcela Bosch fue elegida por la mayoría, mientras que García Roñoni quedó como representante de las minorías con los siete votos del oficialismo y el suyo propio.
La decisión desoyó una nota firmada por cuatro de los cinco concejales opositores, pertenecientes a los dos bloques minoritarios, que proponían a Carlos Quaranta. El artículo con su nombre reunió tres votos, mientras que la postulación de García Roñoni alcanzó ocho.
Fernando Revello aclaró que su objeción no apuntaba contra la concejala, sino contra la intervención del oficialismo en una definición que correspondía políticamente a la oposición. “Será legal, pero no es legítimo, no es moral y no es ético lo que están haciendo”, afirmó, y volvió a describir al cuerpo como “una escribanía del Ejecutivo”.
El oficialismo defendió la legalidad del procedimiento y sostuvo que la votación fue democrática. Quaranta, en cambio, remarcó que los dos bloques minoritarios habían presentado mayoritariamente una única propuesta.
Así, una licitación atravesada por interrogantes sobre costos, controles y duración sumó una disputa institucional sobre quién representará a la oposición en la instancia encargada de evaluar uno de los contratos más importantes del municipio.
