El presidente estadounidense advirtió que podría desplegar tropas en Minnesota si continúan las protestas contra los agentes del ICE, mientras crecen las denuncias por brutalidad y el gobernador llama a registrar los operativos con celulares.
Desde el asesinato de Renee Gold, atribuido a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Minneapolis se transformó en escenario de un fuerte operativo represivo ordenado por el gobierno de Donald Trump. En medio de las protestas contra el accionar de la fuerza migratoria, el presidente amenazó con invocar la Ley de Insurrección para enviar tropas a Minnesota si las autoridades locales no “restablecen el orden”.
En un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, el mandatario lanzó un duro ultimátum a las autoridades estatales y municipales. “Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos de atacar a los Patriotas de ICE, que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN, que muchos presidentes han hecho antes que yo, y rápidamente pondré fin a la farsa que está teniendo lugar en ese otrora gran Estado”, escribió Trump.
El clima se tensó aún más tras el disparo de un agente del ICE contra un migrante venezolano y la difusión de videos donde se observan represiones violentas a manifestaciones pacíficas, detenciones de migrantes y ciudadanos estadounidenses, roturas de autos y agresiones físicas en distintos puntos del estado.
Frente a ese escenario, el gobernador Tim Walz describió un panorama de caos y denunció el despliegue federal sobre las comunidades locales. “Lo que está pasando en Minnesota es increíble y los reportes periodísticos simplemente no llegan a hacer justicia al nivel de caos, disrupción y drama que el gobierno federal está soltando sobre nuestras comunidades”, afirmó. Según su testimonio, las fuerzas federales “están interrogando a la gente indiscriminadamente, incluyendo ciudadanos estadounidenses, demandando ver sus documentos” y relató que “en la verdulería, las paradas de ómnibus, incluso en las escuelas, están rompiendo ventanas, arrastrando a mujeres embarazadas, secuestrando gente inocente sin advertencia previa”.
“Seamos claros: esto hace mucho dejó de ser una cuestión de aplicación de la ley migratoria. En lugar de eso, es una campaña de brutalidad organizada contra la gente de Minnesota por parte de nuestro propio gobierno federal”, concluyó el gobernador demócrata, que pidió a los habitantes del estado que filmen con sus celulares los procedimientos del ICE para utilizar esos registros como prueba en eventuales procesos judiciales.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, advirtió que la ciudad atraviesa una situación límite: “La ciudad está está siendo llevada a una situación que es insostenible y al mismo tiempo estamos tratando de encontrar una forma de mantener a la gente a salvo, de proteger a nuestros vecinos, de mantener el orden”. También señaló que “hay ciudadanos que le están pidiendo al muy limitado número de oficiales que tenemos que combatan contra el ICE en las calles” y advirtió: “No podemos estar en un lugar ahora en Estados Unidos donde tengamos dos entidades gubernamentales literalmente combatiendo una con otra”. Frey recordó que Minneapolis cuenta con unos 600 policías locales, mientras que el gobierno federal anunció el envío de 2.000 agentes adicionales del ICE.
En Saint Paul, segunda ciudad de Minnesota, se repiten las denuncias por violencia en los operativos. El alcalde Kaohly Her, nacido en Laos, resumió el clima de temor en la comunidad migrante y en la población en general: “Nos atacan por nuestro aspecto y nuestro acento. Nuestros residentes están asustados. Y como funcionarios locales, tenemos la responsabilidad de actuar”.
Mientras crecen las críticas de las autoridades locales y se multiplican las imágenes de detenciones y episodios de violencia en redes sociales, la amenaza presidencial de recurrir a la Ley de Insurrección agrega un condimento institucional de alto voltaje a una crisis que ya desborda el conflicto migratorio y pone en el centro del debate los límites del uso de la fuerza por parte del gobierno federal dentro del propio territorio estadounidense.
