El Congreso peruano aprobó por amplia mayoría la vacancia de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”. José Jerí, presidente del Legislativo, asumió el cargo este viernes en una fórmula de transición hasta las elecciones de 2026.
Este viernes 10 de octubre, el Congreso de Perú aprobó la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, declarando su salida del cargo por “incapacidad moral permanente”. La votación fue contundente: 122 de los 130 legisladores la respaldaron, un número que excedió ampliamente los 87 votos necesarios para consumar la destitución.
Boluarte no estuvo presente para ejercer su defensa. En un mensaje pregrabado emitido tras la decisión parlamentaria, aceptó la vacancia, comenzó a enunciar aspectos de su gestión y fue interrumpida en la transmisión. Acto seguido abandonó el Palacio de Gobierno sin rumbo claro.
Inmediatamente, José Enrique Jerí Oré, de 38 años y titular del Congreso, tomó juramento como presidente interino conforme al orden constitucional de sucesión. Jerí, del partido Somos Perú, había sido elegido presidente del Legislativo en julio de 2025 y ahora asume la conducción del Ejecutivo hasta las elecciones programadas para el 12 de abril de 2026.
La vacancia surge en medio de una severa crisis de seguridad en el país, con denuncias de incremento de homicidios, inseguridad urbana y fallas del gobierno para contener la violencia. Diversos partidos de oposición y agrupaciones legislativas argumentaban que Boluarte había perdido toda legitimidad para gobernar, sumado a escándalos por enriquecimiento ilícito y denuncias de corrupción en su entorno.
Con su pérdida de inmunidad presidencial, Boluarte afronta ahora varias investigaciones judiciales: entre ellas por enriquecimiento ilícito y responsabilidades vinculadas a la represión de protestas sociales.
Este episodio marca un nuevo capítulo en la profunda inestabilidad política que enfrenta Perú: en menos de una década han ocurrido numerosos cambios presidenciales. La sociedad mira con atención lo que ocurra en este período de transición, exigente en términos de transparencia institucional, elecciones limpias y contención social.
