El presidente de Brasil cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad en la llamada “Operación Contención” y anunció una investigación independiente. La acción, ocurrida el 28 de octubre, fue la más mortífera en la historia del país.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó este martes de “masacre” la operación policial desarrollada la semana pasada en Río de Janeiro, que dejó un saldo de 121 muertos, entre ellos cuatro policías, en los complejos de Alemão y Penha.
En una entrevista concedida a agencias internacionales, el mandatario aseguró que el procedimiento “superó ampliamente los límites de lo que ordenaba la Justicia”. “La orden del juez era para que se ejecutaran notificaciones de arresto, no para una masacre; sin embargo, ocurrió una masacre. Creo que es importante examinar las circunstancias en las que sucedió”, expresó Lula, según reprodujo CNN Brasil.
El jefe de Estado consideró que la operación fue “desastrosa” desde el punto de vista del accionar estatal. “La cruda realidad es que, en términos del número de muertos, algunos pueden considerarla un éxito. Pero desde el punto de vista de la actuación del Estado, fue desastrosa”, afirmó.
Investigación federal e intervención pericial
Lula confirmó que el gobierno federal impulsará una investigación independiente sobre la denominada Operación Contención, realizada el 28 de octubre contra la facción criminal Comando Vermelho (CV).
“Estamos llevando adelante esta investigación. Incluso estamos tratando de ver si es posible que los expertos forenses de la Policía Federal participen en el proceso de investigación de las muertes, porque hay muchos relatos y mucha información contradictoria”, explicó el mandatario desde Belém.
La operación, considerada la más mortífera en la historia de Brasil, fue defendida por las autoridades de Río de Janeiro. El gobernador Cláudio Castro (PL) sostuvo que se trató de una acción exitosa y que “las únicas víctimas reales fueron los policías muertos”, asegurando que el resto de los fallecidos eran delincuentes.
La postura del gobernador generó fuerte rechazo entre organizaciones de derechos humanos, que reclaman transparencia y control civil sobre las fuerzas de seguridad en los operativos de combate al narcotráfico en las favelas.
