El juez federal Ariel Lijo ordenó reconstruir el recorrido de los fondos del Sistema Vial Integrado y requirió información a Economía, Jefatura de Gabinete y Vialidad Nacional. La causa investiga una denuncia por presunta subejecución y utilización financiera de recursos provenientes del impuesto a los combustibles.
La Justicia federal avanzó en la investigación sobre el destino de los fondos recaudados para la construcción, reparación y mantenimiento de las rutas nacionales y ordenó al Gobierno entregar documentación sobre las colocaciones financieras realizadas con esos recursos.
El juez federal Ariel Lijo, a cargo de manera subrogante del Juzgado Federal N° 11, dispuso una serie de medidas para reconstruir el recorrido del dinero del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y determinar qué ocurrió con distintas obras viales denunciadas como paralizadas.
La resolución fue firmada el viernes y tomó estado público este lunes. El magistrado requirió información al Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y la Dirección Nacional de Vialidad, además de solicitar antecedentes a los organismos nacionales de control.
La causa se originó a partir de denuncias que cuestionan el nivel de ejecución de un fondo integrado con recursos provenientes del impuesto a los combustibles y que tiene una afectación específica para la infraestructura vial.
Hasta el momento, la Justicia no determinó que haya existido un desvío ilegal de fondos ni estableció responsabilidades penales. Las medidas ordenadas buscan precisamente comprobar qué destino tuvieron los recursos y si su utilización respetó las normas que regulan el SISVIAL.
Qué deberá informar Economía
Lijo pidió al Ministerio de Economía que entregue los expedientes y actos administrativos vinculados con las instrucciones dadas al Banco Nación, que actúa como fiduciario del sistema, desde el 1° de enero de 2024 hasta la actualidad.
También requirió el detalle de las colocaciones financieras realizadas con fondos del SISVIAL y un informe discriminado por provincia y por obra sobre la aplicación de esos recursos.
El Sistema Vial Integrado fue creado en 2001 y recibe parte de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos. Su finalidad establecida legalmente es financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial.
Según la presentación realizada por la provincia de La Rioja, al 31 de mayo de 2026 había $1.001.017 millones provenientes del sistema colocados en plazos fijos y letras del Tesoro.
Ese monto forma parte de la denuncia y deberá ser contrastado ahora con la documentación oficial requerida por el juzgado.
Cuánto se habría ejecutado
La investigación judicial también deberá determinar el nivel real de ejecución de los fondos.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente por los denunciantes, entre 2024 y mayo de 2026 se habrían recaudado aproximadamente $1,5 billones, mientras unos $394.406 millones habrían sido destinados efectivamente a obras y mantenimiento.
Ese cálculo arrojaría una subejecución cercana al 73,8%, pero se trata de una estimación surgida de la investigación y de las presentaciones que dieron origen a la causa, no de una conclusión judicial definitiva.
Para esclarecerlo, Lijo pidió conocer en detalle qué recursos se utilizaron, en qué obras y qué parte fue destinada a instrumentos financieros.
Las obras bajo la lupa
El juez requirió además a Vialidad Nacional los expedientes correspondientes a tres proyectos sobre las rutas nacionales 3 y 5, en la provincia de Buenos Aires, que según las denuncias se encuentran paralizados.
Entre ellos aparecen la autopista entre Mercedes y el inicio de la Variante Suipacha, sobre la Ruta 5; un tramo de la Ruta 3 entre San Miguel del Monte y Gorchs; y la Travesía Urbana de Mercedes.
En conjunto, los montos originales asignados a esos proyectos superaban los $23.000 millones.
Vialidad deberá detallar certificados de avance, pagos pendientes, cambios en los planes de trabajo y fuentes de financiamiento.
La investigación se extenderá también a las rutas nacionales 73, 75 y 76 en La Rioja, donde el juzgado pidió información sobre contratos, empresas adjudicatarias, avances físicos y financieros y decisiones administrativas que hayan dispuesto la paralización o neutralización de obras.
Tolosa Paz y Quintela fueron aceptados como querellantes
Lijo aceptó además como querellantes a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y al gobernador riojano Ricardo Quintela, por lo que ambos podrán intervenir en el expediente, aportar documentación y solicitar nuevas medidas de prueba.
Tolosa Paz había denunciado posibles delitos vinculados con el manejo de los recursos del SISVIAL y apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios.
Quintela, por su parte, reclama por el estado y la paralización de distintas obras nacionales en La Rioja.
Las acusaciones formuladas por ambos dirigentes deberán ahora ser evaluadas dentro del proceso judicial.
También intervendrán los organismos de control
El juez envió requerimientos a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) para determinar si realizaron auditorías, observaciones o controles sobre el SISVIAL desde 2024.
La investigación entra de esta manera en una etapa orientada a reconstruir documentalmente cuánto dinero ingresó al sistema, cuánto se utilizó para rutas, qué parte fue colocada en instrumentos financieros y cuál era el estado de las obras que debían financiarse.
Recién a partir de esas respuestas la Justicia podrá avanzar sobre la hipótesis central planteada en las denuncias y determinar si existieron irregularidades en el manejo de los fondos viales.
