El fiscal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento de 207 páginas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación señala diferencias entre ingresos y gastos familiares y pide explicaciones sobre más de USD 400.000 cuyo origen no pudo ser corroborado.
El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó este lunes al exjefe de Gabinete Manuel Adorni para que justifique en un plazo de 15 días el crecimiento de su patrimonio y el de su grupo familiar durante su paso por la función pública.
El requerimiento, de 207 páginas, fue presentado esta mañana ante el juzgado federal de Ariel Lijo, que deberá notificar formalmente a la defensa del exfuncionario. Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
La medida abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023, cuando ingresó al Gobierno nacional, y el 27 de junio de 2026, fecha en la que renunció a la Jefatura de Gabinete.
Pollicita enumeró 20 puntos sobre los que reclama explicaciones, entre ellos operaciones inmobiliarias, movimientos con criptomonedas, préstamos familiares, gastos realizados por personas del entorno y la trazabilidad de los fondos utilizados para adquirir y refaccionar propiedades.
La diferencia entre ingresos y gastos
Según los datos incorporados al requerimiento, durante el período investigado Adorni percibió 35 salarios como funcionario.
Sumados esos ingresos a los acreditados de su esposa, Bettina Angeletti, la fiscalía calculó recursos familiares comprobados por $229.752.283,20.
En ese mismo período, los gastos reconstruidos alcanzaron los $272.820.832,20, incluyendo consumos con tarjetas, seguros de vehículos, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos y viajes.
La diferencia entre ambos montos es de $43.068.549 que la fiscalía considera pendiente de explicación.
Más de USD 400.000 bajo análisis
El requerimiento también pone el foco en USD 402.578,12 cuyo origen, según la investigación, todavía no pudo ser corroborado.
Ese dinero habría sido destinado principalmente a la compra y remodelación de la vivienda del country Indio Cuá, al departamento ubicado en la calle Miró al 500, en Caballito, y al mobiliario adquirido para ambas propiedades.
La investigación patrimonial se apoya en un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo especializado del Ministerio Público Fiscal.
Ese análisis había detectado inconsistencias entre los ingresos comprobados, los bienes, los gastos, las inversiones y las deudas de Adorni y Angeletti.
Préstamos y operaciones con criptomonedas
Otro de los puntos que deberá explicar el exfuncionario está relacionado con préstamos atribuidos a familiares.
La fiscalía busca documentación que permita acreditar cómo se acordaron esos créditos, la entrega efectiva del dinero y su posterior evolución.
También deberá aportar información sobre herencias, donaciones y otros ingresos que fueron utilizados para explicar parte de su patrimonio.
Un apartado especialmente relevante corresponde a las criptomonedas.
Adorni había reconocido públicamente que parte de sus fondos provenían de inversiones realizadas antes de ingresar al Estado y posteriormente rectificó declaraciones juradas para incorporar activos que no habían sido incluidos originalmente.
Pollicita reclama ahora documentación que permita reconstruir las operaciones, determinar cuál fue el capital inicial utilizado y establecer la trazabilidad de esos fondos.
Compras realizadas con tarjetas de empleados
La causa también analiza operaciones en las que intervinieron personas que trabajaban bajo las órdenes de Adorni.
Durante la investigación declararon empleados públicos que reconocieron haber prestado sus tarjetas de crédito para determinadas compras realizadas por el entonces funcionario.
Una empleada de la Casa Rosada confirmó ante la fiscalía que Adorni utilizó su tarjeta para adquirir un monitor para videojuegos por $2,1 millones y que posteriormente le reintegró el dinero en efectivo.
La fiscalía quiere determinar ahora cómo se financiaron esas operaciones y por qué fueron realizadas mediante tarjetas pertenecientes a terceros.
Qué puede pasar después de los 15 días
El requerimiento de justificación patrimonial es una instancia prevista dentro de una investigación por enriquecimiento ilícito.
No significa que Adorni haya sido condenado ni que la Justicia haya determinado que los bienes investigados provengan de una actividad ilegal.
El artículo 268 (2) del Código Penal establece que el funcionario requerido debe justificar la procedencia de un incremento patrimonial apreciable producido durante su desempeño público o hasta dos años después de abandonar el cargo.
Una vez recibidas las explicaciones y la documentación, la fiscalía deberá analizarlas.
Si Pollicita considera que la justificación es insuficiente, podrá solicitar que Adorni sea citado a declaración indagatoria. La decisión final de convocarlo como acusado corresponderá al juez Ariel Lijo.
Por ahora, la investigación continúa abierta y la próxima instancia dependerá de la respuesta que presente la defensa dentro del plazo establecido.
