Concejal Sebastián Guruceta, jefe del bloque de Carlos Paz Unido.
El gobierno de Carlos Paz Unido no para de dar sorpresas y de forzar las interpretaciones de las diferentes normas para adecuarlas a su proyecto político. Incluso si se habla de la Carta Orgánica Municipal.
Convencidos de que gozan de impunidad política absoluta, con la suma del poder público en Villa Carlos Paz desde hace varios años, sus funcionarios y voceros siempre dan un paso más adelante para justificar sus decisiones, sin importar lo ridículo que puedan sonar esos argumentos.
Este jueves en el Concejo de Representantes se dio una fuerte discusión en el momento de validar las subas de más del 40% establecidas por el intendente Esteban Avilés para las tasas municipales y los servicios de agua, taxis, remises, transporte urbano y cloacas. Estos incrementos, que regirán desde marzo, se suman al 120% aproximadamente que ya se había aumentado para enero.
En aquella ocasión, el oficialismo impuso con sus siete votos incluir en la Tarifaria 2024 una obvia delegación de facultades para que el intendente pudiera determinar por su cuenta los aumentos en tasas y servicios de manera bimestral, sin cumplir con el mecanismo dispuesto en la Carta Orgánica Municipal que establece doble lectura y audiencia pública.
La discusión se reeditó este jueves.
El concejal de Carlos Paz Inteligente, Carlos Quaranta, cruzó fuerte a un oficialismo que sostenía, a duras penas, que no se trataba de una delegación de facultades.
Y lo hizo apelando a la lectura de la Carta Orgánica Municipal.
‘El inciso 3 del artículo 121 dice que es atribución del Concejo fijar los impuestos, tasas y contribuciones de conformidad con esta Carta Orgánica y dictar la Ordenanza Impositiva General y la Ordenanza Tarifaria Anual.
Además, el artículo 134, que debe ser entendido en concomitancia con las atribuciones, dice que se requiere doble lectura y audiencia pública para crear nuevos tributos o aumentar los existentes.
Este cuerpo no puede delegarle al intendente el aumento de los tributos, es una facultad exclusiva del Concejo de Representantes que se resuelve además en doble lectura y audiencia pública.
La norma es clara, lo demás son interpretaciones’, insistió. Y planteó que, con dicha delegación, el gobierno ‘eliminó la doble lectura y la audiencia pública con la participación de los vecinos’.
Asimismo, derrumbó el argumento de la celeridad en la toma de decisiones por el contexto inflacionario que se había esgrimido.
‘Este proyecto se va a aprobar hoy, 8 de febrero, para comenzar a regir en marzo. Y si se cumpliera con el mecanismo previsto por la COM, podría estar aprobado en segunda lectura, y con la audiencia pública realizada, el 23 de febrero’, ejemplificó.
Acorralado y con la necesidad de tratar de salvar la posición del gobierno, el jefe del bloque de CPU, Sebastián Guruceta se lanzó a dar una explicación, como mínimo, curiosa.
‘Si en un país normal no existiera la inflación, no se daría ningún tipo de aumento. Seguiría la tarifaria y todos los servicios de la misma manera.
Por eso no estamos aumentando, sino que tenemos dentro de la cláusula un período de actualización que lo autorizamos al ejecutivo por el período inflacionario que tiene nuestro país. Evidentemente se protege de esta forma, no sólo el Estado municipal, sino todos los servicios públicos’, expresó.
La discusión siguió con diferentes intervenciones, pero lo medular ya fue reflejado, y el proyecto fue aprobado con los siete votos del oficialismo.
Así, desde marzo las tasas municipales (entre ellas Inmobiliario, Automotor e Industria y Comercio), ‘se actualizarán’ el 41,54%.
En tanto, el agua (tanto para el servicio que brinda el municipio como la Cooperativa San Roque) subirá el 43,5%; taxis y remises 41,54%; transporte urbano 41,54%; y cloacas 42,84%.
La discusión en el recinto
