El gobierno de Estados Unidos anunció este 14 de enero de 2026 la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, medida que regirá desde el 21 de enero y forma parte de una nueva ofensiva de la administración de Donald Trump para restringir la inmigración legal, basada en el criterio de que ciertos solicitantes podrían convertirse en “carga pública”.
Según informó el Departamento de Estado, la instrucción enviada a embajadas y consulados ordena pausar indefinidamente la tramitación de visas de inmigrante (aquellas que permiten radicarse en forma permanente en territorio estadounidense) para personas que posean ciudadanía en 75 países incluidos en una lista interna. La suspensión no alcanza a las visas de no inmigrante —como las de turismo o negocios—, aunque esos solicitantes enfrentarán controles más estrictos sobre su situación económica y antecedentes.
Entre los países afectados figuran Afganistán, Irán, Rusia, Somalia, Brasil, Nigeria, Egipto, Tailandia, Cuba, Haití y varias naciones de África, Asia, Europa del Este y América Latina. En conjunto, la medida impacta en más de un tercio de los casi 200 países del mundo y alcanza tanto a estados en guerra o con crisis humanitarias como a aliados históricos de Washington. Argentina no aparece entre los países incluidos en la lista conocida hasta el momento.
El fundamento oficial del gobierno de Trump es que se limitará el acceso al país de personas consideradas con alta probabilidad de depender de asistencia pública una vez que se radiquen en Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio y voceros del Departamento de Estado señalaron que la suspensión se apoya en normas migratorias vigentes desde hace décadas, que permiten declarar inadmisibles a extranjeros que puedan convertirse en “carga pública” para el sistema de bienestar.
En la práctica, los consulados deberán rechazar nuevas solicitudes de visa de inmigrante de ciudadanos de esos 75 países y también podrán negar la emisión incluso en casos que ya contaban con aprobación, si el visado aún no fue impreso. El alcance temporal es abierto: el gobierno habló de una pausa “indefinida”, condicionada a una revisión general de los procedimientos de evaluación y de los criterios de admisión.
Organizaciones de derechos humanos, especialistas en migraciones y dirigentes opositores en Estados Unidos calificaron la decisión como un “veto migratorio encubierto”, que afecta principalmente a poblaciones de países pobres o en conflicto y restringe severamente vías tradicionales de migración legal, como la reunificación familiar y los programas de trabajo permanente. Distintos análisis estiman que la medida podría bloquear del orden de 300.000 nuevos inmigrantes por año si se mantiene en el tiempo.
La suspensión de visas de inmigrante se suma a un entramado previo de restricciones, entre ellas las órdenes presidenciales que desde 2025 limitaron la emisión de visas —inmigrantes y no inmigrantes— para ciudadanos de 39 países por motivos de seguridad y “lucha contra el terrorismo”, así como a ampliaciones del llamado “travel ban”. Con este nuevo paso, la administración Trump profundiza su línea de reducir tanto la inmigración irregular como los canales de ingreso legal, en un contexto marcado por debates internos y por el impacto que estas decisiones tendrán en comunidades migrantes ya radicadas en el país.
Para millones de potenciales migrantes, la consecuencia inmediata será la imposibilidad de avanzar con trámites de residencia permanente en Estados Unidos desde los consulados de sus países de origen. Abogados y organizaciones recomiendan a quienes tengan procesos en curso que consulten de manera directa con los consulados o con asesores especializados antes de realizar nuevos pasos o gastos, ya que la suspensión rige a partir del 21 de enero de 2026 y no tiene por ahora una fecha de finalización establecida.
