El oficialismo eliminó del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que flexibilizaba la compra de campos por extranjeros. El resto de la iniciativa será debatido este jueves.
El Gobierno nacional retiró del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales, después de no conseguir los respaldos necesarios para aprobarlo en el Senado.
La decisión implica que la iniciativa que será debatida este jueves 6 de agosto ya no contendrá cambios en los límites vigentes para la adquisición de campos por parte de personas o empresas extranjeras.
El oficialismo había intentado inicialmente eliminar esas restricciones y luego propuso elevar del 15% al 25% el porcentaje máximo de tierras rurales que podría quedar en manos extranjeras dentro de cada provincia.
Esa concesión tampoco logró destrabar las negociaciones con la oposición dialoguista y los bloques provinciales. Finalmente, La Libertad Avanza decidió retirar el capítulo completo para preservar las posibilidades de aprobar el resto del proyecto.
Qué establece la ley actual
La Ley 26.737, sancionada en 2011, fija en el 15% el límite de tierras rurales que pueden estar en manos extranjeras dentro del territorio nacional, de cada provincia y de cada municipio o departamento.
También dispone que los propietarios de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% de ese cupo y establece un máximo de 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la denominada zona núcleo, o su superficie equivalente en otras regiones.
Al quedar excluida la reforma, esas restricciones continuarán vigentes aunque el Senado apruebe los demás capítulos del proyecto.
Del levantamiento de los límites a la propuesta del 25%
La versión original enviada por el Poder Ejecutivo buscaba liberar la compra de tierras rurales por parte de inversores extranjeros privados.
El Gobierno argumentaba que la legislación vigente frena inversiones en actividades agropecuarias, forestales, industriales y portuarias. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había estimado que su eliminación podía favorecer proyectos por alrededor de 15.000 millones de dólares.
Durante las negociaciones en el Senado, el oficialismo abandonó la liberalización total y aceptó incorporar controles provinciales.
La última fórmula presentada elevaba del 15% al 25% el máximo permitido en cada provincia. Dentro de ese límite provincial, un departamento o municipio podría haber superado el porcentaje actualmente autorizado.
También se habían previsto autorizaciones especiales para operaciones en zonas de frontera y restricciones más severas cuando el comprador estuviera vinculado con un Estado extranjero.
A pesar de esos cambios, el oficialismo no reunió los votos suficientes y resolvió eliminar todo el capítulo antes de la sesión.
El proyecto ya había sido postergado cuatro veces
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obtuvo dictamen en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General el 20 de mayo, pero su llegada al recinto fue aplazada en reiteradas oportunidades.
El último intento ocurrió el 16 de julio, cuando la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, pidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.
La moción fue aprobada por 62 votos a favor, tres en contra y una abstención. El expediente continúa formalmente pendiente en el Senado.
Las principales resistencias provinieron de radicales, bloques provinciales y sectores opositores que cuestionaron la posibilidad de ampliar la extranjerización en zonas con recursos estratégicos, cursos de agua, minerales, bosques, puertos o pasos fronterizos.
Qué puntos siguen en discusión
Aunque el capítulo sobre tierras fue retirado, el proyecto conserva reformas importantes en otras áreas.
Uno de sus ejes modifica el régimen de expropiaciones. La propuesta restringe la definición de utilidad pública, amplía los componentes contemplados en las indemnizaciones y establece que el Estado no podrá tomar posesión definitiva de un bien antes de completar el pago.
También introduce procedimientos más rápidos para los desalojos, con la aplicación del trámite sumarísimo y cambios en las condiciones necesarias para solicitar la restitución anticipada de un inmueble.
En materia ambiental, la iniciativa modifica la Ley de Manejo del Fuego. El dictamen conserva las protecciones para bosques nativos, pero elimina restricciones vigentes sobre la venta o el cambio de uso de algunas tierras rurales afectadas por incendios.
Otro apartado impulsa la digitalización y coordinación federal de los registros de la propiedad inmueble.
El capítulo que modificaba la Ley de Barrios Populares ya había sido eliminado durante el tratamiento en comisiones, por lo que tampoco llegará al recinto en esta versión.
La votación y el trámite posterior
El Senado retomará este jueves la sesión que había pasado a cuarto intermedio. La Libertad Avanza buscará aprobar el proyecto sin las modificaciones a la Ley de Tierras.
La eliminación del punto más conflictivo mejora las posibilidades del oficialismo, pero el resultado dependerá de los acuerdos alcanzados con los bloques aliados y provinciales.
En caso de obtener media sanción, la iniciativa deberá pasar a la Cámara de Diputados. Hasta que ambas cámaras aprueben un mismo texto, ninguno de los cambios previstos podrá entrar en vigencia.
