La Justicia avanza en la causa por presuntas coimas y ya habla de irregularidades, sobreprecios y vínculos con empresarios cercanos al oficialismo.
La investigación judicial sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un giro clave: según fuentes del expediente, los peritajes iniciales apuntan a la existencia de posibles sobreprecios y direccionamiento de contrataciones que habrían beneficiado de manera reiterada a la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker.
Bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello y con el secreto de sumario ya levantado, los investigadores analizan la documentación recolectada y afirman tener “indicios concretos” de compras por encima del valor de mercado. La causa involucra al extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo y a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker.
Uno de los puntos sensibles de la causa es el acceso aún pendiente a los celulares de los Kovalivker, considerado clave para determinar si existió un circuito de retornos de dinero a cambio de adjudicaciones direccionadas.
Mientras tanto, Spagnuolo —quien declaró un patrimonio de apenas 25 mil dólares y tenía en su casa 80 mil dólares y 2000 euros en efectivo— sigue sin designar abogado, lo que alimenta la especulación sobre la posibilidad de que se presente como imputado colaborador y aporte datos sobre el presunto sistema de sobornos y su eventual alcance dentro del círculo de confianza del presidente Javier Milei.
Pistas, barrios privados y documentación en análisis
El celular del exnúmero dos de la ANDIS, Daniel Garbellini, no aportó información relevante, pero los investigadores analizan ahora los registros de ingresos a los barrios privados donde vivían Garbellini y Spagnuolo, en busca de contactos con empresarios o funcionarios.
Paralelamente, peritos judiciales avanzan en el estudio de expedientes, archivos digitales, correos corporativos y facturas, mientras se espera un procedimiento técnico para acceder al servidor de Suizo Argentina, que podría demorar varios días.
En tanto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y una auditoría interna del Gobierno nacional continúan revisando más de 600 contratos firmados con la droguería este año, mientras la familia Kovalivker insiste públicamente en la legalidad de sus operaciones.
