La expresidenta presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Denunció vulneraciones al debido proceso y afirmó que su inhabilitación política responde a una persecución judicial.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner informó este miércoles que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena firme que recibió en la causa Vialidad.
La dirigente peronista sostiene que durante el proceso judicial fueron vulneradas garantías establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre ellas el derecho a ser juzgada por un tribunal independiente e imparcial.
La presentación no implica que el organismo internacional haya aceptado sus argumentos ni supone una revisión automática del fallo. El Comité deberá analizar primero si el planteo reúne las condiciones necesarias para ser registrado y declarado admisible.
El planteo de la expresidenta
Kirchner dio a conocer la decisión mediante un artículo titulado “Yo Cristina, en defensa de los derechos fundamentales y de la democracia”, publicado este miércoles en el diario español El País.
En el texto, aseguró que fue sometida a un proceso atravesado por “arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal” y por un contexto de hostilidad que atribuyó al “machismo estructural” dentro de sectores del sistema judicial argentino.
También afirmó que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye una forma de exclusión política que afecta no solamente sus derechos individuales, sino también la posibilidad de que los ciudadanos elijan libremente a sus representantes.
“Decidí presentar una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, confirmó la exmandataria, quien sostuvo que busca someter la actuación de los tribunales argentinos al análisis de los estándares internacionales.
La expresidenta insistió en que no reclama privilegios ni excepciones, sino el reconocimiento de su derecho a un juicio imparcial e independiente.
La estrategia internacional
Para esta nueva etapa de su defensa, Kirchner incorporó al abogado brasileño Rafael Valim y al jurista español Javier Borrego.
Valim es especialista en derecho constitucional, derechos humanos y procesos vinculados con el denominado lawfare. Además, tuvo participación en litigios ante organismos internacionales y estuvo vinculado con el equipo jurídico del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Borrego fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España.
Ambos trabajarán en la estrategia destinada a cuestionar internacionalmente el proceso que derivó en la condena de la exmandataria.
Qué puede hacer el Comité de la ONU
El Comité de Derechos Humanos es un órgano integrado por especialistas independientes que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La Argentina reconoció su competencia para recibir comunicaciones individuales al adherir, en 1986, al Protocolo Facultativo del tratado.
Para avanzar, el organismo debe evaluar cuestiones como el agotamiento de los recursos judiciales internos, la fundamentación del planteo y la existencia de otros procedimientos internacionales sobre el mismo caso.
En caso de admitir la comunicación, el Comité puede solicitar una respuesta al Estado argentino y analizar posteriormente si existió alguna vulneración de los derechos reconocidos por el Pacto.
La presentación no funciona como una nueva instancia de apelación dentro de la Justicia argentina, no suspende el cumplimiento de la pena y tampoco anula automáticamente la sentencia.
La condena en la causa Vialidad
Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos presentados contra el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal Nº 2 y confirmado posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal.
Desde el 17 de junio de 2025, la expresidenta cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, con monitoreo electrónico.
La defensa sostiene que el proceso estuvo condicionado por motivaciones políticas y que no se respetaron garantías fundamentales. Los tribunales argentinos, en cambio, consideraron probado un esquema de direccionamiento de obras públicas viales en Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.
Con la presentación ante Naciones Unidas, Kirchner abrió formalmente un nuevo capítulo de su estrategia para cuestionar la condena fuera del sistema judicial argentino.
