José Eugenio Díaz, ex jefe comunal de El Brete y ex legislador provincial, fue condenado a tres años de prisión condicional por abuso sexual y coacción contra seis mujeres. La pena no incluye inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje condenó a José Eugenio Díaz, ex intendente de El Brete y ex legislador de la provincia de Córdoba, a tres años de prisión condicional por cuatro hechos de abuso sexual y cuatro de coacción ocurridos entre 2002 y 2004, cuando ejercía funciones públicas. El fallo fue dictado en el marco de un juicio abreviado, en el que el acusado confesó los delitos cometidos contra seis mujeres que se desempeñaban en el municipio.
Abuso de poder y violencia institucional
Las víctimas denunciaron que Díaz les exigía mantener relaciones sexuales a cambio de mantener sus puestos de trabajo o acceder a planes sociales. Según consta en el expediente, las mujeres fueron sometidas a un entorno de presión, amenazas e intimidación constante. A una de ellas, por ejemplo, le manifestó: “Si no te acostás conmigo, no volvés a trabajar”, mientras que a otra la amenazó con quitarle el plan social “como le pasó a otras”.
Varios de los hechos ocurrieron en el despacho del propio intendente, quien utilizaba su condición de jefe comunal para ejercer poder sobre las denunciantes.
Condena leve y sin inhabilitación
El tribunal consideró probados los hechos, pero dictó una pena condicional, por lo que Díaz no irá a prisión. Además, no se lo inhabilitó para ejercer cargos públicos, decisión que generó rechazo por parte de las víctimas y sus allegados. Durante el juicio, el abogado defensor solicitó expresamente que se evitara esa sanción, y el tribunal así lo resolvió.
Como parte de la sentencia, el exfuncionario deberá cumplir reglas de conducta durante cuatro años, que incluyen mantenerse alejado de las víctimas, asistir a tratamiento psicológico y pagar una reparación económica de 3,5 millones de pesos a cada una de las mujeres que aceptaron el acuerdo judicial.
Reacción social y reclamos
Tras conocerse la condena, vecinas y familiares de las víctimas se manifestaron frente a los tribunales de Cruz del Eje exigiendo una sentencia más severa. También hubo expresiones de repudio desde organizaciones feministas y del ámbito político.
El abogado querellante, Pablo Olmos, calificó la resolución como “una pena simbólica que no está a la altura del daño causado ni del tiempo que tardó la justicia en actuar”.
Una causa que tardó dos décadas
Las primeras denuncias contra Díaz se realizaron en 2004, pero el proceso judicial se extendió durante 22 años hasta alcanzar esta sentencia. Durante ese tiempo, Díaz continuó ejerciendo influencia política en la región, incluso después de dejar el cargo. Actualmente, el intendente de El Brete es su hijo, Pablo Díaz, lo que refuerza las críticas a una estructura de poder heredada y sostenida en el tiempo.
La causa, además, motivó al tribunal a remitir los antecedentes a la Justicia para que se investigue la posible comisión de un delito por parte de un abogado que representó, en distintos momentos, tanto al acusado como a una de las querellantes.
El caso revela las fallas del sistema judicial frente a la violencia institucional contra las mujeres y plantea la necesidad de revisar los criterios con los que se otorgan penas condicionales en casos de abuso de poder y violencia de género.
