Una jueza frenó durante 60 días la aplicación de la ley que redujo a 14 años la edad de responsabilidad penal, al considerar que la Provincia no tiene actualmente las condiciones necesarias para absorber un eventual aumento de adolescentes detenidos. La medida rige solamente en territorio bonaerense y no alcanza a Córdoba.
Apenas dos días después de su entrada en vigencia, la Justicia bonaerense ordenó suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.
La decisión fue adoptada este lunes por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.
La medida afecta exclusivamente a la provincia de Buenos Aires.
En Córdoba, el nuevo régimen continúa vigente y la Provincia ya había adecuado su legislación procesal antes de que comenzara a regir la Ley nacional 27.801, que desde el sábado redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.
Por qué la jueza suspendió la ley
El fallo no declaró inconstitucional al nuevo Régimen Penal Juvenil ni resolvió de fondo sobre la reducción de la edad de imputabilidad.
La magistrada centró su decisión en otra cuestión: si el sistema bonaerense dispone actualmente de infraestructura, recursos materiales y profesionales suficientes para incorporar a una cantidad mayor de adolescentes sin poner en riesgo sus derechos.
Según Pascual, la nueva legislación puede producir un aumento considerable de jóvenes dentro del sistema penal por diferentes razones.
Una de ellas es la incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años, que hasta ahora quedaban fuera del régimen de responsabilidad penal.
También mencionó la eliminación de algunas restricciones previstas en la legislación anterior para delitos con penas menores y las modificaciones en las escalas aplicables.
La jueza consideró que ese escenario puede generar tanto más ingresos como períodos de permanencia mayores en los establecimientos especializados.
Frente a esa posibilidad, aplicó un criterio preventivo y sostuvo que no es necesario esperar a que exista una vulneración concreta de derechos para que intervenga la Justicia si existen elementos suficientes para prever que puede producirse.
Advertencias por las condiciones de alojamiento
Uno de los principales fundamentos estuvo relacionado con la situación actual de los centros donde son alojados los adolescentes privados de libertad.
Pascual recordó que en otra causa ya había establecido un límite de 60 jóvenes para el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora debido a las condiciones del establecimiento.
La magistrada reconoció avances en aspectos edilicios y en cuestiones como alimentación y provisión de agua, pero señaló que todavía existen déficits en educación, formación profesional, inserción laboral y tiempos de aislamiento.
En ese contexto, consideró riesgoso ampliar rápidamente la población alcanzada por el sistema penal juvenil.
La suspensión tendrá inicialmente una duración de 60 días.
Además, la jueza convocó para el 16 de septiembre a las 10 a una audiencia en la que deberán participar representantes del Ministerio de Seguridad, el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerenses.
Las autoridades deberán informar qué medidas adoptaron para implementar el nuevo régimen, cuáles tienen previstas y en qué plazos podrían concretarlas.
Nación reglamentó la ley el mismo día
La decisión judicial se conoció, paradójicamente, el mismo día en que el Gobierno nacional avanzó con la reglamentación del régimen.
Mediante el Decreto 875/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo reglamentó la Ley 27.801 y designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación para el ámbito nacional y federal.
También creó un Comité Interministerial y una Mesa Federal destinada a coordinar la aplicación del sistema con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El propio decreto reconoce que, aunque la ley tiene carácter nacional y resulta obligatoria en todo el territorio argentino, su implementación efectiva requiere la coordinación con cada jurisdicción provincial.
La norma nacional había comenzado a regir el sábado 5 de septiembre y reemplazó al régimen vigente desde 1980.
Además de reducir de 16 a 14 años la edad mínima, estableció un sistema diferenciado para adolescentes de hasta 17 años, incorporó distintas penas alternativas y fijó un máximo de 15 años de privación de la libertad para los delitos más graves.
Qué pasa en Córdoba
La suspensión dispuesta por la jueza de Lomas de Zamora no tiene alcance nacional y, por lo tanto, no modifica la aplicación del régimen en Córdoba.
La Legislatura provincial sancionó el pasado 2 de septiembre la Ley 11.136, que reformó la Ley 11.035 de Procedimiento Penal Juvenil para adecuarla al nuevo esquema nacional.
Entre otros cambios, Córdoba modificó expresamente su procedimiento para incorporar a los adolescentes desde los 14 años, manteniendo un sistema judicial especializado y el principio de utilización de la privación de la libertad como último recurso.
La adaptación provincial había sido realizada precisamente para que el marco cordobés estuviera actualizado cuando comenzara a regir la legislación nacional.
Hasta este lunes por la noche no existe una resolución judicial equivalente que haya suspendido el nuevo Régimen Penal Juvenil en Córdoba.
Por eso, mientras Buenos Aires ingresará ahora en un período de 60 días destinado a revisar las condiciones para implementar el sistema, en Córdoba la nueva legislación continúa vigente.
El Gobierno cuestionó el fallo
La medida generó una rápida reacción de dirigentes de La Libertad Avanza.
La senadora Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la reforma, cuestionó duramente la decisión y apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la Justicia provincial.
“En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, escribió.
El diputado nacional Luis Petri también rechazó la suspensión y sostuvo que el nuevo régimen “duró dos días” en territorio bonaerense.
La discusión tendrá ahora dos planos simultáneos: el político, por el fuerte enfrentamiento que abrió el fallo, y el judicial, donde deberá determinarse si durante los próximos 60 días la Provincia logra acreditar que cuenta con las condiciones necesarias para aplicar plenamente el nuevo sistema.
