El Presidente anticipó que enviará al Congreso un mecanismo para impedir que el Estado continúe gastando cuando se agoten las partidas presupuestarias. El paquete también busca prohibir el financiamiento monetario al Tesoro y establecer sanciones penales, aunque todavía no se conocieron los textos definitivos.
El presidente Javier Milei anunció este martes que el Gobierno trabaja en un proyecto para establecer un mecanismo de cierre del gasto público cuando se agoten los recursos autorizados en el Presupuesto, inspirado en el denominado shutdown de Estados Unidos.
“Cuando agotás el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, explicó el mandatario durante una entrevista con el canal de streaming Neura. Además, confirmó que la iniciativa será enviada al Congreso, aunque hasta este miércoles no se había difundido el texto ni se habían precisado las áreas que quedarían alcanzadas o los servicios que podrían ser exceptuados.
El anuncio forma parte de un paquete más amplio que incluye una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con la que el oficialismo pretende limitar la posibilidad de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y reforzar la independencia de la autoridad monetaria.
Milei anticipó que el proyecto prohibirá expresamente ese tipo de asistencia y contemplará sanciones penales para quienes incumplan las nuevas restricciones. Este martes, el Presidente se reunió en la Quinta de Olivos con el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, para avanzar en una versión unificada de las reformas.
Qué significa el “shutdown”
En Estados Unidos, el government shutdown se produce cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto o una autorización transitoria que permita seguir financiando al Gobierno. Ante la falta de partidas, diferentes organismos suspenden actividades consideradas no esenciales hasta que se alcanza un acuerdo presupuestario.
La situación argentina es diferente. La Ley de Administración Financiera establece que, si un nuevo Presupuesto no fue aprobado al comenzar el año, continúa vigente el del ejercicio anterior, con los ajustes que debe realizar el Poder Ejecutivo para garantizar, entre otras obligaciones, el pago de la deuda y la continuidad de los servicios públicos.
La misma legislación ya determina que los créditos presupuestarios representan el límite máximo autorizado para gastar y que no pueden asumirse compromisos cuando una partida se quedó sin saldo. Sin embargo, el anuncio de Milei apunta a incorporar una consecuencia automática más estricta ante el agotamiento de los fondos disponibles. El alcance concreto de ese mecanismo recién podrá establecerse cuando el Gobierno presente el articulado.
Tampoco está claro por ahora si el proyecto se aplicará únicamente cuando se consuman determinadas partidas, si modificará el régimen de prórroga presupuestaria o si alcanzará a toda la administración nacional. Servicios esenciales, salarios, jubilaciones, seguridad, salud y atención de emergencias son algunos de los puntos que deberán ser definidos en la iniciativa.
Los cambios que prepara para el Banco Central
La reforma de la Carta Orgánica busca revisar disposiciones vigentes desde 2012. Actualmente, el Banco Central tiene entre sus finalidades promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Milei cuestiona esa multiplicidad de objetivos y pretende que la institución vuelva a concentrarse principalmente en preservar el valor de la moneda.
Otro punto central será el financiamiento al Estado. La normativa vigente permite que el Banco Central otorgue adelantos transitorios al Gobierno nacional por un monto equivalente al 12% de la base monetaria y hasta el 10% de los recursos en efectivo obtenidos durante los doce meses anteriores. También contempla una asistencia excepcional adicional bajo determinadas condiciones y por un plazo limitado.
La intención oficial es eliminar o restringir esas herramientas y convertir en delito la emisión destinada a financiar el déficit fiscal. No obstante, aún resta conocer cómo quedarán redactadas las sanciones, quiénes podrían ser alcanzados y qué margen conservará el Banco Central ante situaciones extraordinarias.
El paquete también incluye cambios en el mercado de capitales, el sistema de seguros y el régimen denominado por el Gobierno como Inocencia Fiscal. Todas las modificaciones deberán atravesar el Congreso, donde el oficialismo necesitará construir acuerdos con bloques aliados y sectores dialoguistas.
Por ahora, tanto el “shutdown” como la nueva Carta Orgánica son proyectos en elaboración. El anuncio marca la dirección política que pretende tomar el Gobierno, pero sus efectos concretos dependerán de la letra final, las excepciones contempladas y el respaldo que consiga durante el debate legislativo.
