El juez Diego Amarante dictó el procesamiento del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino en una causa por presuntas irregularidades tributarias y previsionales. Además, les trabó un embargo de $350 millones a cada uno y mantuvo la prohibición de salida del país.
La Justicia en lo Penal Económico avanzó este lunes sobre la cúpula de la AFA al procesar a Tapia y Toviggino por la presunta retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025. La resolución sostiene que ambos tenían facultades de decisión y administración suficientes para incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad.
Según el fallo, la investigación se originó a partir de una denuncia de ARCA, que detectó la falta de depósito en término de sumas retenidas en concepto de IVA, Ganancias y aportes al sistema de seguridad social. El encuadre judicial incluye los delitos de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social, ambos agravados por la intervención de varias personas.
La medida fue dispuesta sin prisión preventiva, pero además del embargo sobre los bienes de ambos dirigentes el juez mantuvo restricciones de conducta y la prohibición de salida del país. El procesamiento también alcanzó a la propia AFA como persona jurídica y a otros directivos de la entidad, entre ellos Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo.
En la resolución, el magistrado entendió que no se trató de una imposibilidad económica de pago sino de una decisión deliberada de administrar esos fondos con otro destino. Entre los argumentos del juzgado aparece que la AFA mantenía liquidez, plazos fijos en pesos y dólares y movimientos financieros que, según la pesquisa, mostraban capacidad suficiente para afrontar las obligaciones reclamadas por el fisco.
Del lado de la defensa, el abogado Gregorio Dalbón anticipó que apelará el fallo. Sostuvo que la deuda ya estaba cancelada y cuestionó el procesamiento al afirmar que no existió perjuicio fiscal permanente, ya que los montos reclamados habrían sido abonados con intereses.
Con esta decisión, la causa judicial contra la conducción de la AFA entra en una nueva etapa y abre un frente delicado para la dirigencia del fútbol argentino. Mientras la defensa prepara la apelación, el expediente seguirá su curso en la Justicia Penal Económica con foco en la responsabilidad de las autoridades en el manejo de los fondos retenidos.
