La Cámara del Trabajo dejó sin efecto la cautelar que había frenado parte de la Ley de Modernización Laboral y restituyó la vigencia de los artículos cuestionados mientras sigue la pelea judicial. La CGT ratificó la movilización del 30 de abril y evalúa llevar el caso a la Corte.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei recuperó vigencia en esta etapa del proceso judicial, luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo modificara el efecto de la apelación presentada por el Estado y dejara sin efecto la cautelar que había suspendido parte de la norma. La decisión no resolvió todavía el fondo del planteo, pero sí reactivó los artículos alcanzados por la medida mientras continúa el trámite ante la propia Cámara.
El fallo revisó la resolución del juez Ojeda, que a fines de marzo había aceptado una cautelar promovida por la CGT y había frenado una parte sustancial de la Ley 27.802, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo. Ahora, al concederle efecto suspensivo a la apelación oficial, el tribunal dejó sin aplicación esa cautelar durante la discusión de la causa.
En los hechos, el cambio judicial devuelve vigencia a un paquete amplio de modificaciones sobre contratación, despidos, conflictos colectivos y organización del tiempo de trabajo. El Gobierno sostiene que la reforma apunta a promover la inversión y el empleo formal, mientras que las centrales sindicales advierten que implica un retroceso en derechos laborales y en la capacidad de negociación de los gremios.
Qué cambia con la ley
Entre los puntos más sensibles, la norma redefine la base de cálculo de la indemnización por despido al dejar afuera conceptos no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario, vacaciones y premios que no se paguen mes a mes. También habilita que, por convenio colectivo, el régimen indemnizatorio pueda ser reemplazado por un fondo o sistema de cese laboral a cargo del empleador.
La ley además crea los Fondos de Asistencia Laboral, destinados a ayudar al pago de indemnizaciones y otros conceptos vinculados a la extinción del vínculo de trabajo. Ese esquema prevé contribuciones mensuales obligatorias de los empleadores calculadas sobre la base usada para aportes patronales al SIPA, con alícuotas del 1% para grandes empresas y del 2,5% para mipymes, con posibilidad de suba bajo determinadas condiciones.
En materia de organización del trabajo, la reforma permite pactar fraccionamiento de vacaciones en tramos no inferiores a siete días y habilita sistemas de compensación y banco de horas, siempre dentro del máximo semanal legal y respetando los descansos mínimos. También endurece el esquema para conflictos colectivos, al exigir una cobertura mínima del 75% en servicios esenciales y del 50% en actividades consideradas de importancia trascendental.
Ese último punto es uno de los que más rechazo generó en el sindicalismo. La CGT ya había encabezado paros y protestas durante el tratamiento legislativo de la reforma y ahora volvió a colocar el tema en el centro de su agenda, al ratificar una movilización a Plaza de Mayo para el 30 de abril, en la víspera del Día del Trabajador. La central vincula esa protesta no sólo con la reforma laboral, sino también con la pérdida de poder adquisitivo y el rumbo económico del Gobierno.
El conflicto, de todos modos, está lejos de cerrarse. La discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley sigue abierta y desde la CGT ya anticiparon que analizan llevar el caso hasta la Corte Suprema. Por eso, aunque la reforma volvió a regir, su futuro definitivo todavía dependerá de nuevas decisiones judiciales.
