El jefe de Gabinete y Bettina Angeletti realizaron el trámite ante ARCA en medio de la investigación judicial por la evolución patrimonial del matrimonio. Desde el entorno del funcionario negaron que se trate de un blanqueo, pero dirigentes opositores cuestionaron el uso de una herramienta incluida en la Ley de Inocencia Fiscal.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, se adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799, conocida políticamente como Ley de Inocencia Fiscal. La decisión quedó en el centro de la polémica porque se produce en medio de la investigación judicial que analiza la evolución patrimonial del matrimonio.
Según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Angeletti solicitó su incorporación al régimen el 31 de mayo, mientras que Adorni hizo lo mismo en los últimos días. La constancia no detalla montos, activos ni el origen de los fondos declarados, información que permanece alcanzada por el secreto fiscal.
El caso tomó relevancia porque Adorni todavía no presentó públicamente su declaración jurada patrimonial, pese a que el Gobierno había anticipado que lo haría para despejar dudas. El plazo para la presentación vence el lunes 15 de junio, y desde la Casa Rosada sostienen que el trámite será concretado antes de esa fecha.
La adhesión al régimen no implica por sí sola la existencia de un delito ni prueba que haya fondos no declarados. Sin embargo, abre un debate político por el contexto en el que se produce: el funcionario está bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito y por posibles inconsistencias entre sus ingresos declarados, consumos, bienes y movimientos patrimoniales.
El entorno de Adorni salió a diferenciar el Régimen Simplificado de Ganancias de un blanqueo de capitales. “Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias”, sostuvo el funcionario a través de un mensaje difundido públicamente. También remarcó que la información figura en las constancias de inscripción de ARCA.
Qué significa el Régimen Simplificado de Ganancias
El Régimen Simplificado de Ganancias es una modalidad optativa incluida dentro del nuevo esquema tributario impulsado por el Gobierno nacional bajo el paraguas de la llamada Inocencia Fiscal. Permite presentar una declaración jurada más acotada que la tradicional, con menor carga de información patrimonial.
En términos prácticos, el contribuyente declara ingresos, gastos y deducciones, pero no debe exponer con el mismo nivel de detalle la evolución de su patrimonio ni justificar consumos o movimientos previos. Si la adhesión es aceptada y el contribuyente cumple con el pago correspondiente, el régimen puede generar un “tapón fiscal” hacia atrás, que limita la posibilidad de que ARCA revise períodos anteriores.
El Gobierno defendió la herramienta como un cambio de paradigma tributario para reducir la persecución fiscal y facilitar que las personas usen ahorros o regularicen su situación sin tener que explicar cada movimiento ante el organismo recaudador. Entre los requisitos generales figuran tener ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos, patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos y no ser considerado gran contribuyente nacional.
La controversia aparece porque la normativa no excluye a funcionarios públicos ni a sus familiares directos. Esa omisión fue uno de los puntos más cuestionados por la oposición, especialmente en casos de personas políticamente expuestas.
La diferencia con un blanqueo
Desde el oficialismo insisten en que Adorni y Angeletti solo ingresaron al régimen simplificado y que no utilizarán un mecanismo de exteriorización de activos. Es decir, según esa explicación, no buscarán ingresar al sistema dólares no declarados ni regularizar bienes ocultos mediante un blanqueo.
De todos modos, la oposición cuestiona que el régimen pueda funcionar como una vía para evitar explicaciones patrimoniales más amplias. También remarcan que, aun cuando el trámite tenga efectos fiscales, no impide que avance una investigación judicial por otros posibles delitos, como enriquecimiento ilícito, lavado de activos o negociaciones incompatibles con la función pública.
Esa distinción es central: la adhesión al régimen puede ordenar la situación tributaria de una persona ante ARCA, pero no bloquea el accionar de la Justicia si existen investigaciones penales en curso por hechos que exceden lo estrictamente impositivo.
Repercusiones en la oposición
La noticia provocó fuertes cuestionamientos de distintos sectores opositores. Legisladores y dirigentes reclamaron que Adorni presente cuanto antes su declaración jurada patrimonial y explique el origen de los fondos utilizados en sus operaciones personales y familiares.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, acusó al Gobierno de haber diseñado una “ley a medida” y afirmó que el caso confirma las advertencias que se habían formulado durante el debate de la norma. También sostuvo que Adorni se transformó en “un salvavidas de plomo” para el presidente Javier Milei.
Desde otros bloques opositores también apuntaron contra la posibilidad de que funcionarios y familiares directos puedan acceder al régimen. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para impedir que personas políticamente expuestas utilicen el esquema de Inocencia Fiscal, al advertir que no debería convertirse en una vía para regularizar fondos vinculados a delitos contra la administración pública.
El presidente de la UCR, Leonel Chiarella, reclamó que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada y cuestionó la contradicción entre el discurso oficial de transparencia y la situación patrimonial del funcionario. “La honestidad no se pregona, se demuestra”, planteó.
También hubo críticas desde el peronismo y otros espacios, que vincularon el caso con la promesa oficial de terminar con los privilegios de la “casta”. Para la oposición, la adhesión de Adorni y su esposa al régimen agrava las dudas en lugar de despejarlas.
El episodio vuelve a colocar al jefe de Gabinete en el centro de una discusión política y judicial sensible para el Gobierno. Mientras el oficialismo intenta presentar el trámite como una herramienta administrativa para simplificar Ganancias, la oposición insiste en que el punto central sigue sin respuesta: la explicación pública y documentada sobre la evolución patrimonial del funcionario y su entorno familiar.
