El Concejo de Representantes sancionó el jueves 7 de agosto, con el respaldo exclusivo del bloque oficialista, una ordenanza que extiende por 60 días más la suspensión para aprobar nuevos edificios de viviendas colectivas, oficinas y usos mixtos en toda la ciudad. La medida, impulsada por el intendente Esteban Avilés, exceptúa únicamente a los proyectos turísticos, institucionales, educativos y de salud.
La restricción se implementó inicialmente en agosto de 2023 por un año con una prórroga por el mismo período. Su continuidad se da en un contexto marcado por la falta de consensos para sancionar el nuevo Código de Edificación, frenado en el cuerpo legislativo.
El dictamen elaborado por el Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) con modificaciones a la Ordenanza 4021 estaba listo para ser tratado, pero el oficialismo lo devolvió a comisión. La propuesta había recibido objeciones de la Asociación Inmobiliaria local, el Colegio de Arquitectos de Córdoba, el Colegio de Ingenieros Civiles y el Colegio de Técnicos Constructores, que reclamaron que no se apruebe.
En la nota enviada al Concejo junto con el proyecto de prórroga —ingresado fuera de hora el mismo día de la sesión—, Avilés defendió la suspensión como una medida necesaria para revisar los factores de densidad edilicia. Señaló que el “crecimiento hacia un modelo de alta densidad” genera preocupación por la pérdida de calidad ambiental, especialmente en las áreas centrales.
El intendente recordó que el CPUA presentó dictámenes en 2024 y 2025, con respaldo técnico y datos del Censo 2022, pero que aún no se aprobaron nuevos indicadores. Por eso consideró “prudente” sostener la restricción.
De esta forma, la prohibición para autorizar edificios se prolongará hasta mediados de octubre, completando más de dos años de vigencia y manteniendo abierto un fuerte debate urbano entre el Ejecutivo y sectores profesionales y empresarios.
Nota correspondiente a la edición n° 614 del periódico La Jornada, del 27 de agosto de 2025.
