La moción presentada por Silvana Giudici se impuso por 121 votos contra 117, con cinco abstenciones de diputados cordobeses de Provincias Unidas. La decisión interrumpió el debate sobre las propuestas para refinanciar deudas, limitar intereses y proteger a los hogares con dificultades de pago. No se fijó una fecha para retomar la discusión.
El oficialismo consiguió durante la madrugada de este jueves 22 de octubre devolver a comisión los proyectos sobre endeudamiento familiar, después de una extensa discusión en la Cámara de Diputados que dejó expuestas las diferencias sobre cómo afrontar el crecimiento de la morosidad y las dificultades de los hogares para cumplir con sus obligaciones financieras.
La decisión se adoptó alrededor de las 3:28, cuando una moción presentada por la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici obtuvo 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones.
El resultado puso fin al tratamiento parlamentario de tres dictámenes que planteaban alternativas diferentes frente al endeudamiento de las familias. El oficialismo había promovido una iniciativa centrada en la transparencia crediticia y la educación financiera, mientras que la oposición impulsaba mecanismos de refinanciación, límites a las tasas de interés y protección para los deudores.
La votación se produjo al término de una sesión que se extendió durante más de 15 horas y en la que Diputados había aprobado previamente iniciativas sobre discapacidad y propiedad privada.
El presidente de la Cámara, Martín Menem, levantó la sesión inmediatamente después de que prosperara la moción.
Qué proponían los proyectos que quedaron frenados
El debate sobre endeudamiento familiar reunía numerosas iniciativas presentadas por legisladores de distintos bloques, que habían sido unificadas en un dictamen de mayoría y dos de minoría durante el trabajo de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.
La propuesta impulsada por La Libertad Avanza, denominada Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores, buscaba establecer nuevas obligaciones de información para bancos, financieras, emisoras de tarjetas de crédito y plataformas digitales.
Entre sus principales disposiciones figuraban la obligación de informar claramente el costo financiero total de los préstamos, las tasas aplicadas, las comisiones, los seguros y el importe final que debería devolver cada cliente.
También contemplaba medidas para prevenir fraudes digitales, facilitar el acceso a los antecedentes crediticios y permitir que los usuarios trasladaran sus deudas a otras entidades que ofrecieran mejores condiciones.
El proyecto incorporaba, además, contenidos de educación financiera y mecanismos para mejorar la comparación entre diferentes ofertas de crédito.
La diferencia central con las propuestas opositoras era que no establecía planes obligatorios de refinanciación, condonación de intereses ni topes generales a las tasas para aliviar las deudas existentes.
Refinanciación, condonación de intereses y protección de ingresos
El principal dictamen de minoría, respaldado por Unión por la Patria, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas, proponía declarar una emergencia por sobreendeudamiento durante 180 días.
La iniciativa establecía un régimen especial de regularización al que podrían acceder personas con deudas de consumo en mora de al menos 60 días o que destinaran más del 30% de sus ingresos familiares al pago de créditos.
El beneficio alcanzaría obligaciones cuyo capital total no superara el equivalente a dos canastas básicas totales del INDEC para un hogar tipo 2.
Entre las principales herramientas previstas figuraban:
- Condonación del 100% de los intereses punitorios acumulados sobre las deudas incorporadas al régimen.
- Planes de refinanciación de al menos 12 meses, con cuotas que no superaran el 30% de los ingresos de la persona deudora.
- Un período de gracia de 90 días para el pago de capital e intereses.
- Límites al costo financiero de la refinanciación, vinculados con la tasa TAMAR de referencia del Banco Central.
- Suspensión de ejecuciones, embargos, cobranzas extrajudiciales y determinados cargos mientras se tramitara la incorporación al programa.
También se buscaba proteger las prestaciones sociales de carácter alimentario frente a débitos automáticos destinados a cancelar préstamos.
El segundo dictamen de minoría, impulsado por legisladores de Argentina Federal, planteaba declarar una emergencia crediticia por un año, prorrogable por otro, y crear un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal.
Esa propuesta contemplaba planes de refinanciación para personas cuyos compromisos financieros representaran al menos el 30% de sus ingresos y que percibieran hasta diez salarios mínimos. Entre sus condiciones figuraban una tasa nominal anual fija máxima del 35% y plazos de devolución de al menos 24 meses.
Las abstenciones cordobesas fueron determinantes
El oficialismo consiguió reunir los votos necesarios para devolver el expediente a comisión con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y sectores de Argentina Federal y Producción y Trabajo.
En contra se pronunciaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y una parte de Provincias Unidas, entre otros espacios.
Sin embargo, las cinco abstenciones correspondieron a diputados cordobeses de Provincias Unidas vinculados con el gobernador Martín Llaryora.
Se trató de Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Carolina Basualdo y Alejandra Torres, quienes optaron por no acompañar ninguna de las dos posiciones enfrentadas.
La decisión tuvo un peso decisivo en una votación que terminó con apenas cuatro sufragios de diferencia.
El diputado cordobés Juan Fernando Brügge se apartó de la posición de sus compañeros de bancada y acompañó a los sectores que pretendían continuar el tratamiento.
Las abstenciones generaron cuestionamientos desde la oposición, especialmente porque algunos representantes provinciales habían manifestado reparos frente al dictamen promovido por La Libertad Avanza.
La discusión política y los argumentos enfrentados
Durante el debate, Giudici defendió la necesidad de mejorar el funcionamiento del sistema crediticio y sostuvo que una mayor regulación podía desalentar el otorgamiento de préstamos.
La legisladora argumentó que el aumento del crédito había estado acompañado por un crecimiento de la morosidad, pero destacó que también permitió incorporar a millones de personas al financiamiento formal.
En las reuniones previas de comisión, había señalado que numerosas deudas ya estaban siendo refinanciadas por las propias entidades y cuestionó las propuestas de intervención estatal.
Desde la oposición, el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, reclamó una respuesta más directa para los hogares endeudados y cuestionó la falta de acuerdo parlamentario.
“Estamos engañando a la gente”, sostuvo durante el debate, al advertir que ninguno de los sectores enfrentados conseguía reunir una mayoría suficiente para imponer su propuesta.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, planteó que correspondía votar los dictámenes para establecer las posiciones de cada espacio y avanzar posteriormente hacia una alternativa de consenso.
La tensión aumentó cuando Giudici presentó la moción para devolver todo el tratamiento a las comisiones.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó especialmente que la propuesta no incluyera un plazo para retomar la discusión.
“A los colegas que están dispuestos a que esto vuelva a comisión sin ningún tipo de fecha les pido dar una respuesta concreta con fecha”, reclamó, antes de calificar de “embusteros” a quienes promovieron la decisión.
Por su parte, la diputada Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, denunció durante el debate presuntas negociaciones de funcionarios del Gobierno con legisladores para evitar una derrota del dictamen oficialista.
Qué ocurre ahora con la iniciativa
Con la aprobación de la moción, los proyectos regresaron a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, donde podrán volver a discutirse y modificarse.
El regreso se resolvió sin establecer una fecha límite para emitir un nuevo dictamen, uno de los aspectos más cuestionados por los bloques opositores.
El tratamiento legislativo queda así condicionado a que las comisiones retomen el expediente y alcancen un nuevo acuerdo que permita llevarlo nuevamente al recinto.
La decisión también dejó pendiente una respuesta parlamentaria a una problemática que ganó protagonismo durante los últimos meses por el aumento de la morosidad en créditos personales y tarjetas de crédito.
En ese contexto, la discusión sobre el endeudamiento familiar seguirá enfrentando dos enfoques: el del oficialismo, que prioriza mejorar la información, la transparencia y el funcionamiento del mercado crediticio, y el de los sectores que reclaman mecanismos concretos de refinanciación y alivio para las familias con dificultades económicas.
La votación de esta madrugada postergó esa definición y dejó sin fecha el tratamiento de una legislación destinada a abordar el creciente peso de las deudas sobre los ingresos de los hogares argentinos.
