El legislador provincial por Punilla recurrió a la Justicia tras considerar insuficiente la respuesta a sus pedidos de información. Reclama conocer la nómina completa del personal, las modalidades de contratación, las funciones y las remuneraciones.
El legislador provincial por el departamento Punilla, Walter Gispert, presentó una acción de amparo por mora ante la Justicia para exigir que la Defensoría del Pueblo de Córdoba brinde información detallada sobre su personal, las condiciones de contratación y las remuneraciones que perciben quienes trabajan en el organismo.
La presentación judicial se produjo luego de que el legislador del Frente Cívico considerara incompletas las respuestas recibidas a sus anteriores pedidos de información pública.
Según explicó, la Defensoría remitió documentación institucional y referencias al Portal de Transparencia, pero no proporcionó los datos específicos que había solicitado sobre la estructura de personal y el destino de los recursos destinados a su funcionamiento.
El requerimiento comprende la nómina de empleados de planta permanente, transitorios y contratados, las funciones que desempeñan, sus áreas de dependencia, las fechas de ingreso y las modalidades de vinculación laboral.
También solicita conocer los salarios, honorarios o contraprestaciones que percibe cada trabajador, además de la cantidad total de personas que integran el organismo, discriminadas según su modalidad de contratación.
A través del amparo, Gispert busca que la Justicia ordene a la Defensoría responder de manera precisa y completa cada uno de los puntos requeridos. Asimismo, plantea que cualquier restricción al acceso a esos datos deberá estar debidamente fundamentada en una disposición legal.
Cuestionamientos a los mecanismos de control
La presentación se inscribe en una serie de reclamos que Gispert y el Frente Cívico vienen impulsando sobre la transparencia y el manejo de los recursos públicos en distintos organismos provinciales.
En ese marco, el legislador vinculó su planteo con los pedidos de información realizados anteriormente sobre el personal de la Legislatura de Córdoba y con las modificaciones introducidas a la ley del Tribunal de Cuentas, que, según su interpretación, debilitaron los mecanismos de fiscalización del gasto público.
“El acceso a la información pública no puede depender de la voluntad de los funcionarios de turno. Saber quiénes trabajan en los organismos del Estado, qué funciones cumplen y cuánto cobran es una obligación de transparencia”, sostuvo Gispert.
Para el legislador, disponer de esa información constituye una condición necesaria para garantizar el control ciudadano sobre la utilización de los fondos públicos.
La acción judicial se encuentra pendiente de resolución. Gispert pretende que se ordene la entrega de la información solicitada, mientras que la Justicia todavía no se pronunció sobre el planteo.
