El municipio de Villa Carlos Paz intimó a cinco comunas del sur de Punilla por supuestas deudas en agua potable y tratamiento de residuos, en un contexto atravesado por la crisis hídrica de enero, cuestionamientos al Centro Ambiental y reclamos para que la Provincia y el Ersep fijen un marco regulatorio regional.
El conflicto por la gestión de los servicios regionales en el sur de Punilla volvió a quedar en primer plano. En los últimos días, el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, envió notificaciones formales a las autoridades de San Antonio de Arredondo, Villa Río Icho Cruz, Tala Huasi, Mayú Sumaj y Cuesta Blanca, reclamando la regularización de pagos vinculados a la provisión de agua potable en bloque y al uso del Centro Ambiental.
En las comunas, las cartas fueron interpretadas como un endurecimiento de la postura del Ejecutivo carlospacense, en un escenario que ya venía cargado de tensión desde la crisis hídrica de comienzos de enero, cuando un corte generalizado de agua afectó a toda la región en plena temporada turística.
De la creciente en el San Antonio al reclamo por facturas
El punto de quiebre se produjo en la primera semana de enero de 2026, cuando una fuerte creciente del río San Antonio, de alrededor de cinco metros, tapó los conductos de captación de la planta potabilizadora de Cuesta Blanca, operada por Villa Carlos Paz.
La avería dejó sin servicio de agua tanto a la ciudad cabecera como a las comunas del sur en uno de los fines de semana de mayor afluencia de visitantes, con impacto directo en la actividad turística y en la convivencia institucional entre las jurisdicciones.
La situación se da sobre una estructura que cambió de forma profunda en 2021, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respaldó la potestad del municipio de Villa Carlos Paz sobre el servicio de agua potable. A partir de ese fallo, la ciudad tomó el control de la planta que durante 57 años había administrado la Cooperativa Integral y pasó a vender agua en bloque a las localidades vecinas de la cuenca del San Antonio.
Desde entonces, un solo operador concentra la provisión de un recurso esencial para todo el corredor, lo que abrió una discusión de fondo sobre tarifas, responsabilidades y controles.
El argumento de Villa Carlos Paz: deuda acumulada y costos del sistema
En el entorno de Avilés sostienen que las intimaciones recientes forman parte de una gestión administrativa necesaria para ordenar cuentas atrasadas.
Según fuentes del municipio, existen comunas y comunas que llevan meses e incluso años sin cancelar la totalidad de los montos facturados por la venta de agua y por el tratamiento de residuos. Al mismo tiempo, remarcan que esos distritos cobran regularmente ambos servicios a sus propios contribuyentes.
El planteo oficial es que Villa Carlos Paz asume los costos completos de potabilización, operación y mantenimiento de la infraestructura, mientras que una parte de los fondos recaudados en el sur no estaría ingresando en la proporción necesaria a las arcas del municipio cabecera, generando un desbalance en la ecuación económica del sistema regional.
La mirada del sur: vacío regulatorio y falta de mediciones confiables
Del lado del Ente Regional Punilla Sur, el foco está puesto en otro punto: la ausencia de un marco regulatorio claro para servicios que atraviesan múltiples jurisdicciones. Dirigentes de las comunas señalan que la Provincia financió gran parte de las obras estructurales, pero dejó en manos de Villa Carlos Paz la operación cotidiana del agua, las cloacas y los residuos, sin fijar criterios homogéneos de prestación y control.
En ese esquema, el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) aparece en el centro de las demandas. Las administraciones del sur reclaman que el organismo defina reglas explícitas para el funcionamiento de sistemas regionales como el de Punilla, con estándares verificables de medición, facturación y calidad del servicio.
Uno de los puntos sensibles es la tarifa del agua. Las comunas cuestionan que no se haya transparentado la estructura de costos ni el detalle del volumen efectivamente suministrado a cada localidad. En ese contexto, se instaló la sospecha de que el esquema vigente podría derivar en un subsidio cruzado, donde los usuarios de las localidades vecinas terminen financiando, en parte, el valor que pagan los vecinos de Villa Carlos Paz.
Algo similar ocurre con el Centro Ambiental: referentes del sur sostienen que no existen mediciones objetivas, públicas y periódicas de la cantidad de residuos que ingresa desde cada jurisdicción, lo que complica la verificación de los montos que se reclaman por ese concepto.
Provincia como árbitro y un pedido de mesa de diálogo
Frente a este escenario, las comunas analizan responder de manera conjunta a las intimaciones y avanzar con un pedido formal para la conformación de una mesa de diálogo con participación directa del Gobierno de Córdoba.
La idea es que la Provincia actúe como árbitro técnico e institucional, definendo parámetros comunes para la prestación, el control y la facturación de servicios que, por su propia naturaleza, exceden los límites de cada ejido municipal.
En esa línea, en los últimos días se realizaron reuniones entre autoridades comunales y el Ersep, donde se planteó la necesidad de fijar reglas claras para un sistema que abastece a múltiples localidades pero que, en la práctica, funciona con decisiones concentradas en Villa Carlos Paz.
El debate incluye además la discusión sobre los cupos de agua por localidad y la diferencia de posición relativa frente a las fuentes de abastecimiento: las comunas del sur dependen casi exclusivamente de la cuenca del San Antonio, mientras que Villa Carlos Paz se nutre del mismo río y también de los ríos Los Chorrillos y Cosquín, además del lago San Roque, que abastece a la ciudad de Córdoba.
El Centro Ambiental bajo la lupa y un audio que suma ruido
En paralelo al intercambio por las deudas, el Centro Ambiental de Villa Carlos Paz volvió a quedar bajo escrutinio público a partir de un audio difundido en redes sociales por un ex candidato a Defensor del Pueblo.
En ese mensaje, atribuido al responsable del predio y dirigido supuestamente al personal que trabaja los fines de semana, se escucha una instrucción para no firmar actas ni permitir el ingreso de escribanos u organismos de control sin la presencia de autoridades jerárquicas.
La circulación del audio generó fuerte repercusión en el sur del valle y reavivó las críticas sobre los mecanismos de control y el acceso a la información sobre la operatoria del predio ambiental. Mientras algunos actores dan por válida la grabación, otros la consideran “falsa” o manipulada, pero su impacto político fue suficiente para sumar desconfianza a un escenario ya cargado de cuestionamientos.
Un conflicto que expone el modelo de gestión regional
La situación actual no aparece de manera aislada. Tras la crisis hídrica de enero, el Ente Regional Punilla Sur hizo público un documento en el que reclamó revisar el esquema de gestión del servicio de agua potable y pidió la intervención del Gobierno provincial para ordenar las reglas del juego.
La respuesta del Ejecutivo carlospacense fue dura: acusó a las comunas de falta de inversiones locales en infraestructura y exigió el cumplimiento estricto de los convenios vigentes, reforzando la idea de que la regionalización se sostiene en las obras y equipamientos impulsados por la ciudad cabecera.
Desde entonces, el vínculo quedó atravesado por una disputa que ya no se limita a cuestiones técnicas, sino que pone en discusión quién define, controla y administra servicios esenciales que abastecen a todo el sur de Punilla.
Con las intimaciones por pagos sobre la mesa y una respuesta política conjunta en preparación, todo indica que el conflicto sumará nuevos episodios. En el centro del reclamo compartido, tanto desde el sur como desde distintos actores de la región, aparece una misma demanda: reglas estables, datos comprobables y un esquema de gobernanza regional que reparta de manera más equilibrada decisiones y responsabilidades.
