El ministro de Seguridad presentó una denuncia penal contra la mayoría opositora del Tribunal de Cuentas por frenar la licitación de quince drones por unos 7 millones de dólares, mientras el titular del organismo, Beltrán Corvalán, defiende el bloqueo al considerar que se trató de una contratación direccionada hacia un solo oferente.
La disputa política en torno a la compra de quince drones de alta tecnología para reforzar la seguridad en Córdoba subió de tono este viernes, luego de que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, radicara una denuncia penal contra la mayoría opositora del Tribunal de Cuentas de la provincia.
Desde la cartera de Seguridad informaron que la presentación busca determinar si la resolución que frenó la licitación —que implicaba una inversión cercana a 7 millones de dólares— se ajustó o no a los límites legales del control preventivo de juridicidad que ejerce el organismo.
Quinteros acusó a los tribunos que responden al Frente Cívico de haberse excedido en sus atribuciones y de haber afectado el principio de división de poderes. En ese marco, sostuvo que “consideramos que estamos ante un claro abuso de autoridad con dos objetivos concretos: obstruir de manera indefinida la adquisición de tecnología de punta, con el impacto negativo que ello tiene para la seguridad pública y ciudadana, y brindar a un jefe político un marco discursivo para instalar una campaña falaz y estigmatizante, utilizando instituciones públicas con fines personales y totalmente ajenos a los que establece la ley”.
El Tribunal de Cuentas defiende el freno a la licitación
Del otro lado del conflicto, el presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, justificó la decisión de bloquear el proceso de compra. Advirtió que se trata de una licitación “dirigida”, con un único oferente y por un monto que supera los 7 millones de dólares, cifra que —según remarcó— equivale a más de 10 mil millones de pesos.
Tras conocerse la denuncia penal, Corvalán volvió a defender públicamente la actuación del organismo. “Estamos cumpliendo con una función constitucional, entiendo y sé que les molesta que los estemos controlando, se ponen nerviosos. Pero lo vamos a seguir haciendo, hagan lo que hagan”, afirmó en declaraciones a Canal 10.
El titular del Tribunal insistió en que la licitación estuvo direccionada hacia un solo proveedor. Según explicó, “cada uno de los ítems que los contrata la Provincia, los oferta esta persona exactamente lo mismo, es decir, no hay ningún control de precio”.
Un conflicto que se traslada a la Justicia
La denuncia de Quinteros apunta a la mayoría opositora que controla el Tribunal de Cuentas por una presunta extralimitación de sus funciones al frenar la licitación de los drones. Desde el Ministerio de Seguridad entienden que se obstaculiza la incorporación de equipamiento clave para la prevención del delito, mientras que desde el Tribunal se reivindica el rol de control sobre el uso de los recursos públicos.
Lejos de encaminarse hacia una salida institucional consensuada, la controversia política ahora se traslada a los tribunales de Córdoba, donde se abrirá una nueva instancia de confrontación en torno al alcance del control del gasto, la transparencia de la licitación y la oportunidad de la millonaria compra de tecnología para seguridad.
