La presidenta del bloque Juntos por Carlos Paz impugnó la resolución de Víctor Curvino, quien negó su reclamo por presentarlo “en calidad de concejal”. Denunció “opacidad institucional” y citó un precedente judicial a favor del derecho de acceso a la información de los ediles.
La concejala Pía Felpeto (presidenta del bloque Juntos por Carlos Paz) ha recurrido la decisión del Defensor del Pueblo, Víctor Curvino, de rechazar formalmente su reclamo de acceso a la información pública sobre la atención incorrecta a los abuelos asaltados en el hospital municipal por “tener mutual”, argumentando que Felpeto “no puede formalizar el reclamo en calidad de concejal”.
La edila calificó la decisión de la Defensoría como una “nueva muestra de opacidad institucional” que busca “callar a la gente” al impedir la labor de control de sus representantes.
El rechazo se basa en un argumento “insólito”: el Defensor Curvino negó el curso formal al planteo de Felpeto alegando que, como concejal, posee otras “herramientas institucionales” para requerir informes.
Felpeto, sin embargo, sostiene que esta interpretación revela una “peligrosa confusión” sobre el rol de la Defensoría, que debería ser garante de los derechos ciudadanos y no “guardián del silencio oficial”. “Parece que cuando un concejal cumple con su deber de representar a los vecinos y exigir transparencia, el sistema reacciona cerrando puertas”, señaló Felpeto.
🔹 Recurso y Precedentes Judiciales
Felpeto ha impugnado la resolución de Curvino y recordó que este accionar del Defensor del Pueblo va en contra de un precedente clave: el fallo favorable que obtuvo el concejal Sergio Piquillén por la Cámara Contencioso Administrativa de la Provincia de Córdoba tras presentar un recurso de amparo ante la negativa del municipio de Córdoba a brindar información.
El vocal de Cámara Francisco Matías Gordillo Saravia expresa en el fallo que “…Es por ello que, por su mera condición de persona, resulta ser titular del derecho bajo análisis y de la acción tendiente a lograr su efectividad. Simultáneamente, no existe norma alguna de excepción que limite o excluya tal derecho por ostentar el carácter de Concejal”.
La edila concluyó que la maniobra del Defensor, que busca “conculcar mis derechos, violenta el sistema republicano de gobierno y destroza de un plumazo la propia Carta Orgánica Municipal con una gravedad institucional propia de quienes se creen que no deben rendir cuentas a la sociedad”.
El bloque Juntos por Carlos Paz insistirá en el respeto al principio básico de toda democracia: “el derecho a exigir rendición de cuentas y la transparencia de todo acto de gobierno”, concluyó Felpeto.
