Un juez federal hizo lugar a una cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades y ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de forma inmediata la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, dejando sin efecto, de manera provisoria, el decreto que había frenado su implementación.
La Justicia federal en lo contencioso administrativo dispuso que el Gobierno nacional debe aplicar de inmediato la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada por ambas cámaras mediante insistencia legislativa.
La resolución, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, hace lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas organizaciones del sistema universitario. En lo sustancial, el magistrado ordena que se deje sin efecto, en forma provisoria, el decreto presidencial que había suspendido la aplicación de la ley y supeditado su vigencia a la definición de nuevas fuentes de financiamiento.
En su fallo, Cormick señala que, una vez que el Congreso aprobó la ley, el Presidente la vetó y ambas cámaras insistieron con la sanción —tal como prevé el artículo 83 de la Constitución Nacional—, la norma quedó plenamente incorporada al ordenamiento jurídico. Por ese motivo, considera que no resulta válido suspender su aplicación por medio de un decreto de menor jerarquía.
El juez advierte que mantener frenada la ley provoca “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, en particular sobre el poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes y sobre las becas estudiantiles, en un contexto de alta inflación. También marca que el eventual ahorro fiscal invocado por el Gobierno, de un porcentaje muy acotado del PBI, no puede justificar el incumplimiento de una norma vigente que protege derechos laborales y educativos.
En concreto, la cautelar ordena cumplir de manera inmediata con los artículos centrales de la Ley 27.795, que prevén:
- la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios en las universidades nacionales,
- y la recomposición automática de las becas de estudiantes universitarios, tomando como referencia la evolución de la inflación.
La decisión tiene carácter provisorio y regirá hasta que se dicte sentencia definitiva en el expediente, pero su cumplimiento debe ser inmediato por parte del Estado nacional.
Desde el sistema universitario, rectores y gremios docentes celebraron el fallo como un respaldo al reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento y remarcaron que la actualización de salarios y becas es clave para garantizar el funcionamiento académico y la permanencia de estudiantes en las casas de estudio.
El pronunciamiento se da, además, en paralelo al debate por el Presupuesto 2026, donde el oficialismo busca cerrar su esquema de gasto y las universidades reclaman que se respete el piso de financiamiento fijado por la ley. La forma en que el Poder Ejecutivo acate —o intente revisar— esta decisión judicial será un punto central de la discusión política y presupuestaria de los próximos meses.
