La Sala Acusadora del Concejo de Representantes resolvió el pasado viernes 8 de agosto, por cuatro votos contra dos, desestimar las denuncias presentadas contra el defensor del Pueblo, Víctor Curvino, y poner fin a los pedidos de juicio político en su contra.
Votaron por rechazar el inicio de la investigación los concejales oficialistas Leonardo Villalobo, Sebastián Guruceta, Raquel Merlino y Marcela Bosch, todos alineados con el intendente Esteban Avilés. En cambio, los opositores Pía Felpeto y Fernando Revello se pronunciaron a favor de admitir las denuncias e iniciar la investigación.
Dos reuniones
La definición se produjo después de dos reuniones. En la primera, celebrada el martes 5 de agosto, los ediles oficialistas evitaron pronunciarse y distribuyeron recién minutos antes del encuentro el descargo escrito que Curvino había presentado el día anterior.
En ese texto, el defensor del Pueblo sostuvo que el video que motivó las denuncias era fruto de “una broma privada”, realizada antes de asumir el cargo (en septiembre de 2021) y sin consumo de alcohol. Denunció además una maniobra política y solicitó que se declarara inadmisible el pedido de juicio político.
El viernes 8 de agosto, en la segunda reunión, el bloque oficialista utilizó ese descargo como argumento adicional para rechazar las denuncias y cerrar la discusión en la Sala Acusadora.
El origen de las denuncias
El material audiovisual cuestionado se había viralizado durante la campaña previa a las últimas elecciones de defensor del Pueblo, en las que Curvino fue reelecto. En las imágenes se lo observa conduciendo por la Costanera con una copa en la mano y realizando comentarios inapropiados junto a su pareja.
A raíz de ese video, los ex candidatos a defensor del Pueblo, Marcelo Iriarte y Santiago Juliá, presentaron sendas denuncias solicitando el inicio de un juicio político, al considerar, entre otros aspectos, que la conducta era incompatible con el cargo.
El marco normativo
El argumento central del oficialismo para desestimar el pedido fue que el hecho denunciado no estaba comprendido dentro de las causales de juicio político establecidas en el artículo 184 de la Carta Orgánica Municipal. Ese artículo enumera de manera taxativa las faltas y conductas que pueden dar lugar a un proceso de remoción de funcionarios, como mal desempeño de sus funciones, delitos en el ejercicio del cargo o situaciones de incompatibilidad.
Según la posición mayoritaria, lo ocurrido no se encuadra en esos supuestos porque, de acuerdo con el propio descargo de Curvino, el video fue grabado antes de asumir como defensor del Pueblo. En consecuencia, no se trataría de un hecho cometido en el ejercicio de la función.
Por su parte, la ordenanza 5031, que regula el procedimiento de juicio político, establece una secuencia de etapas: admisión inicial de las denuncias, apertura de la investigación, derecho a descargo y producción de pruebas, y resolución final. El oficialismo entendió que no correspondía superar la primera instancia de admisión porque el hecho no reunía las condiciones previstas en la Carta Orgánica, aunque para eso debió apelar al descargo del acusado que recién sería admisible en la etapa de investigación.
Postura de la oposición
Los concejales opositores en la Sala Acusadora, Fernando Revello y Pía Felpeto, repudiaron la decisión. Ambos pidieron que sus disidencias quedaran asentadas en actas y acompañaron escritos con sus fundamentos.
Revello afirmó que “más allá de las opiniones personales, es necesario brindar claridad a la ciudadanía y asegurar un proceso de análisis riguroso de la evidencia antes de descartar la posibilidad de iniciar un proceso de responsabilidad política”. Sostuvo que dar lugar a la investigación “con el respectivo derecho legítimo de defensa del señor Curvino y estableciendo fehacientemente la fecha del video, dejaría a todos los ciudadanos con la tranquilidad de que los hechos fueron de tal manera y no dar lugar a especulaciones”.
“El gobierno defiende al defensor y deja indefenso al pueblo. La función de esta institución es ser un contrapeso, una voz independiente frente a los abusos y omisiones del Estado, no un apéndice complaciente del poder de turno”, agregó.
Por su parte, Felpeto consideró que “la negativa a tratar las denuncias presentadas es un acto de encubrimiento político y una muestra alarmante de cómo el oficialismo se atrinchera para sostener privilegios a costa de la credibilidad institucional”.
“La metadata del video no puede mentir”, explicó sobre su propuesta de admitir la denuncia y avanzar hacia un peritaje informático. Afirmó además que su deber como concejal “es ejercer un control real, no simbólico” y ratificó su compromiso de impulsar “todas las acciones necesarias para que este hecho no quede impune ni silenciado bajo la alfombra del poder”.
Los denunciantes
Tras conocerse el resultado, Marcelo Iriarte sostuvo que la decisión significa “frenar la rendición de cuentas” y envía un mensaje equivocado a la sociedad. “La conducta exhibida por Curvino en el video es inaceptable y contradictoria con el cargo que ocupa. Como defensor del Pueblo, se espera que actúe con integridad y ejemplaridad, y su comportamiento en este caso es un claro incumplimiento de esas expectativas”, afirmó.
Iriarte lamentó que no se considerara la gravedad de la situación y aseguró que seguirá reclamando “justicia y transparencia” en la ciudad.
En tanto, Santiago Juliá calificó lo ocurrido como “otro papelón institucional en Carlos Paz”. Cuestionó que el caso se diera por cerrado con una foto con fecha agregada presentada como prueba.
“Mañana cualquiera podrá mostrar una foto vieja de un semáforo en verde y decir que no pasó en rojo”, ironizó. También criticó la lógica del oficialismo: “¿Y cómo saben eso si no lo investigaron? ¿Se los dijo la copa? ¿Lo reveló el duende de la ética? ¿Tienen una bola de cristal?”.
Para Juliá, lo ocurrido “no fue defensa institucional, sino defensa de un feudo” que actúa con impunidad. “Carlos Paz no tiene una Defensoría del Pueblo: tiene un club de privilegios sostenido por lacayos. Y cada vez que gana la impunidad, pierde un poco más la libertad de todos”, sentenció.
Una institución debilitada y un defensor desprestigiado
La negativa del oficialismo a habilitar la investigación marcó un cierre abrupto al proceso y dejó en evidencia las profundas diferencias políticas en el Concejo. Para la oposición y los denunciantes, la decisión asestó un golpe más a la credibilidad de la Defensoría del Pueblo y profundizó el descrédito de una institución que ya venía fuertemente cuestionada.
Nota correspondiente a la edición n° 614 del periódico La Jornada, del 27 de agosto de 2025.
